“Hace casi 5 años que no sé nada de él”: las madres que buscan a sus hijos en las cárceles de Bukele
Cientos de mujeres recorren prisiones, juzgados y oficinas públicas de El Salvador para intentar conocer el paradero y la situación de familiares detenidos bajo el régimen de excepción. Algunas aseguran que llevan años sin poder verlos ni hablar con ellos.
“Desde que me lo agarraron, no lo he visto. No sé si existe o no existe”. La frase de Marcela Alvarado resume la incertidumbre que atraviesan cientos de familias salvadoreñas desde la puesta en marcha del régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele.
Su hijo, José Duval Mata Alvarado, fue detenido el 18 de abril de 2022 cuando regresaba de trabajar como tractorista. Fue acusado de pertenecer a una organización ilícita y trasladado al sistema penitenciario. Desde entonces, su madre asegura que prácticamente no ha tenido contacto con él.
El caso de Marcela no es aislado. Mujeres que comenzaron a encontrarse en las puertas de las cárceles y los tribunales terminaron organizándose en un colectivo denominado Madres por la Libertad, desde el que reclaman información sobre sus familiares, visitas penitenciarias y procesos judiciales individuales.
Un régimen que lleva más de cuatro años
El régimen de excepción fue decretado el 27 de marzo de 2022, después de una ola de homicidios atribuida a las pandillas que operaban en el país.
La medida permitió ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad y restringió temporalmente determinadas garantías constitucionales. Aunque originalmente fue presentada como una respuesta extraordinaria y transitoria, continúa siendo prorrogada periódicamente.
Según el relevamiento publicado por BBC Mundo, más de 91.000 personas fueron detenidas desde el comienzo del régimen bajo acusaciones relacionadas con la pertenencia o vinculación con organizaciones criminales.
El gobierno de Bukele sostiene que la política permitió desarticular a las principales pandillas y reducir drásticamente los homicidios, convirtiendo la seguridad en uno de los principales argumentos de respaldo a su gestión.
Pero organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos cuestionan la forma en que se produjeron numerosas capturas y denuncian casos de detenciones arbitrarias, falta de información y problemas relacionados con el debido proceso.
Una madre que lleva casi cinco años buscando respuestas
Marcela Alvarado continúa intentando obtener información sobre su hijo.
Según el testimonio recogido por BBC Mundo, dos jueces llegaron a ordenar la liberación de José Duval Mata, pero cuando su madre acudió posteriormente a las instituciones correspondientes recibió información contradictoria y le indicaron que continuaba detenido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como Cecot.
La incertidumbre se convirtió en parte de su vida cotidiana.
Alvarado recorre comisarías, juzgados, procuradurías y establecimientos penitenciarios. En esos lugares encontró a otras mujeres que atravesaban situaciones similares.
“Madres, hermanas, cuñadas, tías”, describe al hablar de quienes se fueron agrupando alrededor del mismo reclamo.
Madres por la Libertad: una organización nacida frente a las cárceles
El colectivo surgió de manera espontánea entre familiares que coincidían en los mismos lugares buscando información.
Con el tiempo, esas mujeres comenzaron a compartir datos, gastos de transporte, contactos y asesoramiento para intentar localizar a sus familiares.
Actualmente, Madres por la Libertad reúne a cientos de mujeres y realiza distintas acciones para reclamar información y mejores condiciones de comunicación con los detenidos.
Entre las actividades desarrolladas hubo presentaciones ante la Dirección General de Centros Penales, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Asamblea Legislativa.
También realizaron una caminata de tres días hasta la Casa Presidencial.
Cada mes, algunas de ellas se concentran en las escalinatas de la Catedral Metropolitana de San Salvador con fotografías de sus familiares.
La vida de las familias también cambió
El impacto de las detenciones no queda limitado a las personas encarceladas.
En muchos casos, quienes fueron detenidos eran los principales sostenes económicos de sus hogares. Madres y abuelas pasaron a hacerse cargo de hijos y nietos y, al mismo tiempo, comenzaron a afrontar los gastos relacionados con las visitas y la asistencia a sus familiares presos.
