Presupuesto 2027: cambios en discapacidad generaron tensión dentro del Gobierno y obligaron a reabrir las negociaciones
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso incorporó modificaciones en pensiones y prestaciones por discapacidad que, según fuentes parlamentarias citadas por distintos medios, no eran conocidas por varios legisladores oficialistas y aliados. El capítulo volvió a poner en discusión el financiamiento del sistema y complicó las negociaciones en Diputados.
El tratamiento del Presupuesto 2027 sumó un nuevo foco de tensión para el Gobierno nacional luego de que el proyecto enviado al Congreso incluyera modificaciones de fondo en el sistema de discapacidad.
La iniciativa incorpora cambios en las pensiones no contributivas, el acceso a los beneficios y el esquema de aranceles de las prestaciones, en momentos en que el Congreso también discute la continuidad de la emergencia en discapacidad.
Según fuentes parlamentarias citadas por Infobae, varios legisladores oficialistas y dirigentes que participaban de las negociaciones con bloques aliados aseguraron que no conocían en detalle el contenido de los cambios incorporados al proyecto presupuestario. Esa situación generó malestar y obligó a recomponer las conversaciones políticas.
Qué cambios plantea el Presupuesto
Uno de los puntos centrales de la iniciativa está relacionado con el régimen de pensiones no contributivas por discapacidad.
El proyecto modifica el criterio vigente y vuelve a introducir el concepto de invalidez laboral como uno de los elementos para determinar el acceso al beneficio. También plantea cambios respecto del papel que actualmente tiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
De acuerdo con el texto analizado por Chequeado, el proyecto elimina el acceso directo a la pensión basado en la acreditación mediante el CUD y establece que los requisitos específicos queden sujetos a la reglamentación del Poder Ejecutivo.
Además, la propuesta establece modificaciones sobre la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal.
Actualmente existen mecanismos que permiten compatibilizar determinados ingresos laborales con el cobro de la pensión bajo determinadas condiciones. El proyecto enviado por el Ejecutivo plantea una incompatibilidad con el empleo formal, según el análisis publicado sobre el articulado.
Cambios en las prestaciones y el nomenclador
Otro de los capítulos que generó preocupación está relacionado con el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.
El proyecto elimina el esquema de aranceles uniformes que establece valores comunes para las prestaciones y modifica también el mecanismo de actualización.
Según el análisis del proyecto, en lugar de mantener un valor único actualizado de acuerdo con la evolución de los precios, el nuevo esquema permitiría una mayor diferenciación de valores entre prestadores y financiadores.
El cambio abrió un debate entre legisladores y organizaciones vinculadas con la discapacidad, que advierten sobre las consecuencias que podría tener una eventual modificación del sistema de aranceles.
Desde el sector de prestadores cuestionaron particularmente la eliminación de valores universales, mientras que desde la oposición sostuvieron que la modificación podría generar diferencias en el acceso a las prestaciones según la jurisdicción o la cobertura. Esas son posiciones expresadas por actores involucrados en el debate y no una conclusión independiente sobre el impacto final de la medida.
El capítulo que sorprendió a los propios aliados
La discusión política adquirió una dimensión particular porque el Gobierno venía negociando con distintos bloques opositores dialoguistas una alternativa para avanzar con la legislación vinculada a la emergencia en discapacidad.
Sin embargo, el texto del Presupuesto 2027 incorporó modificaciones que, según fuentes parlamentarias, no habían sido contempladas en esas conversaciones.
Infobae informó que en Diputados varios legisladores manifestaron que “nadie sabía nada” sobre el contenido de ese capítulo y que el proyecto, tal como fue presentado, complicaba el entendimiento que se venía construyendo con los bloques aliados.
La situación también generó cuestionamientos dentro del propio oficialismo. De acuerdo con versiones recogidas por medios nacionales, hubo dirigentes que señalaron falta de coordinación entre distintas áreas del Poder Ejecutivo durante la elaboración del proyecto.
El Gobierno deberá renegociar el capítulo
Ante la reacción que provocó el contenido del proyecto, fuentes del oficialismo señalaron que el capítulo referido a discapacidad tendría que ser revisado durante el tratamiento parlamentario.
La discusión se produce mientras el Congreso analiza, por separado, la emergencia en discapacidad y las modificaciones al sistema de prestaciones.
Por ese motivo, el Presupuesto 2027 no solo tendrá una discusión sobre ingresos, gastos y resultado fiscal. También abrirá un debate específico sobre cómo se financiarán las prestaciones para personas con discapacidad, quiénes podrán acceder a las pensiones y bajo qué condiciones se actualizarán los aranceles.
El proyecto todavía debe atravesar el debate legislativo y puede sufrir modificaciones antes de una eventual aprobación definitiva.
Una discusión que excede al Presupuesto
El conflicto alrededor de este capítulo se suma a una agenda legislativa más amplia en la que el Gobierno busca avanzar con el Presupuesto 2027 y otras reformas, mientras necesita alcanzar acuerdos con bloques que no forman parte de La Libertad Avanza.
En ese escenario, los cambios propuestos para discapacidad se convirtieron en uno de los primeros puntos de fricción del tratamiento presupuestario.
La discusión recién comienza y el texto final dependerá de las negociaciones que se desarrollen en las comisiones y posteriormente en ambas cámaras del Congreso.
