APEDE presentará recomendaciones para ajustar la reforma eléctrica en Panamá

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) presentará ante la Asamblea Nacional recomendaciones técnicas para modificar el proyecto que reforma la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 y disposiciones de la Ley 26 de 1996, ambas vinculadas al sector eléctrico panameño. Entre los principales planteos se encuentran definir con precisión las causales para intervenir empresas y establecer criterios legales que permitan graduar las sanciones según su gravedad. La organización también pide respetar las condiciones de los contratos vigentes y utilizar metodologías técnicas, públicas y auditables para calcular el valor justo de mercado. “Panamá necesita una reforma que fortalezca la protección de los usuarios y contribuya a elevar la calidad del servicio eléctrico, pero que al mismo tiempo garantice reglas claras, proporcionalidad en las sanciones y estabilidad para las inversiones de largo plazo”, afirmó el presidente de la APEDE, Alberto López Tom.

El dirigente agregó que los aportes de la entidad buscan aportar equilibrio “desde una perspectiva técnica y responsable”. La propuesta incluye períodos de adecuación para las disposiciones que requieran cambios en procesos, sistemas o inversiones. Además, plantea precisar qué constituye un “incumplimiento reiterado”, para reducir la discrecionalidad y la incertidumbre regulatoria para las empresas del sector.

En cuanto a la compra de potencia y energía, la APEDE recomienda que los actos de concurrencia se realicen de forma conjunta, con criterios de transparencia y eficiencia. También propone establecer reglas claras para reconocer los costos de la electrificación rural y habilitar el uso de distintas tecnologías de acuerdo con las condiciones de cada zona del país. El documento surgió de un análisis promovido por la Comisión de Energía y Combustibles de la APEDE, que organizó dos espacios de diálogo antes de redactar el texto final.

El primero fue un conversatorio con la administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, quien expuso los principales cambios previstos en el proyecto de ley. Luego se realizó el encuentro “El futuro de la distribución y comercialización eléctrica en Panamá”, con representantes de las empresas del sector eléctrico ENSA y Naturgy. Sus directivos compartieron con representantes de la asociación sus perspectivas sobre los desafíos del sector.

A partir de ambos encuentros se conformó una subcomisión especializada que revisó el proyecto artículo por artículo, y la posición final fue consensuada y aprobada por la Junta Directiva de la Comisión de Energía y Combustibles. La postura institucional de la APEDE también reconoce avances dentro del proyecto de reforma. Entre ellos, menciona la reducción del plazo para atender los reclamos de los usuarios, la aplicación de créditos en la factura cuando haya deficiencias en la calidad del servicio y la publicación de información sobre la capacidad y el estado de las redes eléctricas.

La organización también destaca el fortalecimiento de la electrificación rural y la consolidación de un texto único de la Ley 6, que reuniría en un solo cuerpo normativo las disposiciones vigentes. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa sostuvo que la actualización del marco eléctrico debe construirse mediante un diálogo amplio entre autoridades, usuarios, empresas y especialistas. Según la entidad gremial empresarial, el objetivo es mejorar la calidad del servicio, fortalecer la institucionalidad y garantizar que el sistema eléctrico responda a las necesidades de crecimiento del país.