La Corte habilitó que se revise la pena de directivos de Los Balcanes por contaminación

Buenos Aires, 25 septiembre (NA) – La Corte Suprema de Justicia desestimó los recursos de las defensas del presidente de la Compañía Azucarera Los Balcanes, Jorge Alberto Rocchia Ferro, y del gerente de la firma, José Ramón Coronel. De ese modo, quedó habilitada la definición de una nueva pena por contaminación ambiental. El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El máximo tribunal rechazó las presentaciones contra una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que había aceptado un planteo de la Fiscalía para agravar las condenas impuestas en el juicio oral. La causa comenzó por la contaminación del aire y del medio ambiente registrada en agosto de 2011. El hecho se atribuyó a la descarga de residuos peligrosos derivados de la actividad industrial del Ingenio La Florida, ubicado en Tucumán.

Los responsables de la empresa también fueron denunciados por un derrame ocurrido en octubre de 2012 en el denominado “Canal del Este”. Se trató de más de 80 millones de litros de vinaza en estado puro provenientes del ingenio. La acusación incluyó otro derrame de vinaza, ocurrido en enero de 2013.

El líquido llegó a un canal pluvial denominado Interprovincial del Este, que atraviesa la localidad de El Arenal, en el Departamento de Jiménez, Santiago del Estero. De acuerdo con la acusación, el episodio afectó “el curso de agua” y provocó un “daño ambiental severo que generó un grave riesgo para la salud”. En 2023, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero condenó a Rocchia Ferro y a Coronel a tres años de prisión de ejecución condicional por contaminación ambiental.

Además, les impuso multas de 100 mil y 85 mil pesos, respectivamente. La Fiscalía había pedido siete años y medio de prisión para el presidente de la compañía y seis años y medio para el gerente. Por ese motivo, apeló la decisión.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación hizo lugar parcialmente al recurso. Consideró que la pena de tres años de prisión condicional no resultaba “proporcionada a la intensidad antijurídica de los hechos” y ordenó remitir el caso para que el tribunal de juicio dicte una nueva pena. Las defensas presentaron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra esa decisión.

El máximo tribunal desestimó el planteo y dejó habilitada la definición de una nueva pena.