Chile avanzó con cambios para acelerar la expulsión de extranjeros
El Senado aprobó un proyecto que modifica el procedimiento de expulsión administrativa y habilita a la Policía de Investigaciones a ingresar, con autorización judicial, a domicilios donde se encuentren personas con órdenes de expulsión vigentes. La iniciativa obtuvo 37 votos a favor y una abstención.
El Senado de Chile aprobó un proyecto de ley que busca agilizar el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros que infrinjan la ley y fortalecer las herramientas disponibles para ejecutar órdenes que actualmente se encuentran pendientes.
La iniciativa fue respaldada por 37 votos a favor y una abstención, luego de que la Cámara Alta aprobara el informe final elaborado por una comisión mixta integrada por senadores y diputados.
El proyecto ya había recibido anteriormente la aprobación de la Cámara de Diputadas y Diputados y contempla distintas modificaciones a la Ley de Migración y Extranjería.
La Policía podrá ingresar a domicilios con autorización judicial
Uno de los principales cambios establece que la Policía de Investigaciones (PDI) podrá solicitar a un juez de garantía autorización para ingresar a un domicilio cuando allí se encuentre una persona con una orden de expulsión vigente.
El magistrado deberá resolver el pedido en un plazo máximo de 24 horas.
La modificación apunta a facilitar la localización y detención de extranjeros sobre los que ya exista una resolución de expulsión administrativa.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, explicó que el proyecto surgió ante las dificultades existentes para ejecutar este tipo de medidas.
“Había una serie de dificultades (…) Por la unanimidad de sus integrantes (de la comisión mixta), acordó en su informe una serie de medidas que buscan agilizar las expulsiones administrativas, dar seguridad jurídica y, de esa manera, hacerlas más efectivas”, sostuvo.
Aumentan el período de prohibición de ingreso al país
La iniciativa también modifica los plazos de prohibición para volver a ingresar a Chile.
En determinados casos, el período mínimo pasará de tres a cinco años.
Además, se incorporan mecanismos que permiten la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular que se encuentren involucrados en determinados procesos penales.
Para aplicar esa medida será necesaria la autorización previa del tribunal correspondiente.
García Ruminot destacó la importancia de la aprobación legislativa.
“Tanto la Cámara de Diputados como el Senado han dado su aprobación a un proyecto de ley que es muy, muy trascendente para poder dar mayor efectividad al cumplimiento de las resoluciones que dispone la expulsión administrativa”, expresó.
Más de 330.000 extranjeros están en situación irregular
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, actualmente existen más de 330.000 extranjeros en situación migratoria irregular.
Al mismo tiempo, distintos reportes estiman que hay más de 75.000 órdenes de expulsión que todavía no fueron ejecutadas.
Cerca de la mitad de esas medidas corresponderían a ciudadanos venezolanos.
Esta cantidad de procedimientos pendientes es uno de los puntos que impulsó el debate político sobre la necesidad de modificar los mecanismos para concretar las expulsiones.
La relación con Venezuela también influye en el proceso
La situación de los ciudadanos venezolanos representa uno de los principales desafíos para la aplicación de las órdenes pendientes.
Chile anunció en agosto el restablecimiento de las relaciones consulares con Venezuela, que habían sido interrumpidas en 2024.
Posteriormente, en septiembre, el presidente chileno José Antonio Kast mantuvo una reunión en Naciones Unidas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Sin embargo, hasta el momento no se informaron avances relacionados específicamente con la ejecución de las órdenes de expulsión pendientes.
Otro proyecto busca convertir la migración irregular en delito
El debate migratorio continuará en el Congreso chileno.
Actualmente también se encuentra bajo análisis una iniciativa impulsada por Kast que busca tipificar la migración irregular como delito.
La aprobación en el Senado del nuevo procedimiento representa así otro paso dentro de una discusión más amplia sobre las políticas migratorias y los mecanismos de control que Chile pretende implementar.
Con el respaldo de ambas cámaras, el proyecto avanza con el objetivo de agilizar las expulsiones administrativas, reducir la cantidad de órdenes pendientes y otorgar nuevas herramientas a la Policía de Investigaciones para ubicar y detener a personas alcanzadas por resoluciones vigentes.
