San Juan aprobó una ley para subastar vehículos retenidos en depósitos judiciales
La Cámara de Diputados sancionó una norma que permitirá subastar autos, camionetas y motos decomisados o destinar sus partes a la venta, siempre que los informes técnicos lo permitan. Los fondos obtenidos tendrán destinos sociales y ambientales.
La Cámara de Diputados de San Juan aprobó una normativa que permitirá subastar vehículos acumulados en depósitos judiciales antes de que pierdan su utilidad, con el objetivo de agilizar los procedimientos, reducir el impacto ambiental y obtener mayores recursos económicos a partir de esos bienes.
La denominada ley de chatarra contempla autos, camionetas y motos que hayan sido radiados, decomisados o alcanzados por otras medidas que impidan que continúen siendo utilizados por sus propietarios.
El diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba explicó que los vehículos podrán ser vendidos completos para continuar circulando o bien destinarse a la comercialización de sus autopartes, siempre que los informes técnicos determinen que están en condiciones.
Qué busca la nueva normativa
Uno de los principales objetivos de la ley es evitar que los vehículos permanezcan durante largos períodos acumulados en depósitos judiciales hasta deteriorarse por completo.
“Esto es para poder evitar contaminación ambiental, para poder agilizar tiempos, para poder hasta inclusive recaudar un poco más”, sostuvo Córdoba al explicar el alcance de la iniciativa.
El legislador señaló además que la subasta pública de un vehículo que todavía puede utilizarse podría generar una recaudación mayor que la que se obtiene mediante su compactación y posterior venta como chatarra.
De esta manera, la normativa plantea diferentes alternativas para los vehículos retenidos, según su estado y las evaluaciones que se realicen en cada caso.
Qué vehículos podrán ser subastados
La ley comprende a los vehículos que se encuentran depositados luego de haber sido radiados, decomisados o afectados por medidas que impiden su utilización por parte de sus propietarios.
Antes de que se determine cuál será el destino de cada unidad, deberán intervenir la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Seguridad.
Ambas áreas tendrán que elaborar informes que permitan establecer si los vehículos se encuentran en condiciones de volver a ser utilizados.
Cuando los estudios sean favorables, podrán ser incluidos en una subasta pública para que vuelvan a circular.
La normativa también contempla que, cuando corresponda, puedan comercializarse determinadas partes de los vehículos en lugar de vender la unidad completa.
La reglamentación definirá cómo funcionará el sistema
La ley sancionada todavía deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo provincial para que pueda comenzar a aplicarse.
Córdoba explicó que el procedimiento estaría a cargo del Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.
El diputado no precisó cuánto tiempo podría demandar la reglamentación.
El Ejecutivo deberá definir cuestiones operativas vinculadas con la implementación, entre ellas qué vehículos podrán incorporarse a las subastas y con qué frecuencia se realizarán esos procedimientos.
Esas decisiones dependerán de los informes elaborados por las áreas de Ambiente y Seguridad y de las disposiciones que finalmente establezca la reglamentación.
El destino del dinero de las subastas
Los fondos obtenidos mediante la venta de los vehículos no tendrán un destino general.
Según explicó Córdoba, la propia ley establece que el dinero recaudado deberá aplicarse a finalidades específicas.
Entre ellas aparecen obras vinculadas con cuestiones sociales, programas ambientales y otras acciones incluidas dentro de la normativa aprobada.
La intención es que la recuperación económica de vehículos que todavía tengan utilidad se combine con una reducción de los problemas ambientales ocasionados por la acumulación de unidades en los depósitos.
Además, la posibilidad de vender un vehículo completo podría generar un ingreso mayor que su comercialización únicamente como material de descarte.
Qué ocurrirá con los propietarios de los vehículos decomisados
La nueva ley no modifica el criterio vigente para quienes pierden un vehículo como consecuencia de un decomiso.
“Si se le decomisa el vehículo, pierde el dominio del vehículo”, explicó Córdoba al referirse a la situación jurídica del propietario.
A partir de allí, la eventual subasta dependerá del cumplimiento de las condiciones previstas en la normativa y de los informes que permitan establecer cuál será el destino de la unidad.
Con la sanción legislativa concretada, el próximo paso será la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo provincial, que deberá establecer el procedimiento definitivo para poner en marcha las subastas y determinar cómo se administrarán los vehículos comprendidos por la nueva ley.
