La Corte Suprema de EE.UU. frenó restricciones a tratamientos para presos trans

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El máximo tribunal rechazó una apelación de emergencia del Gobierno de Donald Trump y mantuvo bloqueada una política que buscaba restringir cirugías, terapias hormonales y adaptaciones sociales para personas transgénero en prisiones federales.

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió este miércoles que la administración de Donald Trump no podrá aplicar, por el momento, una nueva política destinada a restringir tratamientos médicos para reclusos transgénero dentro del sistema penitenciario federal.

El máximo tribunal rechazó una apelación de urgencia presentada por el Departamento de Justicia, que pretendía suspender una orden de un tribunal de distrito y permitir la entrada en vigencia de las nuevas normas.

La política cuestionada buscaba suspender tratamientos quirúrgicos, terapias hormonales y determinadas adaptaciones sociales para personas diagnosticadas, o que pudieran ser diagnosticadas, con disforia de género.

Dos jueces apoyaron la postura del Gobierno

Los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas manifestaron que habrían permitido que la administración Trump implementara los cambios.

Sin embargo, la mayoría del tribunal decidió mantener vigente la orden que impide aplicar las restricciones mientras continúa la disputa judicial.

El Gobierno había solicitado la intervención de la Corte Suprema el mes pasado y argumentó que las nuevas medidas eran necesarias para garantizar la seguridad institucional dentro de las prisiones federales.

La demanda fue presentada por tres reclusos

La controversia llegó al máximo tribunal a partir de una demanda impulsada por una mujer transgénero y dos hombres transgénero que se encuentran detenidos en prisiones federales.

Sus abogados señalaron que la Oficina de Prisiones proporciona tratamientos hormonales a personas con disforia de género desde 1992.

También sostuvieron que la nueva política hubiera obligado a interrumpir tratamientos médicos de casi 1.000 reclusos bajo custodia federal.

La ACLU cuestionó las restricciones

Li Nowlin-Sohl, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, representó a los reclusos que cuestionaron las nuevas normas y destacó la decisión adoptada por la Corte Suprema.

“Negar la atención médica necesaria, incluyendo la atención médica de afirmación de género, a las personas encarceladas constituye una violación de sus derechos constitucionales fundamentales”, afirmó.

Además, señaló: “Seguiremos defendiendo los derechos de nuestros clientes y de todas las personas privadas de libertad”.

La medida surgió después de una orden ejecutiva de Trump

El conflicto comenzó después de que Trump emitiera una orden ejecutiva que prohibía utilizar fondos federales para financiar determinados procedimientos o tratamientos médicos destinados a reclusos transgénero bajo custodia de la Oficina de Prisiones.

Como consecuencia de esa decisión, la Oficina de Prisiones estableció en febrero una nueva política que determinaba que no proporcionaría cirugías ni terapia hormonal para tratar la disforia de género.

Para quienes ya se encontraban recibiendo tratamientos hormonales, las normas contemplaban la implementación de un esquema de reducción gradual hasta alcanzar su interrupción.

También se restringían adaptaciones sociales

Las nuevas disposiciones incluían además limitaciones sobre distintos elementos vinculados con adaptaciones sociales dentro de las prisiones.

Entre ellos se encontraban rellenos para el pecho, fajas compresoras, pelucas y maquillaje para reclusos diagnosticados con disforia de género.

La Oficina de Prisiones había argumentado que los cambios buscaban adecuar sus reglas a la orden ejecutiva presidencial y establecer criterios que, según el organismo, estuvieran alineados con información científica actualizada y con las necesidades de seguridad y administración penitenciaria.

Con la resolución de la Corte Suprema, esas modificaciones permanecerán bloqueadas mientras continúa el proceso judicial que determinará si la política impulsada por la administración Trump puede finalmente aplicarse en el sistema penitenciario federal.

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