BBC Mundo recoge el caso de mujeres que deben reunir dinero para trasladarse hasta los centros penitenciarios y llevar paquetes con alimentos y artículos de higiene.
En algunos casos, ese paquete mensual puede representar alrededor de US$100, una suma considerable para familias de bajos ingresos.
Un informe de Cristosal publicado en 2023 ya había advertido que las mujeres se encontraban entre los grupos más afectados por el régimen, debido a que asumían tareas como localizar a los detenidos, conseguir alimentos y medicamentos, afrontar costos legales y cuidar a menores y adultos mayores.
Familias que quedaron divididas
El problema atraviesa comunidades enteras.
Carolina Martínez, por ejemplo, continúa esperando a su esposo Cristian Donely Ruiz Pineda, detenido en julio de 2022 en su vivienda de la isla Espíritu Santo.
Según su testimonio, en esa pequeña comunidad fueron detenidas varias personas y algunas continúan encarceladas.
Otro caso es el de los hermanos Marcos Neftaly y David Ernesto Coreto Martínez, detenidos en mayo de 2022. Su hermana Leyla Arely asegura que actualmente se encuentran en una granja penitenciaria de Santa Ana y que la familia intenta mantenerse informada sobre su situación.
La organización entre las mujeres de esas comunidades se convirtió, para muchas, en una forma de enfrentar el aislamiento.
El gobierno defiende la política de seguridad
El gobierno de Bukele sostiene que el régimen de excepción fue determinante para reducir la violencia criminal que durante años afectó a El Salvador.
El presidente ha defendido las detenciones y ha reconocido que algunas personas fueron encarceladas injustamente, pero sostiene que esos casos fueron excepcionales y que miles de personas ya fueron liberadas.
Según el reporte de BBC Mundo, Bukele afirmó que las fuerzas de seguridad habían cometido “un par de errores” y señaló que alrededor de 7.000 personas habían recuperado la libertad.
La Presidencia salvadoreña fue consultada por BBC Mundo específicamente sobre los reclamos de Madres por la Libertad, pero al momento de la publicación del informe no había respondido.
Juicios colectivos y un sistema judicial bajo presión
Otro de los puntos controvertidos es la forma en que se procesan las causas.
Una reforma de la legislación contra el crimen organizado amplió el período de detención provisional y permitió avanzar hacia procesos colectivos, en los que pueden ser juzgados numerosos acusados dentro de un mismo expediente.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan este mecanismo porque consideran que puede dificultar el acceso individual a la defensa y las garantías del debido proceso.
El argumento oficial apunta, en cambio, a la necesidad de procesar un volumen extraordinario de casos después de las decenas de miles de detenciones realizadas desde 2022.
La otra cara de la reducción de los homicidios
La estrategia de seguridad de Bukele produjo una transformación profunda en los índices de violencia de El Salvador y constituye uno de los principales argumentos utilizados por el gobierno para defender el régimen.
Pero las cifras de seguridad conviven con otra realidad: la de miles de familias que todavía esperan información, procesos judiciales o la liberación de sus seres queridos.
Para las mujeres agrupadas en Madres por la Libertad, el paso del tiempo constituye uno de los principales problemas.
Al comienzo del régimen, muchas familias aguardaban que las detenciones fueran temporales. Cuatro años después, algunas continúan sin poder ver a sus familiares.
“Hoy, cuatro años después, no queremos que se normalice y que se olvide que siguen allí dentro”, es el reclamo que sintetiza la preocupación del colectivo.
La discusión sobre el modelo de seguridad salvadoreño queda así atravesada por dos realidades que conviven: la fuerte caída de la violencia criminal y las denuncias sobre detenciones arbitrarias, falta de información y garantías procesales. El desafío para las autoridades es determinar cómo sostener los avances en seguridad al mismo tiempo que se aseguran procedimientos judiciales individuales y mecanismos efectivos para que las familias sepan dónde están sus seres queridos y cuál es su situación legal.
