La Corte Suprema de EE.UU. habilitó a Trump a usar una base de datos para verificar la ciudadanía de votantes
El máximo tribunal estadounidense suspendió las restricciones que pesaban sobre el programa SAVE, una herramienta del Departamento de Seguridad Nacional que permite contrastar información federal con los padrones electorales. La medida es de emergencia y su uso por parte de los estados es voluntario.
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes a la administración de Donald Trump a utilizar nuevamente una base de datos federal para verificar la ciudadanía y el estatus migratorio de personas registradas en los padrones electorales.
La resolución, adoptada como una medida de emergencia, deja en suspenso las restricciones impuestas por un tribunal inferior al programa conocido como SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements), administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El sistema permite a los estados contrastar información de sus registros electorales con datos federales para identificar posibles casos de personas que no reúnen los requisitos de ciudadanía para votar.
Qué decidió la Corte Suprema
La resolución del máximo tribunal suspendió temporalmente el fallo de una jueza federal que en junio había bloqueado la versión ampliada de SAVE.
La magistrada Sparkle L. Sooknanan, del Distrito de Columbia, había considerado ilegal la utilización del sistema en su nueva modalidad y advertido sobre posibles problemas vinculados con la privacidad de los ciudadanos y con la identificación errónea de votantes elegibles. Un tribunal federal de apelaciones había mantenido vigente esa restricción.
La mayoría de la Corte Suprema sostuvo que una ley federal de 1996 habilita al Departamento de Seguridad Nacional a obtener información sobre ciudadanía y situación migratoria de otras agencias y que el Gobierno federal tiene la obligación de responder a los estados que soliciten ese tipo de verificaciones.
El programa SAVE y cómo funcionará
SAVE fue creado originalmente para que las autoridades pudieran verificar la ciudadanía o el estatus migratorio de personas que solicitaban determinados beneficios públicos.
Durante la administración Trump, el Gobierno impulsó una ampliación de sus capacidades para que también pudiera ser utilizado en verificaciones de padrones electorales. Los estados pueden solicitar el cruce de información para comprobar la elegibilidad de los votantes.
Sin embargo, la utilización del sistema por parte de los estados es voluntaria. Además, las normas electorales federales limitan las modificaciones masivas de los padrones durante los 90 días anteriores a una elección, por lo que el impacto inmediato sobre las elecciones legislativas de noviembre podría ser acotado.
La preocupación por posibles errores
Uno de los principales cuestionamientos al sistema está relacionado con la posibilidad de que la base de datos identifique incorrectamente a ciudadanos estadounidenses como personas que no tienen derecho a votar.
La jueza Sooknanan había advertido sobre ese riesgo al bloquear la herramienta. También se registraron casos concretos de personas señaladas erróneamente.
Según información citada por AP, en el condado de Travis, Texas, las autoridades revisaron 97 casos marcados por SAVE como posibles no ciudadanos y determinaron que al menos el 10% —y posiblemente hasta el 21%— eran ciudadanos estadounidenses.
La existencia de esos errores es uno de los argumentos utilizados por organizaciones y funcionarios que cuestionan la expansión del programa.
Hubo una disidencia dentro de la Corte
Las tres juezas identificadas con el ala liberal del tribunal —Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor— votaron en contra de la decisión.
Jackson sostuvo en su disidencia que la base de datos está alcanzada por normas federales de privacidad y advirtió sobre el riesgo de que ciudadanos con derecho a votar sean afectados por errores en los registros.
La decisión fue emitida como una orden de emergencia y no constituye todavía una resolución definitiva sobre todos los aspectos de fondo de la controversia judicial.
El antecedente que había frenado a la administración Trump
En junio, la jueza Sooknanan había bloqueado la utilización ampliada de SAVE después de considerar que el Gobierno había creado y utilizado una base de datos centralizada con información personal de ciudadanos de manera ilegal.
La administración Trump apeló la decisión y posteriormente recurrió a la Corte Suprema para poder volver a utilizar la herramienta antes de las elecciones legislativas de noviembre.
La resolución conocida este viernes permite que, mientras continúa la disputa judicial, los estados puedan recurrir nuevamente al sistema para realizar verificaciones de ciudadanía.
Qué implica la decisión para las elecciones de noviembre
Estados Unidos celebrará sus elecciones legislativas de medio término el 3 de noviembre de 2026. La decisión de la Corte Suprema llega en las semanas previas a esos comicios.
No obstante, el alcance inmediato de la medida tiene límites: los estados no están obligados a utilizar SAVE y las restricciones legales sobre la modificación de padrones durante los 90 días previos a una elección reducen la posibilidad de realizar eliminaciones generalizadas de registros en este período.
La resolución vuelve a colocar en el centro del debate electoral estadounidense el uso de bases de datos federales para verificar la ciudadanía de los votantes, en medio de una disputa judicial todavía abierta sobre privacidad, precisión de los registros y alcance de la intervención federal en la administración electoral.
