La Justicia ordenó preservar las cámaras del paso de Flavio Bolsonaro por Argentina

La jueza federal María Eugenia Capuchetti solicitó conservar registros de Migraciones, Aduana, Gendarmería y el Aeropuerto Internacional de Iguazú. También requirió informes para determinar si existían alertas, restricciones o pedidos de cooperación vinculados con la situación judicial del senador brasileño. En Misiones, el fiscal Fabián Martínez descartó irregularidades migratorias y remitió otros aspectos del caso a Comodoro Py.

La Justicia federal avanzó con una serie de medidas destinadas a reconstruir el ingreso a la Argentina y la posterior salida hacia Estados Unidos de Flavio Bolsonaro, luego de las denuncias que pusieron bajo análisis la actuación de organismos y funcionarios nacionales durante el paso del senador brasileño por el país.

La jueza federal de Comodoro Py María Eugenia Capuchetti, a partir de un pedido de la fiscal Paloma Ochoa, ordenó preservar imágenes de distintas cámaras de seguridad vinculadas con los movimientos de Bolsonaro y su familia durante el 27 y 28 de octubre.

Las medidas alcanzan registros del paso fronterizo, de la Dirección Nacional de Migraciones, de ARCA, de Gendarmería Nacional, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Aeropuerto Internacional de Iguazú.

Además, la magistrada requirió información a distintos organismos nacionales para establecer si existían requerimientos judiciales, restricciones migratorias, alertas o solicitudes de cooperación internacional relacionadas con Bolsonaro.

Por el momento, las diligencias dispuestas tienen carácter de medidas “preliminares”. La fiscal Ochoa deberá analizar la información obtenida y determinar posteriormente si existen elementos suficientes para impulsar formalmente una causa penal.

Qué resolvió la Justicia federal de Misiones

En paralelo, el fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, analizó las denuncias presentadas en esa jurisdicción por la diputada Marcela Pagano, del bloque Coherencia, y un grupo de abogados.

El representante del Ministerio Público Fiscal requirió informes sobre los movimientos migratorios y concluyó que no existían irregularidades en el ingreso a la Argentina de Flavio Bolsonaro, su esposa Fernanda y sus hijas Luiza y Carolina.

Martínez también verificó si existía algún pedido de captura internacional contra el senador brasileño o si durante su ingreso al país se había vulnerado algún mecanismo de cooperación regional.

Según su análisis, no existía un requerimiento de detención internacional.

El fiscal consideró además que una eventual infracción al DNU 366/25, que introdujo modificaciones en los procedimientos migratorios, podría quedar circunscripta al ámbito administrativo.

La normativa establece impedimentos para el ingreso y permanencia en la Argentina de personas que omitan informar acerca de la existencia de causas judiciales.

Sin embargo, los aspectos relacionados con eventuales decisiones adoptadas desde el Poder Ejecutivo y el posible uso de recursos o estructuras del Estado fueron enviados a los tribunales federales de Retiro.

De esa manera, una parte de las actuaciones terminó bajo análisis del juzgado de Capuchetti.

La resolución adoptada en Misiones también puede ser revisada por otro fiscal.

La denuncia de Marcela Pagano

Después de conocerse la decisión judicial en Misiones, Pagano publicó un mensaje en la red social “X” en el que sostuvo:

“Desde el Gobierno nacional están apretando a la justicia y a los funcionarios de Misiones para que no salgan a la luz las pruebas (fotos y videos) que involucran a funcionarios del Ejecutivo apoyando la fuga de Bolsonaro. Por eso, como imaginé que esto iba a pasar, les aviso algo: la denuncia también la radiqué en los tribunales federales de Brasil”.

La legisladora afirmó además que recibió llamados en los que le relataron supuestas presiones sobre efectivos policiales que participaron de la custodia de Bolsonaro hasta el momento de su salida del país.

Esas afirmaciones forman parte de los planteos realizados por la diputada y deberán ser evaluadas judicialmente.

Las denuncias que llegaron a Comodoro Py

Las primeras denuncias presentadas en los tribunales federales porteños fueron impulsadas por Gabriel Solano, del Frente de Izquierda, y por el diputado socialista Esteban Paulón.

Ambas presentaciones fueron acumuladas en el juzgado federal encabezado por Capuchetti y quedaron bajo intervención de la fiscalía de Paloma Ochoa.

Durante la noche del miércoles, Ochoa solicitó una serie de medidas preliminares destinadas a reunir elementos antes de decidir si corresponde impulsar una investigación penal.

