Paraguay: piden destituir a Santiago Peña por una crisis bancaria que afecta a millones
Un grupo de 35 diputados opositores y disidentes del oficialismo presentó un pedido de juicio político contra el presidente paraguayo y su vicepresidente, Pedro Alliana. La intervención del Ueno Bank, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas, desató una crisis financiera y política. El Congreso deberá reunir 53 votos para avanzar con la acusación.
Paraguay atraviesa una crisis política e institucional después de que 35 legisladores presentaran un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, a raíz de la intervención del Ueno Bank, una entidad financiera que enfrenta problemas de solvencia y cuyos clientes permanecen a la espera de recuperar el acceso a sus depósitos.
La iniciativa fue presentada este miércoles 4 de noviembre ante la Cámara de Diputados y cuenta con el respaldo de sectores opositores y legisladores disidentes del oficialismo. Los impulsores de la medida acusan al mandatario de presunto mal desempeño de sus funciones y conflicto de intereses por sus vínculos empresariales anteriores con el grupo propietario del banco.
El pedido abrió un nuevo escenario de tensión política en Paraguay, debido a que la entidad intervenida cuenta con aproximadamente tres millones de clientes que resultaron afectados por las restricciones para operar con sus cuentas.
Los legisladores solicitaron una sesión extraordinaria para este jueves 5 de noviembre, con el objetivo de debatir el proceso de destitución. Sin embargo, para que la acusación avance, será necesario alcanzar una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja.
Por qué la oposición pide la destitución de Santiago Peña
La solicitud de juicio político está directamente relacionada con la situación del Ueno Bank y los vínculos que el presidente paraguayo mantuvo con el grupo empresarial que controlaba la entidad financiera.
Peña fue accionista de una compañía relacionada con el banco hasta 2025, cuando se desvinculó de esa participación.
Los legisladores que impulsan el proceso consideran que existen elementos para investigar un presunto conflicto de intereses y cuestionan las responsabilidades institucionales en la supervisión de las operaciones bancarias.
La acusación también incluye señalamientos sobre la administración de fondos previsionales y presuntos encubrimientos relacionados con la actuación de los organismos de control. Se trata de denuncias formuladas por los impulsores del juicio político, no de responsabilidades judicialmente comprobadas.
El documento fue presentado por los diputados Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo, con el acompañamiento de otros integrantes de la oposición y sectores disidentes del Partido Colorado.
La iniciativa está fundamentada en el artículo 225 de la Constitución paraguaya, que establece el procedimiento para promover un juicio político contra autoridades del Poder Ejecutivo.
H. Cámara de Diputados del Paraguay+1
El Banco Central intervino Ueno Bank por problemas de solvencia
La crisis comenzó después de que el Banco Central de Paraguay (BCP) dispusiera, el martes 3 de noviembre, la intervención de Ueno Bank.
La decisión se adoptó luego de comprobar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la regulación bancaria paraguaya.
El organismo de control avanzó con la intervención debido a la situación patrimonial del banco y a las dificultades para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.
La medida provocó la suspensión de las operaciones de la entidad y generó incertidumbre entre sus clientes, que comenzaron a reclamar información sobre la disponibilidad de sus ahorros.
La situación también despertó preocupación por sus posibles consecuencias sobre el funcionamiento del sistema financiero paraguayo.
Ueno Bank cuenta con una importante cantidad de usuarios, por lo que las restricciones alcanzaron a un sector considerable de la población.
Millones de clientes esperan recuperar sus depósitos
Uno de los principales problemas derivados de la intervención es la situación de los ahorristas que mantienen dinero depositado en la entidad.
Según la información difundida, aproximadamente tres millones de personas resultaron afectadas por las restricciones bancarias.
La preocupación se concentra en los mecanismos previstos para recuperar los fondos y en los plazos que podrían demandar los procedimientos de devolución.
