El intento fallido de ejecutar a Christa Pike reabre el debate en EE.UU.

## 🌍 Panorama Internacional Christa Pike, una mujer condenada a muerte en Tennessee, Estados Unidos, fue trasladada a un hospital luego de que fracasara el intento de ejecutarla mediante una inyección letal. Su defensa informó a la BBC que Pike, de 50 años, recibía “medidas para salvarle la vida” en una clínica tras la administración de dos jeringas de pentobarbital. Todavía no se han esclarecido públicamente todos los detalles sobre qué salió mal durante el procedimiento.

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años. La ejecución fue objeto de una batalla legal que se prolongó hora tras hora el miércoles. El procedimiento fallido es el segundo de este tipo registrado en Tennessee durante el año.

En mayo, las autoridades aplazaron la ejecución de Tony Carruthers, condenado por el secuestro y asesinato de tres personas en 1994, después de que el personal penitenciario no lograra encontrar una vena para administrarle la dosis letal. Desde 1976, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos levantó la prohibición temporal de la pena de muerte, 1.683 personas han sido ejecutadas en el país, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés). Las mujeres representan casi el 1% de ese total: 18 han sido ejecutadas.

La base de datos del DPIC registra 47 ejecuciones en 2025, la cifra anual más alta desde 2009 y un aumento marcado respecto de las 25 contabilizadas en 2024. Al mismo tiempo, el respaldo de la población estadounidense a la pena capital está en su nivel más bajo en cinco décadas. Una encuesta reciente de Gallup mostró que el 52% de las personas consultadas apoyaba la pena de muerte en 2025.

El 44% se manifestaba en contra, el nivel de oposición más alto registrado por la firma desde mayo de 1966. ## Los métodos de ejecución y la escasez de fármacos En el último medio siglo, los estados que aplican la pena de muerte han recurrido a cinco métodos principales. La inyección letal es, por amplio margen, el más utilizado: representa el 89% de las ejecuciones realizadas desde 1976. Todos los estados que actualmente llevan a cabo ejecuciones la emplean, aunque muchos permiten también alternativas.

La horca no se utiliza en ningún estado desde 1996, cuando Delaware ejecutó a Billy Bailey. Nuevo Hampshire la había conservado como último recurso si la inyección letal no podía realizarse, pero abolió la pena de muerte en 2019. La derogación no se aplicó retroactivamente: un preso continúa condenado a muerte en ese estado, que no realiza ejecuciones desde 1939.

La pena capital sigue siendo legal en 27 estados, además de estar contemplada en la legislación federal y militar. California, Ohio, Oregón y Pensilvania suspendieron las ejecuciones; en muchos otros estados donde sigue vigente la pena de muerte no se ejecuta a nadie desde hace años. Florida concentró 19 ejecuciones en 2025, aproximadamente el 40% del total nacional.

Durante años, muchos estados utilizaron para la inyección letal un protocolo de tres fármacos. El tiopental sódico fue uno de los medicamentos más empleados, pero las empresas farmacéuticas se opusieron cada vez más a que sus productos se destinaran a ejecuciones. Los fabricantes dejaron de suministrarlos para ese fin y las restricciones europeas a la exportación redujeron aún más la disponibilidad.

Ante esa situación, numerosos estados pasaron a utilizar pentobarbital como fármaco único. La dosis elevada de este barbitúrico busca suprimir la actividad cerebral y la respiración. En ese momento, el medicamento estaba ampliamente disponible en Estados Unidos: en cantidades menores se usaba como sedante y para controlar convulsiones, y también era habitual en veterinaria para la eutanasia de animales.

El gobierno federal adoptó en 2019 un protocolo de una sola droga y también ha utilizado pentobarbital, pese a la escasez. Como alternativa, muchos estados recurrieron a farmacias de formulación magistral, que preparan medicamentos a medida y están sujetas a una regulación menos estricta que los fabricantes farmacéuticos. Además, varios estados aprobaron leyes para proteger la identidad de los proveedores, por lo que a menudo se desconoce el origen de las sustancias utilizadas.

