Si logra reunir los acuerdos necesarios, el oficialismo pretende avanzar con el dictamen y posteriormente llevar la iniciativa al recinto.
El oficialismo negocia cambios para destrabar el proyecto de Defensa de la Soberanía
La Libertad Avanza busca alcanzar un acuerdo con el PRO, la UCR y el MID para conseguir dictamen en Diputados. La iniciativa endurece las sanciones por explotación ilegal de recursos en el Atlántico Sur, aunque algunos artículos vinculados con seguridad, inteligencia y desinformación generaron cuestionamientos.
El Gobierno nacional aceleró las negociaciones con los bloques aliados en la Cámara de Diputados con el objetivo de destrabar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que incluye medidas vinculadas con la protección de los recursos naturales de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.
La intención del oficialismo es alcanzar los acuerdos necesarios para conseguir dictamen en comisión y posteriormente llevar el proyecto al recinto de la Cámara baja.
La iniciativa sufrió una demora en el Congreso, pero desde La Libertad Avanza mantienen la expectativa de avanzar con el tratamiento luego de introducir modificaciones destinadas a acercar posiciones con el PRO, la UCR y el MID.
El oficialismo busca ampliar los consensos
Desde el bloque libertario descartaron dividir el proyecto pese a los planteos realizados desde sectores opositores.
“El proyecto no se va a dividir en dos como propone el kirchnerismo , pero vamos a hacer cambios para llegar al consenso más amplio posible”, explicaron desde la bancada oficialista.
La estrategia pasa por modificar algunos puntos de la iniciativa sin alterar la estructura general del proyecto enviado por la Casa Rosada.
El oficialismo pretendía conseguir el dictamen durante la semana, pero la actividad parlamentaria estuvo atravesada por los dos fallos de la Corte Suprema relacionados con la venta de tierras a extranjeros y por el intento opositor de derogar el DNU 70/23.
Esos acontecimientos terminaron modificando el cronograma inicialmente previsto por el Gobierno.
Qué establece el proyecto sobre Malvinas y los recursos naturales
Uno de los principales ejes de la iniciativa es el endurecimiento de las sanciones frente a la explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur.
La propuesta amplía el alcance de las restricciones, debido a que ya no contempla únicamente las actividades vinculadas con los hidrocarburos.
El proyecto incluye cualquier explotación de recursos naturales renovables o no renovables desarrollada sin autorización.
También establece sanciones para empresas, socios y proveedores involucrados en esas actividades.
Entre las medidas previstas aparecen multas y la posibilidad de suspender o cancelar habilitaciones vigentes en la Argentina.
Además, la iniciativa incorpora responsabilidad para aquellos proveedores que tengan conocimiento de que están asistiendo a actividades prohibidas y amplía las restricciones para contratar con empresas o personas que hayan sido inhabilitadas.
Los artículos que generan diferencias con el PRO y la UCR
Los principales cuestionamientos de los bloques aliados no están concentrados en las disposiciones directamente relacionadas con las Islas Malvinas, sino en la segunda parte del proyecto.
Uno de los puntos incorporados establece un sistema permanente de coordinación estatal en áreas diplomáticas, económicas, cibernéticas, jurídicas, de defensa e inteligencia.
El órgano rector de ese esquema sería el Consejo de Seguridad Nacional.
De acuerdo con el proyecto, estaría integrado permanentemente por el Presidente de la Nación, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.
Este capítulo forma parte de los aspectos que generan discusiones dentro de la Cámara baja y sobre los que el oficialismo intenta alcanzar acuerdos antes de avanzar con el dictamen.
Objeciones al artículo sobre campañas de desinformación
Otro de los puntos que generó diferencias es el artículo 111.
Tanto el PRO como la UCR anticiparon su rechazo a esa disposición.
El artículo establece penas de entre 5 y 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación.
También contempla dentro de esas sanciones a quienes promuevan actos de violencia o sabotaje contra el Estado o contra la población argentina.
Las objeciones están relacionadas particularmente con la definición de las campañas de desinformación y con las posibles consecuencias de su aplicación.
Los cuestionamientos coinciden con planteos realizados por organizaciones vinculadas con la actividad periodística, entre ellas la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).
Según las advertencias formuladas alrededor del proyecto, una redacción demasiado “laxa” sobre las campañas de desinformación podría generar consecuencias sobre la libertad de expresión.
El Gobierno busca llevar el proyecto al recinto
El desafío inmediato para La Libertad Avanza será conseguir un texto que permita mantener el respaldo de sus aliados parlamentarios.
El proyecto podría tratarse junto con otras iniciativas relacionadas con discapacidad, endeudamiento, Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que incluye la restitución de la ley de tierras—, trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y vandalismo rural.
Las conversaciones con el PRO, la UCR y el MID serán determinantes para definir qué modificaciones acepta el oficialismo y cuál será finalmente el texto que llegue a la Cámara de Diputados para su votación.