Capuchetti ordenó parte de esas diligencias durante la mañana del jueves.

Los denunciantes señalaron al presidente Javier Milei, al canciller Pablo Quirno, a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y al asesor Santiago Caputo, entre otros funcionarios.

Entre las figuras penales mencionadas en las denuncias aparecen encubrimiento, tráfico de personas, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y facilitación de la permanencia ilegal.

La existencia de esas denuncias no implica que los delitos mencionados hayan sido comprobados. La investigación se encuentra en una etapa inicial destinada precisamente a establecer si existen elementos para avanzar.

Las imágenes que ordenó preservar Capuchetti

Uno de los principales puntos de la resolución judicial está relacionado con la conservación de los registros fílmicos.

La jueza solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones preservar las imágenes correspondientes al paso fronterizo entre las 18 y las 23:30 del 27 de octubre de 2026.

También pidió a ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, las filmaciones correspondientes a las cámaras instaladas en el Aeropuerto Internacional de Iguazú.

En ese caso, la orden comprende además los registros de los escáneres existentes en la terminal aérea entre las 21 del 27 de octubre y la 1 del 28 de octubre.

A Gendarmería Nacional le fueron requeridas las imágenes correspondientes al paso fronterizo “Tancredo Neves” durante el 27 de octubre entre las 18 y las 23:30.

Por su parte, la Policía de Seguridad Aeroportuaria deberá preservar y resguardar los registros del aeropuerto hasta la 1 de la madrugada del 28 de octubre.

La empresa Aeropuertos Argentina también recibió un pedido específico.

La Justicia solicitó las imágenes en las que pueda observarse el ingreso de Bolsonaro y su familia al aeropuerto y “del abordaje de los tripulantes, pilotos y pasajeros y del equipaje que haya sido ingresado al vuelo de la aeronave Gulfstream G400, con matrícula LV-JQW, que habría despegado ese día, a las 23:30, con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador”.

La aeronave privada pertenece a la empresa Baires Fly, mencionada también en las denuncias presentadas ante la Justicia.

Migraciones y Cancillería deberán presentar informes

Capuchetti también requirió información específica al Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería deberá precisar si, antes del paso de Bolsonaro por territorio argentino el 27 de octubre, recibió o envió comunicaciones, requerimientos o solicitudes de cooperación de autoridades extranjeras vinculadas con la situación judicial o migratoria del senador brasileño.

A la Dirección Nacional de Migraciones se le ordenó “que informe acerca de los procedimientos de control migratorio aplicados en ambos movimientos, con especial referencia a la documentación exigible y las verificaciones efectivamente realizadas”.

El organismo deberá informar también si antes del ingreso de Bolsonaro había recibido alguna alerta, restricción migratoria, prohibición para abandonar territorio brasileño o algún requerimiento judicial relacionado con su situación.

Las causas que enfrenta Bolsonaro en Brasil

El senador brasileño se encuentra involucrado en dos investigaciones judiciales en su país.

Una de ellas está relacionada con una investigación por evasión y lavado de activos mediante plataformas de apuestas vinculadas con su amigo y abogado Willer Tomaz.

Dentro de ese expediente se había dispuesto el bloqueo de 1.150 millones de dólares.

Tras confirmarse el resultado electoral, el juez Alexandre de Moraes había ordenado a Bolsonaro entregar sus pasaportes brasileño y diplomático con el objetivo de impedir que abandonara el país.

La medida no fue cumplida.

Sin embargo, al momento de su ingreso a la Argentina no existía un pedido internacional de captura.

La segunda investigación está vinculada también con presuntas maniobras de lavado y con aproximadamente 10 millones de dólares atribuidos al exbanquero Daniel Vorcaro para la película “Dark Horse”, relacionada con Jair Bolsonaro.

La Policía Federal de Brasil informó posteriormente que no existían registros de una salida de Flavio Bolsonaro del territorio brasileño mediante los controles habituales.

Las circunstancias en las que abandonó Brasil y posteriormente ingresó a la Argentina forman parte del contexto que ahora deberá ser analizado junto con los registros migratorios, las comunicaciones entre organismos y las imágenes solicitadas por la Justicia argentina.

Con esas medidas, la investigación buscará determinar cómo se desarrollaron los movimientos del senador brasileño y su familia, qué controles fueron aplicados y si existieron actuaciones que puedan tener relevancia penal.