Pese a las dificultades de abastecimiento, un memorando de 48 páginas del Departamento de Justicia, publicado en abril, calificó el pentobarbital como “el estándar de oro de los fármacos para la inyección letal”. El DPIC advierte que la dificultad para conseguir legalmente los medicamentos ha llevado a algunos estados a probar nuevas drogas y combinaciones. Según la organización, esos cambios han derivado en ejecuciones prolongadas durante las cuales los presos mostraron signos de dolor y sufrimiento.

La escasez también elevó los costos. En 2014, el gobernador de Oklahoma suspendió las ejecuciones tras una inyección letal fallida. Luisiana, por su parte, pasó 15 años sin ejecutar a nadie porque no podía conseguir los fármacos necesarios.

La pausa terminó el 18 de marzo de 2025, cuando Jessie Hoffman Jr. fue ejecutado mediante hipoxia por nitrógeno. El memorando del Departamento de Justicia publicado en abril ordenó también a las prisiones federales ampliar la variedad de métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, asfixia con gas y electrocución. El organismo sostuvo que la medida “fortalecería” la pena de muerte al “disuadir los crímenes más bárbaros, hacer justicia a las víctimas y brindar un cierre largamente esperado a los seres queridos sobrevivientes”. ## Cambios en la política federal y métodos alternativos El gobierno de Joe Biden, que ocupó la presidencia entre 2021 y 2025, había impuesto una moratoria a la mayoría de las ejecuciones federales.

Antes de dejar el cargo, Biden conmutó las condenas de 37 de los 40 presos que estaban sentenciados a muerte en el sistema federal. Donald Trump, defensor de la pena capital desde hace mucho tiempo, ordenó al Departamento de Justicia reanudar la solicitud de ejecuciones el primer día de su regreso a la presidencia, en enero de 2025. La electrocución, que alguna vez fue uno de los métodos predominantes, hoy se utiliza poco.

Nueve estados la autorizan. Carolina del Sur la estableció como método predeterminado; los otros ocho la mantienen como opción o alternativa a la inyección letal, que es su método principal. Desde 1976 se realizaron 163 ejecuciones por electrocución, pero solo 19 desde el año 2000.

La más reciente tuvo lugar en Tennessee, en 2020. Los pelotones de fusilamiento también fueron considerados durante años un método del pasado. Sin embargo, Carolina del Sur reanudó las ejecuciones por fusilamiento en 2025.

Idaho convirtió ese método en su principal forma de ejecución en julio de 2026, tras las dificultades para conseguir los fármacos necesarios para la inyección letal. Alabama fue el primer estado en realizar una ejecución mediante hipoxia por nitrógeno, en 2024. Luisiana hizo lo mismo en marzo de 2025.

El método consiste en privar de oxígeno al prisionero obligándolo a respirar nitrógeno puro. Sus defensores lo describen como una alternativa práctica a la inyección letal; sus críticos sostienen que no ha sido probado suficientemente y que plantea serias preocupaciones éticas. ## Las objeciones legales y el impacto de las ejecuciones Los opositores a la pena de muerte señalan que la dificultad para obtener los fármacos de la inyección letal y los reiterados problemas durante las ejecuciones ponen en duda que estas puedan llevarse a cabo de manera humana. Las impugnaciones judiciales suelen centrarse en el riesgo de que determinados protocolos farmacológicos provoquen dolor o sufrimiento innecesarios.

Activistas sostienen que esas prácticas podrían vulnerar la prohibición constitucional de Estados Unidos contra los castigos crueles e inusuales. Los críticos también cuestionan la falta de transparencia. En algunos estados se mantiene en secreto la identidad de los proveedores, lo que dificulta verificar el origen y la calidad de las sustancias utilizadas.

Otros señalan que las consecuencias de las ejecuciones no se limitan a los presos y a las familias de las víctimas. En una entrevista con la BBC en 2014, Allen Ault, quien dirigió el sistema penitenciario de Georgia durante la década de 1990, describió el impacto psicológico duradero que las ejecuciones pueden tener sobre guardias, funcionarios de prisiones, personal médico y testigos. “Todavía tengo pesadillas”, dijo Ault. “Es la forma de asesinato más premeditada que uno pueda imaginar y se queda grabada en la mente para siempre”. El artículo original fue escrito en inglés, traducido mediante una herramienta de inteligencia artificial y revisado por un periodista de la BBC.