La Justicia frenó el avance de Sea Lion, el millonario proyecto petrolero frente a Malvinas
La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar a una medida cautelar presentada por excombatientes y organizaciones ambientalistas. La resolución alcanza a Rockhopper y Navitas y suspende perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la explotación petrolera.
La Justicia Federal de Río Grande ordenó frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, frente al archipiélago cuya soberanía es reclamada por la Argentina. La medida alcanza a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, vinculadas con el desarrollo del emprendimiento hidrocarburífero.
La resolución fue dictada este miércoles por la jueza federal Mariel Borruto, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada en el marco de una acción preventiva por daño ambiental colectivo. El planteo fue impulsado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
Qué ordenó la Justicia
La decisión establece que las compañías deberán abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar obras vinculadas con el proyecto Sea Lion.
La medida comprende distintas etapas del emprendimiento, entre ellas:
– La perforación del lecho y subsuelo marino.
– La instalación de infraestructura submarina.
– La colocación de conductos y sistemas de fondeo.
– La instalación de unidades flotantes destinadas a la producción y almacenamiento de hidrocarburos.
– El inicio de la extracción comercial de petróleo.
– Obras vinculadas al desarrollo del proyecto.
La resolución también contempla medidas relacionadas con el financiamiento de las obras y exige a las empresas aportar información sobre el estado actual del emprendimiento.
Un proyecto petrolero ubicado a unos 220 kilómetros de Malvinas
Sea Lion se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
El proyecto es desarrollado por Navitas Petroleum, que posee una participación mayoritaria, junto con Rockhopper Exploration. Ambas compañías habían avanzado con sus planes para desarrollar el yacimiento y comenzar la producción.
La decisión judicial argentina llega en un momento de creciente tensión alrededor de la explotación de hidrocarburos en el área. El Gobierno argentino sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas unilateralmente en el área en disputa vulneran los derechos argentinos sobre los recursos naturales.
El argumento ambiental detrás de la cautelar
Uno de los principales argumentos planteados ante la Justicia está relacionado con la evaluación del impacto ambiental del proyecto.
Según la presentación judicial, las empresas avanzarían con el emprendimiento sin haber realizado ante las autoridades argentinas el procedimiento de evaluación ambiental previsto por la legislación nacional.
La jueza Borruto consideró esos planteos al momento de disponer la medida preventiva. Entre los fundamentos analizados aparecen la cuestión ambiental, el principio de prevención y la discusión vinculada con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
La resolución tiene carácter cautelar. Esto significa que la decisión no representa una sentencia definitiva sobre la responsabilidad de las empresas ni resuelve por sí misma todas las cuestiones planteadas en el expediente.
La disputa por el petróleo vuelve a quedar en el centro de la cuestión Malvinas
El proyecto Sea Lion se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto entre Argentina y el Reino Unido en materia de explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
La administración de Javier Milei ya había anunciado nuevas acciones contra compañías vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas y sus aguas circundantes. En los últimos días, además, el Gobierno argentino avanzó con la intención de endurecer las sanciones para empresas que participen de actividades consideradas ilegítimas por Argentina.
Del otro lado, el Reino Unido sostiene que las autoridades argentinas no tienen jurisdicción sobre las Islas Malvinas ni sobre las actividades desarrolladas bajo las licencias otorgadas por las autoridades isleñas.
De esta manera, la resolución de la Justicia Federal de Río Grande agrega un nuevo capítulo a una disputa que combina soberanía, explotación de recursos naturales, cuestiones ambientales e intereses económicos internacionales.
Qué puede pasar ahora
La medida cautelar impide, mientras se encuentre vigente, que las empresas avancen con las actividades alcanzadas por la resolución judicial.
Además, Rockhopper y Navitas deberán presentar documentación que permita establecer cuál es el estado actual del proyecto y aportar información vinculada con las obras y operaciones previstas.
El expediente continuará su curso y la Justicia deberá avanzar sobre el fondo de la cuestión. Por eso, la cautelar no equivale a una cancelación definitiva de Sea Lion, sino a una suspensión judicial del avance de determinadas actividades mientras se analiza la controversia planteada.
