Senado aprobó en comisiones la reforma sobre doble nacionalidad de candidatos

La reforma constitucional que busca exigir la nacionalidad mexicana como único vínculo nacional para quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México avanzó este miércoles en el Senado. Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera aprobaron el dictamen de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, con 23 votos a favor y nueve en contra. El proyecto modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece requisitos para quienes busquen alguno de esos cargos ejecutivos.

La propuesta todavía debe ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara alta. El Senado recibió durante la jornada la minuta aprobada previamente por la Cámara de Diputados. El presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, informó que fue turnada directamente a las comisiones unidas correspondientes.

La iniciativa establece que para ser presidente o presidenta, gobernador o gobernadora, o jefe o jefa de Gobierno de la Ciudad de México, además de ser mexicano por nacimiento, se deberá no tener otra nacionalidad. Si la persona cuenta con una nacionalidad extranjera, tendría que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato, según los términos que establezca la legislación. El dictamen aprobado en comisiones será llevado al Pleno del Senado para su discusión la próxima semana.

De acuerdo con la información proporcionada, el debate está previsto para el martes 29 de septiembre. La reforma no contempla únicamente la renuncia formal a una nacionalidad extranjera. También establece restricciones para quienes ejerzan los cargos de titular del Poder Ejecutivo federal, de los estados y de la Ciudad de México.

El proyecto señala que no sería suficiente con presentar una renuncia ante la Secretaría de Relaciones Exteriores: tendría que comprobarse que el vínculo jurídico con la nacionalidad extranjera dejó de existir conforme a la legislación que la otorgó. Durante la discusión en comisiones, los grupos parlamentarios expusieron distintas posiciones sobre los alcances de la reforma y sus efectos para los mexicanos que tienen otra nacionalidad. La senadora del PRI, Claudia Anaya, sostuvo que la modificación constitucional puede entrar en conflicto con tratados internacionales y señaló que hay entidades con una población migrante importante, entre ellas Zacatecas y Michoacán.

Anaya mencionó que, de acuerdo con los datos que citó durante su intervención, 12 millones de mexicanos viven en el exterior y cuatro millones tienen doble nacionalidad. También hizo referencia a la población zacatecana que reside en Estados Unidos. Desde Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas cuestionó que la medida pueda afectar a mexicanos residentes en Estados Unidos que mantienen la doble nacionalidad.

Según expuso, en algunos casos esas personas ni siquiera ejercieron derechos políticos en ese país. En contraste, el senador de Morena, Saúl Monreal, defendió la necesidad de la reforma y vinculó el debate con la protección de la soberanía nacional frente a posibles intervenciones de gobiernos extranjeros. El dictamen establece que las nuevas disposiciones comenzarían a aplicarse en el proceso electoral de 2028 y que no afectarían a quienes actualmente ocupen esos cargos.

La propuesta también prevé un plazo para adecuar la legislación secundaria: el Congreso de la Unión tendría 90 días naturales, contados desde la entrada en vigor del decreto, para realizar los cambios correspondientes a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral. El dictamen plantea que la exigencia de una sola nacionalidad responde a las características de los cargos del Poder Ejecutivo, ya que considera que quienes los ocupen deben mantener un único vínculo jurídico y político con el Estado mexicano. Al mismo tiempo, señala que la medida no debe basarse en una presunción general de deslealtad hacia las personas binacionales, sino que presenta el requisito como una medida preventiva vinculada con las atribuciones de los titulares de los poderes ejecutivos.

La aprobación en comisiones representa un paso más en el proceso legislativo, pero la reforma aún requiere la discusión y votación del Pleno del Senado. Si obtiene el respaldo necesario, continuará el procedimiento constitucional correspondiente antes de su eventual entrada en vigor.