Privatización de AySA: dos grupos empresarios compiten por el 90% de las acciones
El Gobierno nacional ingresó en una instancia decisiva del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa encargada de prestar los servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distintos municipios del conurbano bonaerense.
La apertura de las ofertas económicas está prevista para este jueves 8 de octubre, a las 10, mediante la plataforma electrónica CONTRAT.AR. En esta instancia participarán dos consorcios empresariales que fueron habilitados luego de superar la evaluación de sus propuestas técnicas.
La decisión fue formalizada por el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, mediante la Resolución 1722/2026, publicada en el Boletín Oficial.
El procedimiento forma parte del programa de privatizaciones impulsado por la administración de Javier Milei y contempla la transferencia del paquete accionario que actualmente pertenece al Estado nacional.
La operación se desarrolla mediante una licitación pública nacional e internacional de etapa múltiple, sin precio base establecido, por lo que las propuestas económicas tendrán un papel determinante en la selección del futuro operador.
Los dos grupos empresarios que buscan quedarse con AySA
La competencia quedó concentrada en dos consorcios integrados por empresas argentinas y extranjeras, con antecedentes en actividades vinculadas con la ingeniería, la construcción, el saneamiento y la prestación de servicios.
El primero está encabezado por Rowing S.A., empresa de ingeniería vinculada al empresario Walter Román.
Este grupo también está integrado por Arcos Saneamento e Participações S.A., PHX AQUA AR B.V. y Transclor S.A.
Arcos Saneamento es una compañía brasileña con experiencia en la operación de servicios de agua potable y saneamiento, mientras que PHX AQUA AR B.V. está vinculada con capitales de los Países Bajos.
Transclor, por su parte, es una empresa argentina relacionada con Mauricio Filiberti, que mantiene antecedentes comerciales como proveedora de productos utilizados en los procesos de potabilización de agua de AySA.
El segundo consorcio está encabezado por Roggio ROAS S.A.U., perteneciente al Grupo Roggio.
La propuesta también incluye a Hidrosan Capital S.A.U., Aguas del Plata Participaciones S.A., Benito Roggio e Hijos S.A. y Central Buen Ayre S.A.
El Grupo Roggio cuenta con antecedentes en la prestación de servicios públicos, entre ellos la operación de Aguas Cordobesas, además de actividades vinculadas con el transporte y la infraestructura.
La participación de ambos consorcios fue aprobada después de que la Comisión de Evaluación analizara la documentación presentada durante la primera etapa de la licitación.
El Gobierno espera recaudar cerca de 500 millones de dólares
Uno de los principales objetivos económicos de la operación es obtener ingresos por la transferencia de la participación accionaria estatal.
Las estimaciones difundidas alrededor del proceso ubican el valor de referencia de la compañía en aproximadamente 500 millones de dólares.
Sin embargo, esa cifra no constituye un precio definitivo de venta ni un monto garantizado para el Estado.
La licitación fue convocada sin una base económica predeterminada, por lo que el importe final dependerá de las ofertas que presenten los dos grupos habilitados.
La apertura de las propuestas permitirá conocer cuánto está dispuesto a pagar cada consorcio para adquirir el control de la empresa.
La adjudicación deberá realizarse de acuerdo con las condiciones establecidas en el procedimiento licitatorio.
La futura concesionaria deberá invertir más de 2.000 millones de dólares
Además del desembolso necesario para adquirir las acciones, el grupo que resulte adjudicatario deberá cumplir un programa de inversiones en infraestructura.
Los pliegos contemplan inversiones superiores a los 2.000 millones de dólares entre 2027 y 2031, destinadas a ampliar, mantener y mejorar los sistemas de distribución de agua potable y desagües cloacales.
Entre los objetivos previstos se encuentran la expansión de las redes, el mantenimiento de las instalaciones existentes y la mejora de los servicios que presta la compañía.
Las metas establecidas para 2031 contemplan alcanzar una cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en desagües cloacales.
A más largo plazo, el contrato tendrá una duración inicial de 30 años, con posibilidad de prórroga.
