Causa AMIA: procesaron a ocho acusados y la investigación avanza hacia un juicio en ausencia
El juez federal Daniel Rafecas procesó a siete ciudadanos iraníes y a un libanés por sus presuntas responsabilidades en la planificación y ejecución del atentado de 1994. Cada uno recibió un embargo de US$500 millones.
La causa por el atentado contra la AMIA dio este lunes un nuevo paso judicial con el procesamiento de ocho ciudadanos iraníes y libaneses, acusados de distintos niveles de participación en la planificación y ejecución del ataque ocurrido el 18 de julio de 1994.
La medida fue tomada por el juez federal Daniel Rafecas en una resolución de más de 600 páginas y bajo el régimen de juicio en ausencia, establecido por la Ley 27.784, que permite que el proceso avance aunque los acusados permanezcan prófugos fuera del país.
Además de los procesamientos, el magistrado ordenó embargos por US$500 millones para cada uno de los ocho acusados. La resolución todavía puede ser apelada por la Defensa Oficial.
Quiénes fueron procesados
Entre los acusados aparecen cuatro exfuncionarios de alto rango del régimen iraní, a quienes Rafecas atribuyó el carácter de autores mediatos: Ali Fallahijan, entonces ministro de Inteligencia; Ali Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, quien estaba al frente de la Fuerza Al Quds.
También fueron procesados como cómplices necesarios Hadi Soleimanpour, exembajador iraní en la Argentina; Mohsen Rabbani, quien se desempeñaba como consejero cultural de la Embajada de Irán; y Ahmad Asghari, señalado en la investigación como integrante de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.
El octavo procesado es Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel El Reda, ciudadano libanés al que el magistrado atribuyó la coordinación de la etapa final del atentado.
La reconstrucción del atentado
De acuerdo con la resolución judicial, la decisión de cometer el atentado habría sido adoptada en agosto de 1993 por las máximas instancias del régimen iraní y su ejecución habría sido encomendada a Hezbollah, mediante una estructura de apoyo regional y local.
La reconstrucción incorporada al fallo sostiene que los responsables adquirieron una Renault Trafic el 10 de julio de 1994, que posteriormente fue acondicionada y cargada con aproximadamente 300 kilos de amonal y TNT.
El vehículo fue utilizado el 18 de julio de 1994 para concretar el ataque contra la sede de la AMIA, ubicada en Pasteur 633, en la Ciudad de Buenos Aires.
El atentado provocó 85 muertes y 151 heridos, además de importantes daños materiales.
La Justicia lo calificó como crimen de lesa humanidad
En su resolución, Rafecas encuadró los hechos como homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio capaz de generar peligro común. También incluyó el delito de daño agravado por motivos discriminatorios.
El magistrado calificó además el atentado como crimen de lesa humanidad y lo encuadró t
