Diputados aprobó una nueva ley de Discapacidad con 237 votos a favor
La Cámara baja dio media sanción a una nueva normativa que reemplazará la Emergencia en Discapacidad. El proyecto obtuvo 237 votos positivos, 9 negativos y 4 abstenciones, mantuvo el sistema de pensiones vigente y ahora deberá ser tratado por el Senado.
La Cámara de Diputados aprobó este jueves una nueva ley de Discapacidad luego de una extensa negociación entre el oficialismo, bloques aliados y sectores de la oposición. La iniciativa consiguió 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones y quedó en condiciones de pasar al Senado.
El texto aprobado reemplazará la Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza a fin de año, y fue sancionado con una mayoría especial de dos tercios en la Cámara baja.
La negociación legislativa se prolongó durante toda la tarde y terminó de cerrarse pasada la medianoche, luego de que el oficialismo aceptara modificaciones al proyecto y dejara de lado los recortes contemplados inicialmente dentro del Presupuesto 2027.
Qué mantiene la nueva ley de Discapacidad
Uno de los principales puntos del proyecto aprobado es la continuidad de la pensión no contributiva por discapacidad, junto con su mecanismo de actualización por inflación.
También seguirá vigente el nomenclador universal de prestaciones y el sistema de arancel unificado, dos aspectos que formaron parte de las negociaciones realizadas entre los diferentes bloques parlamentarios.
La nueva normativa conserva además la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo formal.
En esos casos, el límite de ingresos quedó establecido en dos salarios mínimos, vitales y móviles.
De esta manera, las personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán continuar percibiendo el beneficio aun cuando trabajen bajo relación de dependencia o estén inscriptas dentro de distintos regímenes tributarios.
La pensión continuará vinculada al haber mínimo jubilatorio
Entre las modificaciones incorporadas durante las negociaciones, se mantuvo el sistema de pensiones por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
También quedó ratificado el Certificado Único de Discapacidad como principal mecanismo para acceder al beneficio.
El punto había formado parte de las diferencias entre el proyecto finalmente aprobado y el capítulo sobre discapacidad que había sido incluido inicialmente por el Gobierno dentro del Presupuesto 2027.
El oficialismo retiró los cambios previstos en el Presupuesto 2027
Las conversaciones legislativas comenzaron cerca de dos meses atrás, cuando sectores de la oposición impulsaron una prórroga de la emergencia a partir de un pedido realizado por organizaciones vinculadas con personas con discapacidad.
Aquella iniciativa había conseguido emplazar a las comisiones y avanzaba hacia su tratamiento en el recinto durante octubre.
Sin embargo, la discusión cambió después de que el Gobierno nacional enviara al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que incorporaba modificaciones en el área de discapacidad.
Entre los puntos planteados se encontraba la utilización del criterio de “invalidez laboral” para acceder a la pensión.
También se contemplaba eliminar al CUD como mecanismo directo de acceso, establecer una incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal y eliminar el arancel único del nomenclador.
Finalmente, esos cambios fueron retirados durante la negociación parlamentaria.
Cómo se financiará el nuevo esquema
El proyecto aprobado establece partidas específicas correspondientes al Ministerio de Salud destinadas a financiar el sistema.
En caso de que esos recursos no resulten suficientes, la normativa contempla compensaciones provenientes del Tesoro Nacional.
Además, se incorporó una disposición destinada a garantizar que los ingresos correspondientes a cada beneficiario no pierdan poder adquisitivo respecto del año anterior.
Auditorías y controles sobre los beneficios
La nueva ley también establece mecanismos de control mediante auditorías periódicas que estarán a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
Para concretar esas verificaciones se realizarán cruces de información con organismos como Anses, Arca, Renaper y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
El texto habilita además la suspensión preventiva de un beneficio cuando se detecte un incumplimiento objetivo.
Sin embargo, ese procedimiento deberá desarrollarse dentro de un “debido proceso inclusivo”, que contempla la notificación correspondiente y la posibilidad de una rehabilitación provisoria del beneficio.
Qué ocurrirá con las deudas a prestadores
Otro de los puntos incorporados establece plazos para afrontar eventuales deudas con prestadores.
Si al momento de sancionarse definitivamente la norma existieran pagos pendientes, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma dentro de un plazo máximo de 30 días.
Posteriormente, las deudas deberán ser canceladas dentro de los 90 días.
Este aspecto quedará sujeto a seguimiento durante la etapa de implementación del nuevo régimen.
Las negociaciones entre oficialismo y oposición
Durante el tratamiento parlamentario, Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, fue uno de los interlocutores que participó de las conversaciones con el oficialismo.
También intervinieron desde sectores opositores Juan Marino, Sabrina Selva, Eduardo Valdés y Victoria Tolosa Paz.
Por parte del oficialismo, las negociaciones estuvieron encabezadas por Laura Rodríguez Machado, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz.
Durante el debate, Gerardo Huesen adelantó que serían aceptadas todas las sugerencias incorporadas durante la negociación.
Por su parte, Juan Marino sostuvo que la oposición “no iba a tener el número” necesario para conseguir la prórroga de la emergencia y aseguró que el dictamen finalmente aprobado era “absolutamente contrario” al proyecto enviado por Javier Milei, Luis Caputo y Diego Santilli dentro del Presupuesto 2027.
El proyecto pasa ahora al Senado
Con la aprobación de Diputados, la nueva ley deberá continuar su recorrido legislativo en el Senado.
La votación alcanzó una mayoría superior a los dos tercios de la Cámara baja, luego de que oficialismo y oposición acordaran mantener buena parte del sistema vigente y eliminar los cambios que habían sido incluidos originalmente dentro del proyecto de Presupuesto 2027.
