El SEP amplió su denuncia por la suspensión del código de descuento en San Juan

El sindicato pidió ser querellante en la causa que tramita la UFI Delitos Especiales. Cuestiona una notificación utilizada para fundamentar la suspensión por 180 días y solicitó medidas de prueba.

El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) de San Juan amplió su denuncia penal por la suspensión durante 180 días del código de descuento aplicado a los haberes de sus afiliados. En una presentación ante la UFI Delitos Especiales, su secretario general, José Alberto Díaz, pidió que la organización sea admitida como parte querellante y que se investigue a funcionarios provinciales y a una escribana de la Escribanía Mayor de Gobierno.

El planteo se dirige contra el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; el subsecretario de Coordinación Administrativa, Sergio A. Benavidez; y quienes pudieran resultar responsables. La ampliación incorpora una denuncia contra la escribana adscripta Florencia D. Menechelli por su intervención en una notificación del 13 de mayo de 2026.

Se trata de acusaciones formuladas por el sindicato. El escrito solicita medidas de investigación y la apertura formal de una investigación penal preparatoria; por sí solo, no acredita la comisión de los delitos denunciados ni informa una resolución judicial sobre las responsabilidades atribuidas.

La suspensión que originó el reclamo

Según la presentación, el SEP recibió el 20 de mayo una notificación de la Resolución 0156-MEFyH-2026, dictada el día anterior. La medida suspendió por 180 días el código de descuento que había sido otorgado al sindicato mediante una resolución de 2005.

La resolución, tal como aparece transcripta en el escrito, fundamentó la decisión en que el SEP no habría presentado la documentación requerida tras una intimación notarial del 13 de mayo. El sindicato sostiene, en cambio, que nunca recibió esa intimación y que el 12 de mayo ya había entregado documentación sobre su personería ante la mesa de entradas del ministerio.

Díaz también relata que el 22 de mayo acudió al Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda junto con asesores jurídicos y una escribana para solicitar la exhibición de la notificación y del expediente administrativo. En su presentación cuestiona la documentación que, según afirma, le mostraron durante esa visita.

El cuestionamiento a la notificación notarial

La ampliación de la denuncia se centra en la actuación notarial del 13 de mayo. De acuerdo con el escrito, el requerimiento dirigido a la Escribanía Mayor de Gobierno indicaba que debía notificarse personalmente a Díaz en un domicilio de calle Lavalle.

El SEP objeta que la propia actuación de Menechelli señala que no fue atendida y que dejó la notificación debajo de un portón. A partir de esa descripción, el sindicato cuestiona que se haya tenido por cumplida una notificación personal. También afirma que en ese domicilio funcionaba otra organización sindical.

Sobre esa base, pide que se investigue una presunta falsedad ideológica en la actuación notarial y en los antecedentes de la resolución ministerial. La presentación menciona, además, posibles delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros.

Las pruebas solicitadas

El sindicato ofreció copias de la resolución de suspensión, de su presentación administrativa del 12 de mayo, de documentación institucional y de actas notariales posteriores. Solicitó que se incorporen el expediente que dio origen a la medida y los instrumentos de la Escribanía Mayor de Gobierno vinculados con la notificación.

También pidió declaraciones testimoniales y el resguardo de registros de cámaras de seguridad del ministerio correspondientes al 22 de mayo. La producción y valoración de esas pruebas quedará sujeta a las decisiones de la fiscalía.