La economía acumula datos negativos y complica la agenda política del Gobierno

En apenas 72 horas, el INDEC difundió cuatro informes con resultados preocupantes en rubros sensibles. El martes publicó el relevamiento de salarios; el miércoles, los datos de ventas en supermercados, mayoristas y shoppings correspondientes a julio; y el jueves, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), también de julio. Ese mismo día se conoció el registro de pobreza del primer semestre de este año, que generó el mayor impacto.

Como primera reacción, el oficialismo intentó moderar los efectos de los datos con argumentos vinculados a la coyuntura y comparaciones estadísticas. La respuesta tuvo un alcance limitado frente al panorama expuesto. A la sucesión de noticias económicas se sumaron las internas libertarias, mientras el juego político más amplio de Olivos no conseguía amortiguar el impacto.

La agenda política del Gobierno para esta semana tenía dos ejes, de distinta magnitud y en ese orden: el nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de la ONU y el Congreso. El oficialismo sabía que se acercaban días con cifras negativas, o al menos contaba con indicios firmes. Entre ellos había análisis de consultoras que anticipaban un aumento porcentual de la pobreza y la indigencia, aunque menor al informado por el INDEC, y registraban una nueva caída del consumo masivo en agosto.

El escenario no responde solamente a una circunstancia puntual. La relación entre política y economía es conocida: los oficialismos esperan que los resultados económicos y, en particular, el bolsillo impulsen sus planes políticos, en este caso la reelección presidencial. Cuando ocurre lo contrario y la credibilidad queda en riesgo, la demanda se invierte: la economía necesita que el juego político del Gobierno sostenga las expectativas y desplace el eje de la agenda pública.

En ese contexto se interpretó el giro presidencial sobre Malvinas, que genera malestar en Olivos. Allí rechazan ese cuestionamiento como “basura” opositora y sostienen que la decisión responde a una “estrategia” elaborada desde la llegada al poder. Según esa postura, no se trató de aprovechar la presión de Donald Trump sobre el laborista Andy Burnham, una posibilidad que, de todos modos, no sería cuestionable en sí misma.

Malvinas ocupó el centro de la participación de Milei en la ONU, donde había pocas posibilidades de un encuentro paralelo con Trump, que finalmente no se concretó. En su discurso ante la Asamblea General, el Presidente ratificó el alineamiento internacional y buscó desplegar su tono habitualmente áspero, esta vez ante otro auditorio. También reclamó una intervención más efectiva del organismo mundial al que acababa de descalificar.

El otro foco político para el círculo de Olivos estaba en las dos cámaras del Congreso. El Gobierno esperaba aplacar en Diputados el tema de discapacidad y avanzar con proyectos en el Senado, después de algunos disgustos. Lo ocurrido mostró que las tensiones internas pueden complicar incluso la concreción de iniciativas propias.

El proyecto de Presupuesto 2027 incluyó un ajuste de gran magnitud en el área de discapacidad, que socios de LLA calificaron como un gesto de insensibilidad. La medida también generó rechazo dentro del oficialismo, porque desarmaba el acuerdo que se venía construyendo en Diputados para disputar con la oposición, que había impuesto el tratamiento efectivo del tema. El cortocircuito fue serio y volvió a alimentar los recelos de los aliados.

Tras negociaciones rápidas, con atención directa de Martín Menem, el oficialismo retiró ese tramo del Presupuesto para conseguir dictamen. De ese modo, el Gobierno volvió a pagar costos por un daño autoprovocado, pero dejó atrás un escenario de derrota y despejó el camino para buscar votos de cara al tratamiento en el recinto. Sin embargo, el clima interno volvió a enrarecerse en las últimas horas, con repercusiones entre socios y dialoguistas, cuando trascendió que el acuerdo para obtener dictamen es cuestionado especialmente por el equipo de Luis Caputo.

Por eso, el tema no estaría cerrado. El malestar inicial había sido expuesto por Patricia Bullrich, mientras otros integrantes del oficialismo optaron por mantener reserva. La senadora evitó referirse al fondo de la cuestión y dirigió su crítica, con una señal a Economía, a dos aspectos: el desconocimiento de la “mesa política” oficialista y el desgaste que la situación provoca en el vínculo con aliados y dialoguistas en general.

Los recelos y las tensiones también atraviesan buena parte de lo que ocurre en el Senado. Esta semana, el oficialismo logró reunir los votos para convertir en ley el proyecto que recorta los subsidios al consumo de gas en zonas frías. En cambio, aprobó con modificaciones la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Un entendimiento que incluyó al peronismo y tuvo a Bullrich como eje, en su condición de jefa del bloque violeta, modificó el requisito previsto en el proyecto original para remover a las autoridades del banco. Se estableció la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los votos, mientras que el Ejecutivo pretendía una mayoría de dos tercios. El texto volverá a Diputados y parece imposible revertir la decisión de la Cámara alta.

Bullrich también expresó otra crítica, extensible a Jorge Macri, ante la ofensiva contra dos juezas que se pronunciaron de distintas maneras contra la baja de la edad de imputabilidad de menores: Laura De Marinis, de la Ciudad de Buenos Aires, y Marta Eba Pascual, de Lomas de Zamora. Las dos decisiones fueron revocadas en el escalón de las cámaras. La senadora rechazó los planteos a favor del juicio político y sostuvo que, más allá de su posición conocida sobre el tema, estas cuestiones deben resolverse en las instancias judiciales.

La disputa entre Olivos y Bullrich no se limita a estas últimas muestras de juego propio. Hay distintas especulaciones sobre la apuesta de la senadora para las elecciones de 2027, pero el proceso de construcción política está en marcha y eso genera tensión con el círculo de Olivos. El efecto se acentúa cuando la economía complica la realidad política, y la semana amplificó esas preocupaciones.

El informe salarial de julio mostró que el promedio de los trabajadores registrados, privados y públicos, quedó dos décimas por encima de la inflación respecto del mes anterior y 3,7 puntos porcentuales por debajo en la comparación interanual. Solo el heterogéneo sector del trabajo informal, que suele ser motivo de discusión, superó al IPC. Los datos de julio sobre ventas en supermercados, mayoristas y shoppings mostraron resultados diversos, con una mejora interanual en este último rubro.

Sin embargo, los tres sectores registraron caídas en el acumulado de los primeros siete meses del año. El informe del EMAE reflejó retrocesos respecto del mes anterior, del 2,9%, y en la comparación interanual, del 1,4%. Como viene ocurriendo desde hace tiempo, algunos sectores, como la minería, la producción agropecuaria y la pesca —esta vez, de manera muy significativa—, mostraron crecimiento.

En cambio, la industria y el comercio volvieron a registrar caídas. El dato más negativo fue el de pobreza del primer semestre de este año, que llegó al 32,3%. Trasladado al nivel nacional, representa dos millones más de personas pobres y eleva el total a 15 millones.

La cifra aumentó frente al primer semestre de 2025, cuando fue del 31,6%, y la diferencia es mayor si se compara con los segundos seis meses del año pasado, cuando había alcanzado el 28,2%. Dos aspectos se destacan en el informe. Por un lado, se interrumpió la tendencia descendente que había comenzado después del pico del primer semestre de 2024 y se extendió hasta fines de 2025.

Por otro, se consolidó un piso de pobreza cercano al 30%. Las declaraciones de sectores libertarios, con un tono de autocelebración, y las críticas de franjas opositoras, planteadas como chicanas, no modifican el registro de la situación.