Agustín Rossi cuestionó el plan de Milei para otorgar ciudadanía por inversiones
El diputado nacional Agustín Rossi, integrante de Unión por la Patria y exministro de Defensa, cuestionó este sábado 10 de octubre el programa de ciudadanía por inversión anunciado por el Gobierno de Javier Milei. El legislador advirtió que la iniciativa podría permitir que ciudadanos extranjeros accedan a la nacionalidad argentina mediante aportes económicos y, de esa manera, eludan las restricciones establecidas por la Ley de Tierras.
Durante una entrevista con Splendid AM 990, Rossi sostuvo que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el programa presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, “habilitan la venta de la ciudadanía argentina a cambio de inversiones extranjeras”.
El dirigente opositor centró sus cuestionamientos en las condiciones económicas previstas para acceder al beneficio y en las consecuencias que, según su interpretación, podría tener la medida sobre la propiedad de tierras rurales y el control de recursos naturales.
El programa fue anunciado oficialmente el 2 de octubre durante la Argentina Week realizada en París y contempla un aporte directo de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público de 800.000 dólares. También establece mecanismos para incorporar a familiares del solicitante principal.
Rossi advirtió que el programa podría utilizarse para evitar los límites de la Ley de Tierras
Uno de los principales argumentos del diputado está relacionado con la posibilidad de que inversores extranjeros obtengan la ciudadanía argentina y posteriormente accedan a derechos que actualmente se encuentran limitados para quienes no poseen esa condición.
Rossi señaló que el mecanismo podría convertirse en una alternativa para superar las restricciones que establece la Ley de Tierras respecto de la titularidad de superficies rurales por parte de extranjeros.
En ese sentido, afirmó que “cualquier inversor extranjero que adquiera la ciudadanía bajo esta modalidad queda exento de los topes de dominio territorial”.
La advertencia se vincula con el alcance de las normas que regulan la adquisición de tierras rurales y con la eventual aplicación de esas disposiciones a personas que obtengan la nacionalidad mediante el nuevo procedimiento.
Se trata de una interpretación planteada por Rossi, cuyo alcance jurídico concreto dependerá de la normativa aplicable y de su implementación.
Cuánto dinero contempla el programa de ciudadanía por inversión
El esquema presentado por el Gobierno nacional establece diferentes modalidades económicas para quienes pretendan solicitar la ciudadanía argentina.
La primera alternativa consiste en realizar un aporte directo y no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional.
La segunda contempla la suscripción de un título público creado específicamente para el programa, por un valor de 800.000 dólares.
En el caso de los grupos familiares, la iniciativa incorpora condiciones particulares para cónyuges e hijos del solicitante principal.
Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos, podrán presentar solicitudes mediante un aporte de 100.000 dólares. Para los menores de 18 años, el monto previsto es de 25.000 dólares.
De acuerdo con el ejemplo difundido por el Ministerio de Economía, una familia integrada por el solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podría solicitar la ciudadanía mediante un aporte total de 500.000 dólares.
El Gobierno informó que el programa comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026 y que los interesados deberán atravesar procedimientos de evaluación y controles de seguridad.
El diputado también cuestionó el RIGI y las políticas de desregulación
Rossi vinculó el programa de ciudadanía con otras decisiones económicas impulsadas por la administración de Javier Milei.
Entre ellas mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que relacionó con una política destinada a facilitar la llegada de capitales extranjeros.
El legislador cuestionó el argumento oficial de que este tipo de beneficios resulta indispensable para atraer inversiones.
Según su posición, la Argentina ya dispone de recursos naturales y actividades productivas capaces de generar interés entre inversores internacionales, independientemente de la existencia de regímenes especiales.
En ese marco, consideró que determinadas actividades vinculadas con recursos estratégicos podrían desarrollarse sin necesidad de ampliar los beneficios regulatorios.
También hizo referencia al empresario tecnológico Peter Thiel y a iniciativas vinculadas con el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.
