Global Market: allanaron sus oficinas por la causa que investiga más de $4.000 millones

La Justicia Federal realizó un procedimiento en la sede de calle Mendoza 31 Sur, en Capital, más de seis meses después de la primera denuncia. La investigación reúne a alrededor de 45 personas que denunciaron la desaparición de fondos entregados a la firma para inversiones. Gustavo Omar Ahumada estuvo presente durante el operativo, mientras que Miguel Ángel Cañada no se presentó.

La causa que investiga la presunta estafa vinculada a Global Market tuvo un nuevo avance en San Juan. Por orden de la Justicia Federal, este jueves 1 de octubre se realizó un allanamiento en las oficinas donde funcionaba la firma investigada, en el marco de un expediente cuyo perjuicio económico denunciado supera los $4.000 millones.

El procedimiento se concretó más de seis meses después de la presentación de la primera denuncia y luego de que la Justicia provincial se declarara incompetente para continuar con la investigación.

El operativo se desarrolló alrededor de las 11:00 en el inmueble ubicado en Mendoza 31 Sur, entre avenida Libertador General San Martín y Laprida, en Capital.

Según la información conocida hasta el momento, el procedimiento se realizó con normalidad. No trascendió oficialmente qué documentación, dispositivos u otros elementos de interés para la causa pudieron haber sido encontrados o secuestrados durante la medida judicial.

Gustavo Ahumada estuvo presente durante el allanamiento

Cuando las autoridades llegaron al establecimiento fueron recibidas por Gustavo Omar Ahumada, uno de los titulares de Global Market y una de las personas señaladas dentro de la investigación.

El otro titular mencionado en el expediente, Miguel Ángel Cañada, no estuvo presente durante el procedimiento.

Hasta el momento tampoco se informó si, además de las oficinas comerciales, se concretaron operativos en otros domicilios relacionados con las personas investigadas.

Los abogados que representan a los denunciantes habían solicitado anteriormente allanamientos en las viviendas particulares de ambos titulares y también en domicilios correspondientes a los hijos de Ahumada.

Estos últimos quedaron bajo análisis en el expediente debido a que se encuentran al frente de otra firma que, según la hipótesis planteada por los denunciantes, habría participado presuntamente en movimientos relacionados con más de 2,5 millones de dólares.

Por ahora se desconoce si la Justicia Federal dispuso procedimientos en esos lugares.

Una causa que comenzó con una denuncia presentada el 4 de marzo

El expediente se inició durante los primeros meses de 2026.

La primera denuncia fue presentada el 4 de marzo y, con el transcurso de los meses, fueron incorporándose nuevos denunciantes.

Actualmente se menciona a alrededor de 45 ciudadanos que habían entregado dinero a Global Market con el objetivo de que esos fondos fueran destinados a operaciones de inversión consideradas de bajo riesgo.

De acuerdo con las denuncias incorporadas a la causa, posteriormente esas personas no pudieron recuperar los fondos entregados.

A medida que se sumaron presentaciones judiciales también fue aumentando la estimación del perjuicio económico.

En mayo, cuando el expediente todavía se encontraba en sus primeras etapas, se hablaba de un monto cercano a los $2.800 millones. Con el avance de las denuncias, la cifra estimada pasó a ubicarse alrededor de los $4.000 millones.

El expediente pasó de la Justicia provincial al fuero federal

Uno de los principales puntos que condicionó el avance de la investigación fue la discusión sobre qué fuero debía intervenir.

La causa comenzó dentro de la Justicia provincial, pero posteriormente se planteó la incompetencia del fuero ordinario.

El juez de Garantías Rodolfo Figuerola resolvió apartar a la Justicia provincial del expediente. Esa decisión fue cuestionada por algunos representantes de los denunciantes.

Posteriormente, el juez de Impugnación Daniel Guillén rechazó los planteos realizados contra la declaración de incompetencia, por lo que la discusión sobre la investigación pasó al ámbito de la Justicia Federal.

El expediente quedó entonces bajo la órbita del juez federal Leopoldo Rago Gallo.

Durante ese período, los representantes de los denunciantes reclamaron la realización de medidas destinadas a preservar pruebas y reconstruir el movimiento de los fondos.

Entre las medidas solicitadas aparecieron allanamientos, secuestros de teléfonos celulares, computadoras y documentación, además de pedidos de información vinculados con las operaciones financieras investigadas.

Qué había dicho Global Market sobre los fondos reclamados

Durante los primeros meses de la causa, Global Market Valores S.A. y GMI Inversiones S.A. reconocieron públicamente la existencia de deudas con inversores, aunque plantearon una explicación diferente sobre la situación.

Las empresas sostuvieron que atravesaban un problema de liquidez y no una situación de insolvencia definitiva.

En ese contexto, informaron que trabajaban sobre un acuerdo de reestructuración con una firma radicada en Barcelona para reorganizar su esquema financiero y preservar activos.

También atribuyeron parte de sus dificultades económicas a la paralización de una cantera ubicada en Valle Fértil, luego de un derrumbe registrado en diciembre de 2024. Según la explicación brindada entonces por las firmas, aquella situación había generado pérdidas superiores a US$1,5 millones.

Esos argumentos forman parte de los antecedentes de una causa en la que la Justicia deberá determinar qué ocurrió efectivamente con el dinero reclamado por los denunciantes y establecer eventuales responsabilidades.

El allanamiento abre una nueva etapa de la investigación

El procedimiento realizado este jueves representa una de las medidas concretas adoptadas desde que el expediente quedó bajo competencia federal.

La expectativa ahora está puesta en determinar si durante el operativo realizado en la sede de Global Market se incorporaron elementos útiles para reconstruir la operatoria de la empresa y seguir el recorrido de los fondos denunciados.

Por el momento, la Justicia no informó públicamente cuáles fueron los resultados del allanamiento ni si hubo secuestro de documentación o dispositivos electrónicos.

Tampoco se confirmó la realización de procedimientos en los domicilios particulares que habían sido señalados por los representantes de los denunciantes.

La investigación continuará en el fuero federal, más de seis meses después de aquella primera presentación realizada el 4 de marzo y con un perjuicio económico que, de acuerdo con las denuncias acumuladas, actualmente se estima por encima de los $4.000 millones.