Al finalizar ese período, la empresa deberá haber alcanzado una cobertura mínima del 90% en agua potable y del 75% en cloacas.
Estas obligaciones forman parte de las condiciones que deberá asumir el futuro operador privado.
Habrá una audiencia pública para analizar cambios en las tarifas
En paralelo con el proceso de privatización, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) convocó a una audiencia pública para el próximo 26 de octubre.
El encuentro tendrá como objetivo analizar una propuesta de actualización de los coeficientes zonales y del régimen tarifario presentada por AySA.
La iniciativa contempla modificaciones en el sistema utilizado para calcular las facturas de los usuarios que no cuentan con medidores.
Actualmente, ese régimen contempla 11 coeficientes zonales, cuyos valores oscilan entre 1,10 y 3,50.
La propuesta plantea reducirlos a cinco niveles, con coeficientes que irían desde 0,75 hasta 2,75.
La discusión tarifaria se desarrollará mientras avanza la transferencia de la empresa al sector privado y tendrá incidencia en el esquema económico bajo el cual funcionará el futuro operador.
Por el momento, la convocatoria a la audiencia pública no implica que los cambios tarifarios ya hayan sido aprobados.
El control del agua y las redes cloacales también forma parte del proceso
Mientras se define la privatización, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento también avanzó con una contratación destinada a realizar controles sobre la calidad del servicio.
El organismo adjudicó a Estudio Ecológico Industrial SRL un servicio de extracción, traslado y análisis de muestras de agua y efluentes por un monto de hasta 275,8 millones de pesos.
El contrato tendrá una duración de 12 meses, con posibilidad de prórroga.
Las tareas comprenderán controles sobre el agua potable, las redes cloacales y las plantas depuradoras.
Estas actividades forman parte del esquema de fiscalización de los servicios que presta AySA y continuarán siendo relevantes durante el proceso de transición hacia la gestión privada.
El papel de Mauricio Filiberti en uno de los consorcios
La participación del empresario Mauricio Filiberti constituye otro de los aspectos del proceso licitatorio.
Filiberti es propietario de Transclor, compañía que actualmente mantiene una relación comercial con AySA como proveedora de insumos químicos utilizados en la potabilización del agua.
La empresa forma parte del consorcio encabezado por Rowing S.A., uno de los dos grupos que compiten por adquirir el paquete accionario estatal.
Entre los productos que comercializa Transclor se encuentran insumos derivados de cloro-soda y policloruro de aluminio, empleados en los procesos de tratamiento del agua.
El empresario también participa en Edenor, distribuidora eléctrica que tiene a AySA entre sus clientes industriales por el consumo energético asociado al funcionamiento de sus instalaciones.
En caso de que el consorcio encabezado por Rowing resulte adjudicatario, uno de los aspectos que deberá observarse será el funcionamiento de las contrataciones de insumos y los mecanismos de control sobre operaciones con empresas vinculadas.
La privatización de AySA, una de las operaciones del programa de Milei
La decisión de transferir AySA al sector privado se encuentra comprendida en la Ley de Bases, que incluyó a la compañía entre las empresas estatales sujetas a privatización.
El procedimiento también se encuadra en la Ley 23.696 de Reforma del Estado y en los decretos reglamentarios 695/2024 y 494/2025.
La licitación contempla la transferencia a un operador estratégico de la totalidad de las acciones que actualmente pertenecen al Estado nacional, equivalentes al 90% del capital social.
El 10% restante continuará bajo el régimen de participación accionaria de los trabajadores.
Con la evaluación técnica completada, el proceso ingresa ahora en la instancia de apertura de las ofertas económicas.
La jornada de este jueves 8 de octubre será determinante para conocer las propuestas de los dos consorcios, aunque la adjudicación definitiva y la transferencia de las acciones deberán ajustarse a los procedimientos administrativos establecidos.
La futura gestión privada tendrá por delante compromisos de inversión, objetivos de ampliación de cobertura y obligaciones relacionadas con el mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
