Malvinas: Diputados inicia el debate y la oposición habla de “caballo de Troya”

El debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional comenzará este miércoles 30 de septiembre en la Cámara de Diputados. La iniciativa, anunciada por el Gobierno y enviada al Congreso el pasado 17 de septiembre, se presenta en un nuevo capítulo de tensión con el Reino Unido por la situación de las Islas Malvinas. ## El cronograma y las comisiones El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá a las 12. El cronograma de trabajo prevé que el martes 6 de octubre se firmen los dictámenes.

El oficialismo conduce las tres comisiones y, por esa vía, marcará el ritmo del debate. Sus presidentes son Carlos Zapata, en Defensa; Laura Rodríguez Machado, en Legislación Penal; y Juliana Santillán, en Relaciones Exteriores. Desde la oposición califican el proyecto como un “caballo de Troya” y anticipan que buscarán resistirlo.

Sostienen que, detrás del objetivo declarado de defender la soberanía y reivindicar a Malvinas como parte indisociable del territorio argentino, hay disposiciones que, según plantean, subordinan la política de seguridad nacional al “plan continental de contrainsurgencia y terrorismo de Estado comandado por Donald Trump y Marco Rubio”. El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino expresó esa postura en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. “Así mueren las democracias en América. Estamos ante un plan continental de contrainsurgencia y terrorismo de Estado comandado por Donald Trump y Marco Rubio, que tiene su expresión en el Consejo de Seguridad Nacional”, sentenció. ## Las medidas previstas en el proyecto La iniciativa propone endurecer las penas, que podrían llegar hasta los 20 años de prisión, por explotar recursos naturales en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares circundantes.

Las sanciones también alcanzarían a quienes cooperen con esa explotación, y se prevé inhabilitar a los responsables para operar en la Argentina. El proyecto reemplaza la actual Ley 26.659 y amplía las prohibiciones. Estas ya no se limitarían a los hidrocarburos: abarcarían cualquier aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables que no esté autorizado por la Argentina.

Además, se crearía un registro público de infractores. El Estado y los particulares tendrían prohibido contratar con las personas o entidades que figuren en él. La propuesta también incorpora el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva ley.

La iniciativa crea, por otra parte, un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente. Lo integrarían de manera permanente el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. A ese organismo se le asignaría la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia.

También intervendría en la protección de infraestructuras críticas. Ante una amenaza grave e inminente, el Consejo podría disponer medidas urgentes. Entre ellas, restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, limitar importaciones y exportaciones y elevar temporalmente los derechos aduaneros.

Entre las facultades previstas se incluye autorizar el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles. La propuesta establece que esas medidas se aplicarían como último recurso, después de agotar otras instancias de un protocolo de actuación. El texto también prohibiría los aportes económicos a partidos y campañas políticas por parte de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras.

A su vez, incorporaría delitos vinculados con revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros y colaborar materialmente con operaciones clandestinas de inteligencia. También se tipificarían acciones realizadas por cuenta o con financiamiento extranjero para alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. El proyecto incluye, además, promover o financiar actos de violencia o sabotaje.

La propuesta redefine las funciones de la Defensa Nacional y autoriza su intervención en la seguridad interna ante amenazas externas estatales y no estatales. Asimismo, incorpora por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La inscripción en el RePET habilitaría la inmovilización de bienes y la prohibición de realizar operaciones económicas o financieras con personas y entidades registradas por su vinculación con el terrorismo o con su financiamiento. ## Los cuestionamientos de Juan Marino Marino organizó el viernes pasado en la Cámara baja una audiencia informativa denominada “¿Soberanía o patio trasero?”.

Sobre el proyecto, sostuvo que se trata de “una extorsión política por Malvinas, orquestada por Santiago Caputo, metiendo las sanciones por Malvinas en el mismo proyecto que el Consejo de Seguridad Nacional para que votar en contra parezca votar contra Malvinas”. “Su objetivo es entregarnos al gobierno de Estados Unidos”, afirmó el diputado, quien caracterizó la iniciativa oficial como un “caballo de Troya”. En declaraciones a la Agencia NA, Marino vinculó el articulado con distintas iniciativas y medidas de Estados Unidos. “El Escudo de las Américas y el Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional N.º 7 de Trump, la Cumbre Ministerial contra el supuesto 'terrorismo político' de Rubio, la Conferencia Anticárteles y la Fuerza de Tarea Conjunta para el Hemisferio Occidental de Hegseth, tienen su traducción en el proyecto de ley en un articulado que los incorpora, pieza por pieza, al derecho interno argentino”, indicó. En relación con el RePET, advirtió que este “registro de organizaciones y personas denominadas 'terroristas' se eleva a ley, con inscripción por 'motivos razonables para sospechar' y sin causa penal”. “Con la sola inscripción se congelan los bienes, sin orden judicial previa, y el artículo 126 garantiza impunidad a quien los congele aunque después se demuestre que no correspondía.

A eso se suma un nuevo delito, con penas de 5 a 12 años de prisión, por 'manipular la opinión pública' con financiamiento extranjero”, alertó. El legislador también cuestionó las disposiciones sobre radares y coordinación con otros países. Marino señaló que el proyecto “integra radares de otros países al sistema nacional, permite instalar radares militares en cualquier provincia sin aprobación de la jurisdicción y habilita la coordinación con Estados extranjeros sobre nuestro propio territorio”. “Es decir que no es una ley de defensa de la soberanía: es la ley que convierte el plan continental de Trump y Rubio en legislación interna”, remató el diputado de UxP.