La Justicia le dio cinco días al Gobierno para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario
La intimación se conoció durante el segundo día consecutivo de paro de docentes y no docentes universitarios. El juez Martín Cormick advirtió que, si el Ejecutivo no cumple con la medida cautelar vigente, podrá aplicar multas por cada día de demora.
Mientras las universidades nacionales atraviesan el segundo día consecutivo de paro de docentes y trabajadores no docentes, la Justicia volvió a intervenir en el conflicto por el financiamiento universitario y le dio al Gobierno nacional un plazo de cinco días para cumplir con la medida cautelar vinculada con la Ley 27.795.
La resolución fue dictada por Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, quien consideró que el Estado nacional no acreditó el cumplimiento total de la medida cautelar que se encuentra vigente.
El magistrado intimó al Poder Ejecutivo a dar “efectivo cumplimiento” a lo dispuesto en un plazo de cinco días y advirtió que, en caso de incumplimiento, podrá aplicar astreintes, es decir, multas económicas por cada día de demora.
Qué establece la medida judicial
La cautelar alcanza particularmente a los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, que contemplan la actualización de los salarios de docentes y no docentes y la recomposición de las becas destinadas a estudiantes.
El conflicto judicial se inició luego de que representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades reclamaran la aplicación de la normativa sancionada por el Congreso.
La medida cautelar había sido dictada originalmente en diciembre de 2025 y posteriormente fue confirmada en instancias superiores. Según los antecedentes judiciales, la Corte Suprema dejó firme esa cautelar el 25 de junio de 2026.
Qué argumenta el Gobierno
El Ejecutivo había planteado que algunas de las obligaciones establecidas por la ley ya habían comenzado a cumplirse a través de transferencias y acuerdos alcanzados con representantes universitarios y gremiales.
Entre los compromisos informados durante las negociaciones figuraban una transferencia destinada a incrementar la masa salarial, una actualización de los gastos de funcionamiento y fondos adicionales para hospitales universitarios. También se había dispuesto una actualización de las Becas Manuel Belgrano.
Sin embargo, el juez Cormick entendió que no estaba acreditado el cumplimiento integral de la medida cautelar, por lo que decidió avanzar con la intimación al Estado.
El paro universitario también se siente en San Juan
La resolución judicial se conoció durante la segunda jornada consecutiva de paro universitario.
En San Juan, la medida alcanzó tanto a docentes como a trabajadores no docentes de las instituciones universitarias. Desde los sectores gremiales señalaron que el nivel de adhesión volvió a ser elevado, aunque no se difundieron porcentajes oficiales generales para esta jornada.
El conflicto está relacionado principalmente con las negociaciones salariales y el reclamo para que el Gobierno aplique de manera completa la Ley de Financiamiento Universitario.
Los gremios sostienen que existe una pérdida salarial acumulada y reclaman una recomposición. En la última negociación paritaria, el Gobierno había ofrecido un incremento del 3%, propuesta que fue rechazada por las organizaciones sindicales.
Habrá una nueva Marcha Federal Universitaria
El conflicto tendrá además una nueva instancia de movilización. La comunidad universitaria anunció la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, en reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y el cumplimiento de la legislación vigente.
El debate también se proyecta sobre el Presupuesto 2027, ya que las autoridades universitarias cuestionan los recursos previstos para las casas de altos estudios y sostienen que serían insuficientes para cumplir con las obligaciones establecidas por la Ley 27.795.
De esta manera, el conflicto entre el Gobierno y las universidades suma un nuevo capítulo: mientras los gremios mantienen las medidas de fuerza, la Justicia estableció un plazo de cinco días para que el Ejecutivo cumpla con la cautelar vigente, bajo apercibimiento de aplicar multas diarias.
