Quién es Alex Saab, el empresario colombiano ligado a Maduro que se declaró culpable de lavado de dinero en EE.UU.
El empresario colombiano, de 54 años, admitió ante una corte federal de Miami haber participado en una conspiración para lavar dinero proveniente de un esquema de sobornos y contratos públicos en Venezuela. Aceptó entregar US$195 millones y colaborar con las autoridades estadounidenses.
Alex Nain Saab Morán pasó de ser un empresario colombiano poco conocido fuera de Venezuela a convertirse en una de las figuras más importantes de la trama económica que rodeó al gobierno de Nicolás Maduro.
El martes 15 de septiembre de 2026, Saab se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para lavar dinero en una causa relacionada con contratos del programa venezolano de alimentos y medicamentos CLAP. Como parte del acuerdo judicial, aceptó el decomiso de US$195 millones y se comprometió a cooperar con las investigaciones federales.
La acusación estadounidense sostiene que Saab y sus socios utilizaron empresas ficticias, facturas falsas, documentación adulterada y cuentas bancarias en distintos países para ocultar el origen del dinero obtenido mediante contratos públicos.
De empresario colombiano a hombre de confianza de Maduro
Saab, nacido en Colombia y de origen barranquillero, construyó su relación con el Estado venezolano a partir de distintos negocios y contratos.
Con el paso de los años adquirió un papel cada vez más importante dentro de la estructura económica vinculada al gobierno de Maduro. Las autoridades estadounidenses llegaron a describirlo como un operador financiero y presunto testaferro del entonces presidente venezolano, aunque esa caracterización fue rechazada por Saab y por el gobierno venezolano durante años.
Su influencia aumentó especialmente después de que Estados Unidos comenzara a imponer sanciones contra Venezuela. Según los investigadores estadounidenses, Saab utilizó una extensa red de empresas y estructuras financieras internacionales para facilitar operaciones comerciales del gobierno venezolano.
El programa CLAP, en el centro de la causa
La nueva causa judicial gira principalmente alrededor del programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), creado por el gobierno venezolano para distribuir alimentos básicos entre sectores de la población.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, Saab reconoció haber organizado junto con otras personas un sistema de sobornos para conseguir contratos del gobierno destinados a importar alimentos y medicamentos.
Los investigadores sostienen que las empresas vinculadas a Saab recibieron al menos seis contratos y que posteriormente se desviaron alrededor de US$195 millones mediante sobreprecios y otras operaciones fraudulentas.
Entre los productos involucrados aparecían alimentos básicos como arroz, harina de maíz y aceite, destinados al programa de asistencia social.
La acusación sostiene además que los contratos contaban con la aprobación y protección de funcionarios de alto nivel del gobierno venezolano.
Los sobornos y las empresas fantasma
Uno de los elementos centrales de la investigación es la utilización de una estructura internacional para ocultar los fondos.
De acuerdo con el expediente judicial, Saab y sus asociados utilizaron empresas pantalla, cuentas bancarias y documentación falsa en diferentes países.
La red habría incluido sociedades y cuentas en jurisdicciones como Antigua, Bulgaria, Liechtenstein, Montenegro, Suiza, Turquía, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos.
El objetivo, según los fiscales, era ocultar tanto el origen del dinero como la relación entre las empresas beneficiadas y los funcionarios venezolanos.
La investigación también señala que, con el endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra Venezuela, las operaciones llegaron a involucrar pagos mediante petróleo, oro y otros recursos naturales.
Un soborno de US$17 millones
Dentro de la investigación aparece además el exgobernador venezolano José Gregorio Vielma Mora.
Según los documentos presentados ante la Justicia estadounidense, Saab admitió que se pagaron aproximadamente US$17 millones en sobornos relacionados con un contrato para entregar millones de cajas de alimentos en el estado de Táchira.
El contrato, según la acusación, fue otorgado a una empresa controlada por Saab.
Su detención en Cabo Verde
La historia judicial de Saab comenzó varios años antes de su actual declaración de culpabilidad.
En 2020 fue detenido en Cabo Verde, durante una escala de su avión, a pedido de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses buscaban llevarlo ante la Justicia por una investigación vinculada con lavado de dinero.
El gobierno venezolano rechazó entonces las acusaciones y sostuvo que Saab era un enviado diplomático que cumplía misiones humanitarias y de negociación internacional.
Finalmente, Saab fue extraditado a Estados Unidos en 2021.
Biden lo liberó en 2023
Saab pasó más de dos años bajo custodia estadounidense hasta que en diciembre de 2023 el presidente Joe Biden le concedió clemencia como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.
El empresario regresó entonces a Caracas y fue recibido como una figura cercana al gobierno de Maduro.
Posteriormente, ocupó un cargo ministerial en Venezuela y continuó vinculado con las negociaciones económicas del gobierno.
Sin embargo, aquella liberación no puso fin a las investigaciones estadounidenses. El Departamento de Justicia abrió una nueva causa por delitos que, según las autoridades, no estaban incluidos en la medida de clemencia de 2023.
Regresó a Estados Unidos en 2026
En mayo de 2026, Saab volvió a quedar bajo custodia estadounidense y fue trasladado a Miami.
El nuevo expediente fue presentado en enero de 2026 y lo acusó nuevamente de delitos relacionados con lavado de dinero y corrupción. Saab inicialmente se declaró no culpable.
La situación cambió el 15 de septiembre, cuando ante la jueza federal Kathleen M. Williams modificó su declaración y reconoció su culpabilidad.
Ahora podría convertirse en un testigo clave
Uno de los aspectos que genera mayor interés alrededor del acuerdo es la cooperación de Saab con los investigadores estadounidenses.
Como parte del acuerdo, aceptó colaborar con las autoridades en investigaciones federales. Esto abre la posibilidad de que aporte información sobre otras personas y operaciones vinculadas con la estructura financiera que investigan los fiscales.
La relevancia de esa cooperación se explica también por su estrecha relación durante años con la estructura de poder venezolana.
No obstante, que Saab coopere con los fiscales no significa automáticamente que sus eventuales declaraciones sean consideradas verdaderas por un tribunal: cualquier información que proporcione deberá ser evaluada y corroborada dentro de las investigaciones y procesos correspondientes.
Qué pena podría recibir
El delito por el cual Saab se declaró culpable contempla una pena máxima de 20 años de prisión.
Sin embargo, el acuerdo contempla que los fiscales puedan recomendar una pena dentro del rango inferior de las pautas aplicables y solicitar reducciones adicionales si consideran sustancial su cooperación.
La sentencia definitiva todavía no fue fijada.
Además de la eventual pena de prisión, Saab aceptó entregar US$195 millones considerados producto de la actividad criminal reconocida en el acuerdo.
Una figura central de la trama económica venezolana
La declaración de culpabilidad marca un nuevo capítulo en la extensa historia judicial de Alex Saab.
Durante años, el empresario pasó de manejar contratos comerciales con el Estado venezolano a convertirse en una figura cercana al círculo de Maduro, enfrentó una detención internacional, fue extraditado a Estados Unidos, liberado mediante un intercambio de prisioneros y posteriormente regresó a la Justicia estadounidense.
Ahora, su admisión de culpabilidad y su compromiso de cooperar con los fiscales estadounidenses podrían aportar nuevos elementos sobre cómo funcionaron las estructuras de contratos, sobornos y movimientos financieros que rodearon al programa CLAP y otras operaciones vinculadas al gobierno venezolano.
