El Gobierno negocia cambios en el proyecto de Malvinas y busca sesionar el 21 de octubre
El Gobierno de Javier Milei inició una serie de negociaciones parlamentarias con sectores aliados y bloques dialoguistas para introducir modificaciones en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado con la cuestión Malvinas. El objetivo del oficialismo es reunir los apoyos necesarios para convocar a una sesión en la Cámara de Diputados el próximo 21 de octubre.
La estrategia legislativa se desarrolla en paralelo con los intentos de La Libertad Avanza de impedir que prospere la sesión solicitada por la oposición para el jueves 15 de octubre, cuando distintos bloques buscarán avanzar con el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
La discusión tiene como uno de sus ejes la legislación sobre tierras rurales, debido a que el Gobierno analiza incorporar restricciones a su compraventa dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado.
Esa alternativa permitiría recuperar parte de las disposiciones de la Ley de Tierras sin modificar el resto del DNU 70/2023, considerado una herramienta central del programa de desregulación económica del Poder Ejecutivo.
Por el momento, la propuesta se encuentra en evaluación y todavía no existe una decisión definitiva sobre su incorporación al texto legislativo.
El oficialismo busca evitar una sesión opositora el 15 de octubre
La principal preocupación parlamentaria de La Libertad Avanza está relacionada con la convocatoria impulsada por Unión por la Patria y otros sectores opositores para tratar el rechazo del DNU 70/2023.
El decreto ya recibió el rechazo del Senado el 14 de marzo de 2024, pero continúa vigente debido a que la Cámara de Diputados no adoptó una decisión equivalente.
Para que el decreto pierda vigencia por rechazo legislativo, ambas cámaras del Congreso deben pronunciarse en contra.
Desde Unión por la Patria sostienen que durante los años anteriores no estuvieron dadas las condiciones políticas para avanzar con el tratamiento en Diputados, principalmente por la falta de compromisos de algunos legisladores de bloques intermedios.
Un diputado nacional del peronismo explicó que en 2025 existían diez legisladores aliados cuya posición no estaba asegurada, circunstancia que llevó a postergar el intento de rechazo.
Por su parte, la diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo, durante una entrevista con Alpha TV, que también hubo integrantes de Unión por la Patria que durante 2024 y 2025 no estaban dispuestos a confirmar su respaldo a la derogación del decreto.
Aunque las perspectivas de alcanzar el quórum aparecen limitadas, la oposición mantiene su intención de convocar a la sesión para que los legisladores expresen públicamente sus posiciones.
La Ley de Tierras aparece como una alternativa de negociación
Uno de los puntos centrales de las conversaciones entre el Gobierno y los bloques dialoguistas es el régimen de compraventa de tierras rurales.
El oficialismo analiza incorporar restricciones dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa que ya obtuvo media sanción en el Senado.
La propuesta busca responder a los cuestionamientos relacionados con la derogación de la Ley de Tierras incluida en el DNU 70/2023.
El debate adquirió mayor relevancia después de una intervención de la Corte Suprema de Justicia relacionada con la situación jurídica de esa normativa.
Dentro del Gobierno existe preocupación por la posibilidad de que una resolución judicial genere un nuevo escenario parlamentario y fortalezca la posición de los bloques que pretenden rechazar el decreto.
También se encuentra pendiente la posibilidad de que el máximo tribunal designe a dos conjueces para reconsiderar aspectos vinculados con la Ley de Tierras, a partir de una presentación realizada por la Asociación Civil Árbol de Pie.
En ese contexto, el oficialismo considera la posibilidad de recuperar determinadas restricciones mediante una nueva legislación, sin que ello implique dejar sin efecto el conjunto del DNU.
Los aliados exigen eliminar un artículo del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional
Las negociaciones también incluyen modificaciones concretas al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Uno de los principales cuestionamientos está dirigido al artículo 111, que establece sanciones penales para determinadas conductas vinculadas con la intervención de entidades u organismos extranjeros.
La disposición contempla penas de prisión para quienes actúen por cuenta, orden o financiamiento de organizaciones extranjeras con el propósito de alterar procesos electorales, afectar el funcionamiento de las instituciones democráticas o desarrollar campañas coordinadas de desinformación.
También incluye acciones relacionadas con el financiamiento de hechos de violencia, sabotaje o alteraciones graves del orden público.
Los bloques aliados y dialoguistas reclaman que ese artículo sea eliminado del proyecto.
