Tarifa eléctrica en San Juan: Marisa López pidió ampliar el subsidio y llevar el límite de ingresos a $3,2 millones

La diputada provincial planteó modificar el criterio de acceso a la tarifa social eléctrica y reemplazar el actual tope de dos salarios mínimos por un parámetro basado en las canastas básicas. También cuestionó el impacto de las facturas sobre las familias y destacó el plan de pago anunciado por el EPRE.

En medio de la preocupación de numerosas familias sanjuaninas por el costo de las facturas de electricidad, la diputada provincial Marisa López planteó la necesidad de revisar los criterios utilizados para determinar quiénes pueden acceder al subsidio provincial de la tarifa eléctrica.

La legisladora explicó que el régimen vigente en San Juan establece, entre sus criterios de inclusión, un límite de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) para determinados usuarios residenciales. El esquema provincial de Tarifa Social contempla ese parámetro entre sus condiciones de acceso.

López sostuvo que ese mecanismo debería ser revisado porque considera que el salario mínimo quedó desactualizado como referencia para determinar la situación económica de una familia.

El pedido para cambiar el criterio de acceso al subsidio

La diputada explicó que presentó un proyecto de comunicación para solicitar al Poder Ejecutivo provincial, a través de los organismos correspondientes, que evalúe una modificación del criterio de inclusión.

La propuesta apunta a que, en lugar de utilizar exclusivamente el salario mínimo como parámetro, se tenga en cuenta el valor de las Canastas Básicas Totales (CBT).

“Lo que nosotros estamos proponiendo es que para incluirlos en esa tarifa subsidiada se tenga en cuenta dos canastas básicas totales”, explicó López.

Según detalló, el planteo llevaría el límite de ingresos para acceder al beneficio provincial a aproximadamente $3,2 millones.

La propuesta toma como referencia el esquema nacional de subsidios energéticos. Desde 2026, el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) establece como criterio principal que los ingresos netos del hogar sean iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el INDEC.

La diferencia entre el salario mínimo y la canasta básica

El planteo de López se basa en que ambos indicadores cumplen funciones diferentes.

Actualmente, el SMVM para septiembre de 2026 se ubica en $383.800. Por lo tanto, dos salarios mínimos representan $767.600.

La legisladora considera que ese valor no refleja adecuadamente el ingreso necesario para determinar si una familia se encuentra en condiciones de afrontar el costo de los servicios públicos.

En cambio, el Gobierno nacional utiliza como referencia para el subsidio energético las tres CBT correspondientes a un hogar tipo 2. El criterio fue establecido mediante el Decreto 943/25, que creó el nuevo régimen de subsidios energéticos focalizados.

La diferencia entre ambos parámetros es significativa y, justamente, constituye el argumento central del proyecto presentado por la diputada.

El impacto de las facturas de luz durante el invierno

Otro de los puntos señalados por López fue el incremento del consumo eléctrico durante los meses de bajas temperaturas.

La diputada vinculó el aumento del consumo con las condiciones climáticas y con la situación de los hogares que no cuentan con gas, que recurren en mayor medida a artefactos eléctricos para calefaccionarse.

En ese contexto, destacó la decisión del EPRE de establecer un plan de pago para determinadas facturas, con la posibilidad de financiar las boletas correspondientes al período comprendido entre mayo y septiembre.

Según explicó, el esquema contempla cuatro cuotas para usuarios que cuentan con gas y seis cuotas para quienes no tienen gas, de acuerdo con lo señalado durante la entrevista.

López también mencionó un incremento del consumo del orden del 8%, que vinculó con las condiciones climáticas y la necesidad de utilizar electricidad para calefacción.

Una propuesta que busca ampliar el universo de beneficiarios

El planteo de la legisladora no apunta a eliminar el subsidio existente, sino a modificar el criterio de ingreso utilizado para determinar quiénes pueden acceder al beneficio.

La Tarifa Social Provincial fue establecida por la legislación sanjuanina para otorgar un tratamiento diferencial a determinados usuarios residenciales. El esquema contempla además otros grupos que pueden acceder al beneficio, como titulares de programas sociales, monotributistas sociales, trabajadores del servicio doméstico, personas que perciben seguro de desempleo, veteranos de guerra y personas con discapacidad, entre otros.

Por eso, la propuesta de López se concentra específicamente en revisar el parámetro económico utilizado para algunos de los grupos alcanzados por el régimen.

La pobreza, otro de los argumentos planteados

La diputada también puso el foco en la situación social de San Juan y recordó que el Gran San Juan registró una pobreza del 34% durante el segundo semestre de 2025, según los datos oficiales del INDEC. En ese período, 190.697 personas quedaron por debajo de la línea de pobreza.

Ese dato es utilizado por la legisladora como parte del argumento para solicitar una revisión de los criterios de acceso a los subsidios.

El INDEC tenía previsto para este jueves 24 de septiembre la publicación de los resultados correspondientes al primer semestre de 2026, por lo que el nuevo dato permitirá actualizar el panorama social del principal aglomerado urbano de la provincia.

“Hay familias que están viviendo sin luz”

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista fue la referencia a los hogares que acumularon deudas y enfrentan dificultades para mantener conectado el servicio.

López señaló que existen familias a las que se les retiró el medidor por falta de pago y que, ante la imposibilidad de afrontar la deuda y posteriormente el costo de reconexión, algunas optaron por permanecer sin electricidad.

La legisladora sostuvo que el problema no termina con el pago de la factura atrasada: cuando se produce el retiro del medidor, la reconexión implica un gasto adicional para el usuario.

En ese sentido, consideró que la situación requiere medidas que permitan evitar que más hogares lleguen al punto de perder el suministro.

El debate que queda abierto

El planteo de Marisa López abre una discusión sobre qué indicador debería utilizar la provincia para definir quién necesita una tarifa eléctrica subsidiada.

El régimen provincial actualmente toma como referencia, entre otros criterios, los dos salarios mínimos, mientras que el sistema nacional de subsidios energéticos utiliza hasta tres Canastas Básicas Totales como parámetro de ingresos para el acceso al beneficio.

La propuesta de la diputada consiste en que San Juan adopte un criterio propio basado en dos Canastas Básicas Totales, que según su estimación representan alrededor de $3,2 millones, con el objetivo de ampliar la cobertura del subsidio provincial.

Ahora el planteo deberá ser analizado por las autoridades provinciales y los organismos competentes para determinar si resulta viable modificar los criterios actuales y cuál sería el impacto fiscal de una eventual ampliación del universo de beneficiarios.