Acueducto Gran Tulum: Sergio Uñac y otros 10 exfuncionarios fueron notificados y la investigación judicial avanza
La investigación por presuntas irregularidades vinculadas con el Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo en San Juan. La Fiscalía notificó formalmente al exgobernador Sergio Uñac y a otros diez exfuncionarios que quedaron alcanzados por la pesquisa, en una medida que marca un nuevo avance dentro del expediente.
La notificación fue realizada por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, que lleva adelante la investigación destinada a determinar si durante las distintas etapas del proyecto existieron irregularidades que pudieran tener relevancia penal.
La medida alcanza a funcionarios y exfuncionarios que tuvieron participación en diferentes momentos relacionados con la obra y con Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).
Entre los nombres que aparecen en el expediente se encuentra Uñac, quien estuvo al frente del Gobierno provincial durante parte del período en el que se desarrolló el proyecto. También figura el actual diputado nacional Cristian Andino, quien tuvo responsabilidades dentro de OSSE.
Qué significa la notificación de la Fiscalía
Uno de los puntos centrales es que la notificación no equivale a una imputación penal ni implica que exista una declaración de culpabilidad contra las personas alcanzadas.
Se trata de una instancia procesal mediante la cual la Fiscalía comunica a quienes podrían estar vinculados con los hechos investigados que existe una investigación en curso. De esta manera, los involucrados pueden conocer el contenido de la pesquisa y ejercer los derechos que establece el procedimiento penal.
Ahora, los investigadores deberán continuar reuniendo elementos para determinar si existen fundamentos suficientes para avanzar hacia una instancia formal de imputación.
La investigación por el Acueducto Gran Tulum
La causa se originó a partir de una denuncia relacionada con presuntas irregularidades en diferentes aspectos de la obra, entre ellos su contratación, la provisión de materiales y el desarrollo del proyecto.
La Fiscalía realizó durante los últimos meses distintas medidas destinadas a reconstruir cómo se tomaron las decisiones administrativas y qué intervención tuvo cada uno de los funcionarios y empresas involucrados.
Dentro de esas medidas se realizaron inspecciones y procedimientos vinculados con empresas relacionadas con la provisión de los caños utilizados en el proyecto.
Uno de los procedimientos más relevantes tuvo lugar en dependencias de Krah, empresa vinculada con el suministro de las tuberías. Allí se secuestró documentación y material informático que deberá ser analizado por los investigadores.
También investigan actuaciones dentro de OSSE
La investigación también alcanza distintas gestiones de Obras Sanitarias Sociedad del Estado, debido a que el proyecto atravesó diferentes períodos administrativos.
En ese contexto aparecen los nombres de exresponsables del organismo, entre ellos Cristian Andino, Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, aunque cada uno tuvo participación en diferentes momentos de la historia de la obra.
La Justicia deberá determinar qué decisiones tomó cada funcionario y si esas actuaciones pueden tener algún tipo de relevancia dentro de la investigación penal.
Noviembre, una fecha clave para la causa
El expediente continúa actualmente en una etapa preliminar. La Fiscalía cuenta con una prórroga de 90 días para profundizar las medidas y analizar la documentación incorporada al expediente.
Ese plazo tendrá como fecha de referencia los primeros días de noviembre, momento en el que el Ministerio Público Fiscal deberá evaluar los pasos a seguir.
Entre las alternativas se encuentra avanzar hacia la formalización de la Investigación Penal Preparatoria, continuar con la investigación si existen nuevas medidas por realizar o disponer el archivo o desestimación del expediente si no se encuentran elementos suficientes.
La notificación a Uñac y a los otros exfuncionarios representa, en ese sentido, un movimiento importante dentro de la causa, aunque todavía resta determinar si la investigación derivará en imputaciones concretas.
Por ahora, la Justicia busca establecer si existieron irregularidades en torno al Acueducto Gran Tulum, cuáles fueron las decisiones adoptadas durante las distintas etapas del proyecto y, eventualmente, si alguna de esas conductas podría configurar un delito.
La resolución de esas cuestiones dependerá de la prueba que reúna la Fiscalía y de las decisiones que posteriormente adopte la Justicia provincial.