Desde sectores opositores advierten que su redacción podría afectar el ejercicio de la actividad periodística y permitir interpretaciones que alcancen expresiones críticas hacia el Gobierno.
Los cuestionamientos se concentran especialmente en la falta de precisión sobre los límites de las conductas que podrían quedar comprendidas dentro de las sanciones previstas.
Cuestionamientos al Consejo de Seguridad Nacional y a los protocolos militares
Además del artículo 111, los legisladores opositores plantearon reparos sobre otros aspectos de la iniciativa.
Uno de ellos está relacionado con las atribuciones que el proyecto otorgaría al Poder Ejecutivo mediante el Consejo de Seguridad Nacional.
También existen objeciones a los protocolos previstos para situaciones que involucren aeronaves o embarcaciones consideradas hostiles.
En particular, algunos diputados cuestionaron las disposiciones que permitirían adoptar medidas como el derribo de aeronaves o el hundimiento de buques.
Otro punto de discusión es la definición de conceptos como amenaza externa y actividad terrorista.
Los sectores que solicitan modificaciones consideran necesario establecer criterios más precisos para evitar interpretaciones amplias de las facultades estatales.
Durante el tratamiento previo en comisiones, el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo, ya había planteado observaciones sobre los procedimientos militares previstos en el texto.
El legislador reclamó que las decisiones relacionadas con acciones de defensa contemplen la intervención institucional correspondiente del Congreso Nacional.
El Presupuesto 2027, discapacidad y universidades también forman parte de las conversaciones
La negociación parlamentaria no se limita al proyecto de Malvinas.
El oficialismo también mantiene conversaciones sobre las partidas presupuestarias destinadas a discapacidad y universidades nacionales.
Los bloques dialoguistas buscan obtener garantías sobre posibles modificaciones en la distribución de los recursos previstos para ambos sectores.
Estas conversaciones se desarrollan mientras el Congreso se prepara para iniciar el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027.
El comienzo del debate presupuestario estaba previsto para el martes 13 de octubre, aunque podría postergarse una semana debido a la falta de definiciones sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.
En principio, el oficialismo pretende avanzar con el dictamen de la iniciativa vinculada con Malvinas el miércoles 14 de octubre.
Sin embargo, la continuidad de ese cronograma dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse con los bloques aliados.
Martín Menem busca reunir los votos para la sesión del 21 de octubre
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene por delante una negociación que involucra distintos proyectos y posiciones parlamentarias.
La Libertad Avanza necesita el acompañamiento de legisladores de otros espacios para asegurar el quórum y avanzar con las iniciativas del Poder Ejecutivo.
En ese escenario, la convocatoria prevista para el 21 de octubre aparece como una alternativa para concentrar el tratamiento de varios proyectos en una misma jornada.
La agenda que analiza el oficialismo incluye la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y las iniciativas relacionadas con discapacidad y sobreendeudamiento familiar.
La posibilidad de incorporar modificaciones al régimen de tierras rurales también forma parte de las conversaciones.
Mientras tanto, Unión por la Patria mantiene su intención de realizar la sesión del 15 de octubre para tratar el rechazo del DNU 70/2023.
El antecedente del debate por Malvinas en Diputados
El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional ya había generado enfrentamientos durante su tratamiento en comisiones.
El 30 de septiembre, una reunión conjunta de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal terminó de manera abrupta después de una serie de discusiones entre legisladores oficialistas y opositores.
Durante ese encuentro se produjeron cruces entre Juan Grabois y diputados de La Libertad Avanza, lo que llevó al presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, a levantar la reunión.
En aquella jornada, funcionarios nacionales defendieron el alcance de la iniciativa y sostuvieron que su objetivo era fortalecer la protección de la soberanía, los recursos estratégicos y las capacidades institucionales del Estado.
Desde la oposición, en cambio, se cuestionaron diferentes artículos relacionados con la seguridad nacional, la intervención militar y las facultades del Poder Ejecutivo.
Esos desacuerdos continúan presentes en las negociaciones actuales.
Con este escenario, el Gobierno buscará durante los próximos días alcanzar acuerdos que permitan avanzar con la sesión del 21 de octubre, mientras la oposición intentará reunir los legisladores necesarios para debatir el DNU 70/2023 el día 15.
El resultado de ambas convocatorias dependerá de las posiciones que adopten los bloques dialoguistas, cuya participación será determinante para definir el tratamiento de los proyectos pendientes.