En Paraguay, el Fondo de Garantía de Depósitos establece una cobertura equivalente a 75 salarios mínimos.
Actualmente, ese límite representa 228,3 millones de guaraníes por depositante, aproximadamente 38.300 dólares.
La cobertura constituye uno de los elementos centrales para los clientes que buscan conocer qué sucederá con sus ahorros después de la intervención.
Sin embargo, la existencia de ese mecanismo no significa que todos los depósitos puedan recuperarse de manera inmediata, ya que su aplicación depende de los procedimientos establecidos por las autoridades correspondientes.
La crisis provocó cambios en la conducción del Banco Central
La intervención del Ueno Bank también tuvo consecuencias dentro del organismo encargado de supervisar el sistema financiero.
El titular del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, dejó su cargo en medio de la crisis, a pedido del presidente Santiago Peña.
Posteriormente, el mandatario dispuso la designación de Pedro de Jesús Acosta para ocupar la conducción de la entidad.
El cambio se produjo mientras las autoridades buscaban responder a los problemas derivados de la intervención bancaria.
La salida de Carvallo se convirtió en otro de los acontecimientos que marcaron la crisis institucional, en un escenario de cuestionamientos políticos sobre la actuación de los organismos reguladores.
Cuántos votos necesita la oposición para destituir al presidente
La presentación de la acusación no implica la destitución automática de Santiago Peña.
Para que el proceso avance, la Cámara de Diputados debe aprobar el pedido mediante una mayoría de dos tercios.
El cuerpo legislativo está integrado por 80 diputados, por lo que se necesitan 53 votos para aprobar la acusación y remitirla al Senado.
Hasta el momento, la presentación cuenta con el respaldo de 35 legisladores, una cifra insuficiente para alcanzar la mayoría requerida.
En caso de que la Cámara Baja reúna los votos necesarios, el procedimiento continuará en el Senado paraguayo, que deberá actuar como órgano encargado de juzgar a los funcionarios acusados.
En esa instancia, una eventual destitución requiere el voto favorable de 30 de los 45 senadores.
La composición del Congreso será determinante para el avance del procedimiento, debido a que el Partido Colorado, fuerza política a la que pertenece Peña, cuenta con una representación mayoritaria en ambas cámaras.
Qué dijo el Gobierno paraguayo sobre la intervención bancaria
En medio de los cuestionamientos políticos, Santiago Peña planteó que la prioridad debe ser la protección de los depositantes afectados por la situación del Ueno Bank.
El mandatario también manifestó que las personas responsables de eventuales irregularidades deberán responder ante la Justicia.
No obstante, hasta la presentación del pedido de juicio político, el presidente no había realizado un pronunciamiento público específico sobre la iniciativa parlamentaria que busca su destitución.
La investigación sobre la situación del banco continúa por las vías correspondientes, mientras las autoridades financieras trabajan sobre las consecuencias de la intervención.
Reuters+1
El Congreso debatirá el pedido en medio de la crisis financiera
La sesión extraordinaria solicitada para este jueves 5 de noviembre representa una nueva instancia dentro del conflicto institucional.
Los legisladores que impulsaron la acusación deberán buscar nuevos respaldos parlamentarios para alcanzar los 53 votos necesarios en la Cámara de Diputados.
En paralelo, continúa la incertidumbre de los clientes del Ueno Bank, que esperan precisiones sobre los mecanismos de devolución de sus depósitos.
Santiago Peña asumió la Presidencia de Paraguay en 2023 y su mandato constitucional se extiende hasta 2028.
Por el momento, el presidente continúa en funciones y no existe una decisión parlamentaria que disponga su destitución. El pedido presentado por los 35 legisladores constituye el inicio de un procedimiento que deberá cumplir las mayorías previstas por la Constitución paraguaya para poder avanzar.
La evolución de la crisis bancaria y el debate legislativo marcarán los próximos pasos de un conflicto que involucra tanto a las autoridades políticas como al sistema financiero del país.