En particular, cuestionó propuestas relacionadas con la creación de sociedades comerciales basadas exclusivamente en algoritmos.
La preocupación por las economías de enclave y los recursos naturales
Otro de los puntos planteados por Rossi fue la posibilidad de que las medidas económicas favorezcan la conformación de economías de enclave en regiones con recursos naturales.
Este concepto fue utilizado por el legislador para describir su preocupación por actividades económicas concentradas en determinados territorios y vinculadas principalmente con grandes inversiones.
El diputado relacionó ese escenario con las restricciones existentes sobre la propiedad de la tierra y con la posibilidad de que nuevos mecanismos de acceso a la ciudadanía modifiquen las condiciones para adquirir superficies rurales.
Desde su perspectiva, las decisiones del Gobierno responden a una orientación económica que busca flexibilizar regulaciones sobre inversiones y propiedad territorial.
Estas consideraciones forman parte de la posición política expresada por Rossi y no constituyen una conclusión sobre los efectos efectivos del programa.
Rossi presentó un proyecto para prohibir la ciudadanía a cambio de inversiones
Las críticas del diputado también tuvieron una expresión legislativa.
El 2 de octubre, Rossi presentó junto con la diputada Kelly Olmos un proyecto de ley identificado con el expediente 5254-D-2026.
La iniciativa propone modificar la Ley 346 de Ciudadanía para prohibir el otorgamiento de la nacionalidad argentina por naturalización a cambio de pagos, aportes, donaciones, inversiones, adquisición de bienes o suscripción de títulos públicos o privados.
El proyecto fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Población y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados.
Posteriormente, el 6 de octubre, Rossi y la diputada Florencia Carignano presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el Programa de Ciudadanía por Inversión, mediante el expediente 5330-D-2026.
Ambas iniciativas forman parte de las acciones parlamentarias impulsadas por el legislador para cuestionar el mecanismo anunciado por el Gobierno.
Qué argumenta el Gobierno para implementar el programa
La administración nacional presentó la ciudadanía por inversión como una herramienta destinada a promover el ingreso de capitales y fortalecer la integración económica internacional de la Argentina.
Según la explicación oficial, el procedimiento incorporará controles de antecedentes, transparencia financiera y evaluación de riesgos, tomando como referencia recomendaciones internacionales en materia de prevención de delitos financieros.
El Ejecutivo también señaló que las solicitudes deberán superar evaluaciones destinadas a preservar la seguridad nacional y la integridad del sistema financiero.
La posibilidad de presentar una solicitud mediante un aporte económico no implica, por sí sola, que la ciudadanía sea otorgada automáticamente.
Esta distinción resulta relevante frente a los cuestionamientos de Rossi, quien considera que el mecanismo modifica el criterio tradicional de acceso a la nacionalidad y puede generar consecuencias sobre otras regulaciones.
El debate por la ciudadanía y la propiedad de tierras llega al Congreso
Las declaraciones de Agustín Rossi se producen en un contexto de discusión política y judicial sobre la legislación que regula la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras.
El viernes 9 de octubre, la Corte Suprema dispuso suspender provisionalmente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, relacionado con la derogación de la Ley de Tierras.
La decisión incorporó un nuevo elemento al debate sobre las restricciones a la adquisición de superficies rurales y las iniciativas del Gobierno para modificar el marco regulatorio.
En ese escenario, el programa de ciudadanía por inversión abrió otra discusión sobre la relación entre nacionalidad, inversiones extranjeras y derechos de propiedad.
Mientras el Ejecutivo sostiene que la iniciativa permitirá atraer capitales mediante un procedimiento sujeto a controles, Rossi advierte que podría facilitar mecanismos para superar limitaciones legales existentes.
La discusión continuará en el ámbito legislativo, donde permanecen presentados tanto el proyecto que busca prohibir el otorgamiento de ciudadanía a cambio de aportes económicos como el pedido de informes sobre las características y condiciones del programa anunciado por el Ministerio de Economía.
