Acueducto Gran Tulum: buscan llevar la causa de San Juan a Comodoro Py
La defensa del expresidente de OSSE Sergio Ruiz presentó una inhibitoria ante el Juzgado Federal N° 1 de Comodoro Py para que la investigación deje la Justicia provincial. Daniel Rafecas pidió informes antes de definir si corresponde abrir una disputa por la competencia.
La investigación por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo frente judicial. La defensa del expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Sergio Ruiz, presentó un planteo ante la Justicia Federal con el objetivo de que la causa deje los tribunales sanjuaninos y pase a tramitarse en Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires.
La presentación ingresó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, donde el juez interino Daniel Rafecas le dio curso inicial el 13 de octubre.
Como primera medida, Rafecas solicitó informes a la UFI Delitos Especiales de San Juan y a la jueza de Garantías Mónica Lucero para conocer en detalle cuál es el objeto de la investigación, qué medidas se realizaron hasta ahora y en qué estado se encuentra el expediente provincial.
La causa todavía no pasó a la Justicia Federal
Uno de los puntos centrales es que la presentación de la defensa de Ruiz no significa que el expediente ya haya cambiado de jurisdicción.
El planteo fue registrado bajo el número CFP 5004/2026, pero Rafecas todavía no resolvió que la investigación deba quedar en manos de la Justicia Federal.
Por ahora, el magistrado abrió una instancia previa destinada a reunir antecedentes y determinar si existen razones jurídicas suficientes para discutir formalmente la competencia con la Justicia de San Juan.
La pretensión de la defensa es que Lucero se aparte del expediente y que las actuaciones sean remitidas a Comodoro Py.
Para que eso ocurra, primero deberá definirse si los argumentos presentados justifican la intervención federal.
El financiamiento nacional, el principal argumento
La defensa basa su pedido principalmente en la estructura financiera utilizada para construir el Acueducto Gran Tulum.
Según el planteo presentado por Ruiz, el proyecto demandó una inversión cercana a los 198 millones de dólares y tuvo como objetivo garantizar el abastecimiento de agua potable a más de un millón de habitantes.
El esquema financiero combinó aportes directos del Estado nacional, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, con créditos internacionales provenientes del Fondo Kuwaití y del Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional, conocido como OFID.
De acuerdo con la presentación, esos préstamos internacionales también contaron con aval y garantía solidaria del Estado nacional.
Ese punto es utilizado por la defensa para sostener que una eventual afectación patrimonial no debería analizarse solamente desde el punto de vista de los recursos provinciales.
La defensa sostiene que también pudo afectarse patrimonio nacional
El abogado Nasser Uzair, representante de Sergio Ruiz, argumentó que si existieron irregularidades vinculadas con la ejecución de la obra, el eventual perjuicio podría haber alcanzado también fondos y recursos pertenecientes al Estado nacional.
Además, la defensa sostiene que organismos y funcionarios nacionales tuvieron participación en distintas instancias del proyecto.
Entre ellas menciona tareas de supervisión, auditorías, control de ejecución y autorización de desembolsos.
Sobre esa base, reclama que la investigación sea asumida por un juez federal y no quede limitada exclusivamente al ámbito judicial de San Juan.
Qué busca concretamente la inhibitoria
El mecanismo planteado por la defensa es una inhibitoria.
Mediante esa presentación, una parte le pide a un juez que considera competente que intervenga y solicite a otro tribunal que deje de actuar en una causa.
En este caso, la defensa de Ruiz pretende que la Justicia Federal analice si corresponde asumir la investigación y, eventualmente, requiera a la Justicia provincial que remita el expediente.
Todavía no existe una resolución en ese sentido.
Rafecas deberá primero analizar los informes solicitados y posteriormente determinar si existen fundamentos para avanzar en una disputa de competencia.
El planteo llegó en plena audiencia de formalización
El movimiento en Comodoro Py se produjo en un momento clave para la investigación que tramita en San Juan.
La Fiscalía había convocado para este miércoles 14 de octubre a una audiencia de formalización en la que fueron notificadas 11 personas vinculadas con distintas etapas del proyecto.
Entre ellas aparecen el exgobernador Sergio Uñac, Cristian Andino, Sergio Ruiz y otros exfuncionarios y personas relacionadas con la obra.
La notificación y la convocatoria a la audiencia no significan por sí mismas una declaración de responsabilidad penal.
El objetivo de la formalización es que la Fiscalía exponga cuáles son los hechos que pretende investigar y qué participación atribuye preliminarmente a cada una de las personas alcanzadas.
La defensa también cuestionó cómo se eligió a los investigados
La presentación realizada ante la Justicia Federal no se limita a discutir el fuero competente.
También incluye cuestionamientos al criterio utilizado por la investigación provincial para determinar quiénes fueron convocados.
Uzair cuestionó particularmente que Cristian Andino haya sido incluido por haber presidido OSSE y planteó por qué no se aplicó un criterio similar a otras personas que participaron en etapas anteriores del proyecto.
Entre los nombres mencionó al exgobernador José Luis Gioja, a quien la defensa vincula políticamente con el inicio de la obra.
También hizo referencia a José Luis Beltrán, actual presidente de OSSE, a quien atribuye participación en tareas de auditoría y firma de etapas del proyecto durante una gestión anterior.
Estos cuestionamientos forman parte exclusivamente de la estrategia de la defensa y no constituyen conclusiones judiciales ni acreditan irregularidades en la actuación de la Fiscalía.
La crítica pública de la defensa
En una comunicación difundida en paralelo con el planteo judicial, Uzair cuestionó la investigación provincial y afirmó que buscan una pesquisa independiente.
“Queremos una investigación independiente del poder y una Justicia transparente”, expresó
