Financiamiento universitario: el Gobierno apelará el fallo que ordenó aplicar la ley
El Ejecutivo nacional confirmó que recurrirá la decisión del juez federal Martín Cormick, quien declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 utilizada para condicionar la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución judicial ordenó su cumplimiento inmediato, mientras la Casa Rosada sostiene que el Congreso debe definir de dónde saldrán los recursos necesarios.
El Gobierno nacional decidió apelar el fallo judicial que ordenó poner en marcha de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario. La estrategia legal ya comenzó a ser analizada en la Casa Rosada después de conocerse la resolución del juez federal Martín Cormick.
El magistrado declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 mediante la cual el Poder Ejecutivo había condicionado la ejecución de la normativa a la disponibilidad de las partidas presupuestarias necesarias.
Frente a esa resolución, la administración nacional recurrirá nuevamente a la Justicia y mantiene su posición respecto del impacto presupuestario que tendría la aplicación integral de la ley.
“Apelación, seguro”, aseguró un funcionario de primera línea del Gobierno al referirse a los próximos pasos que adoptará el Ejecutivo.
Qué resolvió el juez Martín Cormick
Cormick hizo lugar a las acciones judiciales impulsadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades nacionales, docentes y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La controversia está centrada en el Decreto 759/2025.
A través de esa normativa, el Gobierno había promulgado formalmente la Ley de Financiamiento Universitario, pero condicionó su aplicación a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento y estableciera las partidas correspondientes dentro del Presupuesto nacional.
El juez cuestionó específicamente la inclusión de la referencia al artículo 5° de la Ley 24.629.
Según la interpretación judicial, ese mecanismo terminó funcionando como una herramienta para impedir la ejecución de una ley que había sido nuevamente aprobada por el Congreso con una mayoría de dos tercios después del veto presidencial.
Por ese motivo, Cormick ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario y dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para concretar su aplicación.
El Gobierno prepara la apelación
La Casa Rosada ya comenzó a trabajar sobre la estrategia destinada a recurrir la sentencia.
La Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, participa del análisis de las alternativas legales disponibles para intentar revertir la resolución.
“Estamos viendo qué hacemos. Aún no está todo perdido”, sostuvo una fuente del organismo.
Además de la apelación, el Ejecutivo estudia otros mecanismos jurídicos relacionados con el impacto presupuestario que tendría la aplicación inmediata de la normativa.
La postura oficial sostiene que corresponde al Congreso establecer de dónde saldrán los fondos necesarios para afrontar los gastos establecidos por la ley.
La discusión por los recursos para las universidades
La Ley de Financiamiento Universitario contempla fondos destinados a diferentes áreas del sistema de educación superior.
Entre ellas aparecen salarios docentes y no docentes, becas estudiantiles, investigación, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.
El Ejecutivo había planteado durante el expediente judicial que la aplicación de la normativa implicaría erogaciones superiores al billón de pesos.
Desde el Gobierno consideran que un desembolso de esas características tendría consecuencias sobre el equilibrio fiscal y sostienen que requiere una definición específica del Congreso sobre las fuentes de financiamiento.
El juez rechazó ese argumento.
En su resolución consideró que la propia ley contempla mecanismos para afrontar los gastos, entre ellos la posibilidad de realizar reasignaciones presupuestarias.
La posición de Capital Humano
Desde el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también ratificaron que el Gobierno continuará el conflicto por la vía judicial.
“No vamos a tener ninguna reunión con las universidades, vamos a apelar”, señalaron desde el área.
El Ejecutivo también puso el foco en el Presupuesto nacional para 2027, que ya fue enviado al Congreso y deberá ser analizado por los legisladores.
“El presupuesto nacional para el 2027 ya está enviado, por lo que, si lo quieren cambiar, tienen que hacerlo en el Congreso”, expresaron desde el Gobierno.
Un conflicto que continúa en los tribunales
La discusión judicial por el financiamiento universitario no comenzó con esta resolución.
La Justicia ya había dispuesto anteriormente medidas relacionadas con la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.
El 30 de septiembre, Cormick volvió a intimar al Ejecutivo para que cumpliera con una cautelar vinculada con los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795.
En aquella resolución, el magistrado consideró que existía un “cumplimiento parcial” de las obligaciones establecidas.
Ahora, el nuevo fallo avanzó sobre la cuestión de fondo y declaró inconstitucional el mecanismo utilizado mediante el Decreto 759/2025 para condicionar la aplicación integral de la normativa.
La decisión del Gobierno de apelar abre una nueva instancia dentro de una disputa que continuará en los tribunales y que tiene como eje la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y los recursos destinados al sistema universitario nacional.
