Detuvieron al fiscal general de Bolivia e investigan una presunta red ligada al narcotráfico
Roger Mariaca fue detenido junto a otras 13 personas durante un operativo que alcanzó a funcionarios del Ministerio Público. El Gobierno boliviano lo investiga por organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas. En Santa Cruz, la Policía interceptó una ambulancia con bolsas y maletines que contenían grandes cantidades de dinero.
La detención del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, provocó una crisis dentro del sistema judicial del país después de que el Gobierno denunciara la existencia de una presunta organización criminal que habría operado desde el Ministerio Público y brindado protección a actividades relacionadas con el narcotráfico.
Mariaca fue detenido junto a otras personas durante un amplio operativo desarrollado entre la noche del miércoles 30 de septiembre y la madrugada del jueves 1 de octubre.
En total, las autoridades bolivianas informaron que fueron 14 las personas detenidas. Entre ellas aparecen funcionarios que ocupaban posiciones jerárquicas dentro del Ministerio Público.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, afirmó que la estructura investigada habría estado presuntamente encabezada por el propio fiscal general.
Mariaca es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.
Las acusaciones se encuentran bajo investigación y hasta el momento no constituyen una sentencia judicial contra el fiscal general.
El Gobierno boliviano denunció una organización dentro de la Justicia
Oviedo brindó detalles sobre la investigación y sostuvo que el operativo permitió avanzar contra una estructura que, según la acusación gubernamental, operaba dentro del Ministerio Público.
“Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la Justicia y en la administración de una institución muy importante en nuestro país como es el Ministerio Público”, sostuvo el ministro.
La investigación también alcanzó al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, además de otros integrantes de la Fiscalía.
Según el balance difundido por el Gobierno, cuatro de las personas detenidas pertenecen a niveles jerárquicos del Ministerio Público.
Las autoridades buscan ahora reconstruir el funcionamiento de la presunta organización y determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los involucrados.
Una ambulancia con grandes cantidades de dinero
Uno de los episodios centrales del operativo ocurrió en Santa Cruz, donde efectivos policiales interceptaron una ambulancia que salía del condominio donde reside Roger Mariaca.
En el interior del vehículo fueron encontradas bolsas y maletines con fajos de billetes, de acuerdo con la información difundida tras el procedimiento.
Cuatro personas fueron detenidas durante esa intervención.
Las autoridades también reportaron la detención de funcionarios que presuntamente intentaban retirar documentación vinculada con dependencias de la Fiscalía.
El operativo incluyó intervenciones en instalaciones relacionadas con el Ministerio Público mientras avanzaban las detenciones.
El caso del narcotraficante Sebastián Marset aparece entre los antecedentes
Las detenciones se produjeron en medio de las repercusiones por la difusión de material relacionado con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Marset fue capturado en marzo y posteriormente extraditado a Estados Unidos.
En grabaciones difundidas antes de la detención de Mariaca, el narcotraficante realizó afirmaciones sobre supuestos pagos y vínculos con funcionarios bolivianos.
Entre esas versiones apareció la supuesta entrega de 500.000 dólares para poder permanecer en Bolivia y continuar con sus actividades.
Esas manifestaciones corresponden al relato de Marset y deberán ser corroboradas dentro de las investigaciones correspondientes.
La Fiscalía General había rechazado anteriormente otras versiones sobre una supuesta reunión entre Mariaca y Marset antes de la extradición del uruguayo y había solicitado pruebas que respaldaran esas acusaciones.
Estados Unidos había revocado la visa de Mariaca
La detención se produjo apenas dos días después de que Estados Unidos anunciara restricciones de visa contra Mariaca y otros funcionarios bolivianos.
Las autoridades estadounidenses relacionaron la medida con señalamientos por presunta corrupción y protección de actividades vinculadas con el narcotráfico.
Mariaca había rechazado esas acusaciones.
La situación generó además interrogantes sobre la posible participación estadounidense en el operativo desarrollado en Bolivia.
El Gobierno boliviano sostuvo que el procedimiento fue ejecutado por la Policía de Bolivia. Las versiones publicadas posteriormente difieren respecto del alcance que habría tenido el intercambio de información con organismos estadounidenses, por lo que ese aspecto continúa sujeto a aclaraciones oficiales.
La Fiscalía denunció que la detención fue ilegal
La detención de Mariaca provocó una reacción inmediata dentro del propio Ministerio Público.
Inicialmente, funcionarios de la Fiscalía calificaron la aprehensión como un “secuestro” y denunciaron que efectivos policiales habían ingresado de manera irregular a dependencias de la Fiscalía General en Sucre.
Durante una transmisión realizada desde esas instalaciones pudieron observarse efectivos pertenecientes al Centro Especial de Investigación Policial.
La Fiscalía sostuvo en esas primeras horas que desconocía los fundamentos jurídicos utilizados para detener a su máxima autoridad.
Con el avance de la jornada, el Gobierno brindó detalles sobre las acusaciones relacionadas con organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.
Luis Montaño asumió interinamente la Fiscalía
La ausencia de Mariaca abrió inmediatamente otro frente institucional: quién debía quedar al frente del Ministerio Público.
El fiscal superior Luis Montaño asumió de manera interina la conducción de la Fiscalía argumentando la aplicación del sistema de prelación establecido por la legislación boliviana.
Montaño señaló que su conducción tendrá carácter temporal y que buscará garantizar la continuidad del funcionamiento del Ministerio Público hasta que la Asamblea Legislativa determine el procedimiento correspondiente para designar a una nueva autoridad.
Sin embargo, el Gobierno puso en discusión la legalidad de esa sucesión.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, sostuvo que Montaño se había “autonombrado” y anticipó que debía revisarse la normativa para establecer si el procedimiento utilizado era válido.
La Asamblea Legislativa adelantó una sesión por el caso
La repercusión institucional también llegó al Parlamento boliviano.
El presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa, Gustavo Ávila, decidió adelantar para este viernes una sesión que originalmente estaba prevista para el lunes 5 de octubre.
El encuentro había sido convocado para analizar las restricciones de visas impuestas por Estados Unidos contra Mariaca y otros funcionarios.
La detención del fiscal general modificó el escenario y convirtió la situación en uno de los principales temas de discusión institucional.
Entre las alternativas bajo análisis aparece la posibilidad de conformar una comisión de investigación parlamentaria.
Una investigación que alcanza a la máxima autoridad del Ministerio Público
Roger Mariaca había sido elegido fiscal general por la Asamblea Legislativa Plurinacional en octubre de 2024.
Antes de asumir esa responsabilidad había ocupado el cargo de fiscal departamental de Santa Cruz y desarrollado su actividad principalmente dentro del ámbito penal.
Su detención, junto con la de otros funcionarios del Ministerio Público, abrió ahora una investigación que involucra directamente a uno de los máximos niveles del sistema judicial boliviano.
El Gobierno sostiene que existió una organización que habría utilizado estructuras de la Fiscalía para proteger y beneficiarse de actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Esa hipótesis deberá ser demostrada en el proceso judicial y los acusados tendrán las correspondientes instancias de defensa.
Mientras avanzan las actuaciones, Bolivia enfrenta además una discusión institucional sobre la conducción del Ministerio Público, la legalidad de la sucesión interina y el papel que tendrá la Asamblea Legislativa después de la detención de quien ocupaba la Fiscalía General del Estado.
