Mendoza activó una emergencia por 180 días ante el impacto previsto de El Niño
El Gobierno de Mendoza puso en marcha un plan de contingencia por 180 días para enfrentar los posibles efectos de El Niño, con foco en la prevención de tormentas, inundaciones y daños sobre infraestructura y servicios esenciales. La medida fue instrumentada a través de la promulgación de la Ley Nº 9.740.
La normativa declara el estado de emergencia durante 180 días corridos y contempla la posibilidad de extender ese plazo por otros 180 días mediante decreto, en caso de que las condiciones climáticas y sus consecuencias así lo requieran.
El objetivo principal es acelerar la capacidad de respuesta del Estado provincial ante situaciones vinculadas con eventos hidrometeorológicos, priorizando tanto las acciones preventivas como la asistencia a los sectores considerados de mayor vulnerabilidad territorial.
Un esquema pensado para actuar antes de las emergencias
La ley establece un mecanismo especial que busca permitir al Ejecutivo provincial actuar con mayor rapidez frente a escenarios que puedan generar daños materiales y sociales.
A diferencia de otros esquemas de emergencia que se activan una vez producido el impacto, el plan apunta a anticiparse mediante intervenciones sobre infraestructura, drenajes, caminos, cauces y servicios esenciales.
El Gobierno mendocino podrá así ejecutar acciones preventivas en aquellas áreas consideradas críticas antes de que las tormentas o crecidas provoquen consecuencias mayores.
Compras y obras podrán realizarse con procedimientos más ágiles
Uno de los puntos centrales de la Ley Nº 9.740 es la flexibilización temporal del régimen general de contrataciones públicas.
Durante el período de emergencia, el Poder Ejecutivo y sus reparticiones descentralizadas podrán avanzar con adjudicaciones de manera inmediata cuando se trate de obras, compras o servicios directamente vinculados con la contingencia.
La normativa establece, sin embargo, que esas contrataciones deberán respetar criterios de transparencia, razonabilidad y competencia entre proveedores.
También fija un límite concreto: este procedimiento excepcional no podrá utilizarse para afrontar gastos cotidianos o previsibles de la administración pública.
Drenajes, saneamiento y rutas entre las prioridades
El plan contempla una serie de trabajos considerados prioritarios para reducir los riesgos asociados a tormentas e inundaciones.
Entre ellos se encuentran la limpieza, adecuación y ejecución de obras urgentes en canales y cauces de agua.
También podrán realizarse intervenciones en redes pluviales y cloacales, con el objetivo de mejorar la capacidad de drenaje en sectores expuestos a acumulaciones de agua.
Otro de los ejes será el mantenimiento preventivo de rutas y caminos provinciales.
La estrategia incluye además la ampliación de la red de sensores y sistemas de información meteorológica para mejorar el seguimiento de las condiciones climáticas y facilitar la toma de decisiones ante eventuales emergencias.
El presupuesto podrá ser reasignado para afrontar la contingencia
La emergencia habilita al Gobierno provincial a realizar modificaciones presupuestarias para garantizar la continuidad de los trabajos.
La normativa permite reasignar o ampliar partidas con el objetivo de asegurar los fondos necesarios para las tareas vinculadas con prevención, infraestructura y asistencia.
De esta manera, el esquema busca evitar que las limitaciones presupuestarias demoren intervenciones consideradas urgentes durante el período de vigencia de la emergencia.
Los controles ambientales seguirán vigentes
La rapidez prevista para ejecutar obras y contrataciones no implicará la suspensión de los controles ambientales.
El artículo 6º de la ley determina que seguirán siendo obligatorias las evaluaciones de impacto ambiental y los controles relacionados con el ordenamiento territorial.
Las autoridades competentes deberán continuar supervisando esos procedimientos aun cuando las obras se desarrollen bajo el régimen extraordinario de emergencia.
El Ministerio de Gobierno coordinará el operativo
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno de Mendoza.
El organismo tendrá un plazo de diez días hábiles para establecer la reglamentación correspondiente y definir los mecanismos operativos necesarios para aplicar la ley.
El plan deberá articularse con los municipios, las empresas prestadoras de servicios y el Departamento General de Irrigación.
Los informes técnicos elaborados por ese organismo tendrán un papel central en la identificación de zonas críticas y en la determinación de las intervenciones prioritarias.
Habrá una rendición de cuentas al finalizar la emergencia
La normativa también incorpora un mecanismo de control posterior sobre las medidas y recursos utilizados durante el período extraordinario.
Dentro de los 90 días corridos posteriores a la finalización de la emergencia, el Ministerio de Gobierno deberá elaborar y publicar un informe detallado sobre las acciones realizadas.
Ese documento también tendrá que ser elevado a la Legislatura provincial para su correspondiente auditoría.
De esta manera, Mendoza activó un esquema preventivo de 180 días que combina mayor rapidez administrativa, inversión en infraestructura y mecanismos posteriores de control ante la amenaza de tormentas e inundaciones asociadas con El Niño.
