Financiamiento universitario: la Justicia revisará la cautelar y Santilli apeló la multa

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La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a un planteo del Ministerio de Capital Humano para revisar la cautelar que ordenó actualizar los fondos destinados a las universidades. En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, apeló la multa diaria de $100.000 que le impuso la Justicia por incumplimiento.

El Gobierno nacional recibió este martes una resolución favorable de la Justicia en el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal aceptara un recurso presentado por el Ministerio de Capital Humano para revisar la medida cautelar vigente.

La decisión judicial se produjo en paralelo con una nueva presentación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien apeló la multa diaria de $100.000 dispuesta en su contra por el incumplimiento de la actualización salarial prevista para el personal universitario.

La Cámara aceptó revisar la cautelar

La Sala III hizo lugar a la queja presentada por el Ministerio de Capital Humano contra una resolución de primera instancia que había rechazado la posibilidad de apelar.

La controversia se originó a partir de una decisión del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick.

Cormick había intimado al Estado nacional a cumplir con la medida cautelar que ordenaba actualizar los fondos destinados a las universidades en un plazo de cinco días, bajo la posibilidad de aplicar multas en caso de incumplimiento.

Los argumentos planteados por el Gobierno

En su presentación, el Gobierno cuestionó que el juez de primera instancia no hubiera precisado cuáles eran las obligaciones concretas de la ley que permanecían incumplidas.

También planteó que no se habían determinado con exactitud los montos que el Estado debía abonar para considerar cumplida la medida.

Otro de los argumentos oficiales fue que los incrementos salariales otorgados a los trabajadores docentes y no docentes de las universidades alcanzaron a cubrir la actualización contemplada en la normativa.

La administración nacional sostuvo además que la decisión adoptada por el juez Cormick generaba un “agravio mayúsculo de imposible reparación ulterior”.

A partir de esos planteos, los camaristas resolvieron aceptar la presentación del Estado al considerar que la decisión de primera instancia “es susceptible de generarle un gravamen irreparable”.

Santilli apeló la multa de $100.000 diarios

Mientras se producía la resolución de la Cámara, Diego Santilli presentó otro recurso para cuestionar la multa diaria de $100.000 que le impuso el juez Cormick.

La sanción había sido establecida por el incumplimiento de la actualización salarial correspondiente al personal universitario.

En su escrito, Santilli pidió que se suspenda la ejecución de las multas “hasta tanto se resuelva el recurso de apelación concedido por el Superior respecto de la decisión que tuvo por incumplida la medida cautelar e intimó al Estado Nacional a su cumplimiento bajo apercibimiento de sanciones conminatorias”.

El jefe de Gabinete también cuestionó la “ausencia de fundamento normativo concreto para la atribución personal de responsabilidad”.

Además, planteó que la continuidad de las sanciones “podría ocasionar consecuencias patrimoniales de difícil, e incluso imposible, reparación ulterior”.

Las universidades pidieron aumentar la sanción

En sentido contrario al planteo de Santilli, el Consejo Interuniversitario Nacional solicitó a la Justicia que eleve el monto de la multa aplicada al jefe de Gabinete.

El organismo consideró que los $100.000 diarios representan una cifra “más que exigua en comparación con los importes en juego”.

“La cifra impuesta como astreinte resulta absolutamente insuficiente para obrar como una conminación que pueda compeler al deudor a cumplir con su obligación”, sostuvo el Consejo Interuniversitario Nacional.

De esta manera, el conflicto por el financiamiento universitario mantiene abiertos distintos frentes judiciales: por un lado, la revisión de la cautelar que ordenó actualizar los fondos y, por otro, la discusión sobre la multa diaria impuesta a Santilli por el incumplimiento de la medida.

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