Facundo Torraga enfrentará un nuevo juicio por presunta venta de drogas en el Penal de Chimbas
Facundo Martín Torraga, quien cumple una condena por abuso sexual, deberá enfrentar un nuevo proceso judicial luego de quedar señalado como presunto integrante de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes dentro del Penal de Chimbas, en San Juan.
El fiscal federal Fernando Gabriel Alcaraz, junto con la auxiliar fiscal María Florencia Compaired, concluyó la investigación y solicitó la elevación de la causa a juicio oral. La acusación sostiene que Torraga habría participado directamente en la venta de cocaína a otros internos y en el cobro de esas operaciones mediante plataformas digitales.
El expediente forma parte de una investigación más amplia sobre una presunta estructura de narcotráfico que habría funcionado tanto dentro del establecimiento penitenciario como en distintos sectores de la provincia.
La Fiscalía también investiga operaciones financieras y adquisiciones de bienes que, según su hipótesis, habrían permitido introducir en el circuito económico fondos provenientes de actividades ilícitas.
Cómo habría funcionado la venta de drogas dentro del Penal de Chimbas
De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, la presunta organización tenía uno de sus centros de operaciones en el pabellón 4, sector 2, del Servicio Penitenciario Provincial.
Los investigadores identificaron a Rodolfo Daniel Carrizo, conocido como “Rody” o “el Jetón”, como el supuesto responsable de coordinar las actividades relacionadas con la comercialización de cocaína dentro de la cárcel.
Según la acusación, Carrizo habría organizado las ventas, controlado las deudas de los internos que adquirían estupefacientes y coordinado el movimiento del dinero.
En ese esquema, Facundo Torraga y Gabriel Antonio Villarroel habrían tenido la función de comercializar la droga entre las personas privadas de libertad.
La investigación sostiene que ambos utilizaban cuentas de billeteras virtuales, entre ellas Mercado Pago y Naranja X, para recibir transferencias correspondientes a las operaciones.
El dinero posteriormente habría sido enviado hacia personas que se encontraban fuera del establecimiento penitenciario.
Otra de las personas mencionadas en la acusación es Ivana Gabriela Gómez, pareja de Carrizo, a quien la Fiscalía atribuye tareas de administración de fondos y coordinación con integrantes de la presunta organización que operaban en el exterior.
Las denuncias y las pruebas incorporadas a la investigación
La causa comenzó a partir de denuncias anónimas que advertían sobre la presunta comercialización de estupefacientes dentro del establecimiento penitenciario.
Una de las presentaciones señalaba la existencia de transferencias de dinero vinculadas con la compra de droga y mencionaba una cuenta relacionada con Torraga.
A partir de esa información, los investigadores avanzaron con distintas medidas destinadas a establecer cómo se realizaban las operaciones y quiénes participaban.
Entre los elementos incorporados al expediente figuran escuchas telefónicas, análisis de movimientos bancarios y financieros, además de pericias realizadas sobre dispositivos electrónicos.
Durante una requisa en la celda número 13, ocupada por Torraga, se encontró un teléfono Motorola E5 oculto dentro de una madera de una mesa.
También fueron secuestrados elementos cortopunzantes.
El dispositivo telefónico debió ser reparado luego de que una primera extracción de información no arrojara resultados. Posteriormente, los especialistas consiguieron recuperar mensajes, registros de llamadas y contactos, aunque el contenido disponible era limitado debido al estado del aparato.
Otro procedimiento permitió encontrar 92 envoltorios pequeños y un paquete de mayor tamaño con cocaína, escondidos dentro de tres rodillos de pintura en un taller de capacitación del pabellón.
Los análisis químicos determinaron que la sustancia contenía cocaína mezclada con levamisol.
Para la Fiscalía, ese hallazgo constituye uno de los elementos que respaldan la hipótesis sobre la existencia de un circuito de comercialización de estupefacientes dentro del penal.
La Fiscalía pidió seis años y seis meses de prisión para Torraga
En el requerimiento de elevación a juicio, el Ministerio Público Fiscal atribuyó a Facundo Torraga el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas y por haberse cometido dentro de un establecimiento penitenciario.
La acusación lo considera partícipe primario de las maniobras investigadas.
Por esa presunta participación, el fiscal solicitó una pena de seis años y seis meses de prisión, además de una multa equivalente a 150 unidades fijas, costas y accesorios legales.
También requirió que Torraga sea declarado reincidente, teniendo en cuenta sus antecedentes condenatorios.
Es importante señalar que se trata de una solicitud formulada por la Fiscalía y que todavía no existe una sentencia condenatoria en este nuevo expediente.
La responsabilidad penal del acusado deberá establecerse durante el juicio, a partir de la evaluación de las pruebas y de los planteos de las defensas.
Una investigación por movimientos superiores a los $800 millones
La causa no se limita a las presuntas operaciones dentro del Penal de Chimbas.
Los investigadores también reconstruyeron un circuito externo de distribución de estupefacientes y movimientos financieros que involucraría a personas vinculadas por relaciones familiares y de pareja.
Según la acusación, entre agosto de 2024 y diciembre de 2025 se registraron movimientos superiores a los 800 millones de pesos mediante billeteras virtuales.
Los análisis financieros permitieron identificar transferencias entre diferentes cuentas, operaciones de cobro y movimientos de dinero que la Fiscalía considera vinculados con la actividad investigada.
Dentro de esa estructura, Oscar Nahuel Carrizo y Carla Luciana Brizuela Robledo fueron señalados como presuntos responsables de tareas relacionadas con la adquisición, el fraccionamiento y la distribución de cocaína en sectores de Santa Lucía y Chimbas.
La investigación también identificó a otras personas que habrían participado en puntos de comercialización y en la administración de cuentas utilizadas para recibir o transferir fondos.
Sin embargo, no todos los imputados enfrentan las mismas acusaciones, ya que el Ministerio Público diferenció las responsabilidades atribuidas a cada uno.
El presunto lavado de dinero mediante terrenos y un automóvil
Otra parte del expediente está relacionada con operaciones patrimoniales que, según la Fiscalía, habrían permitido dar apariencia legal a fondos de origen presuntamente ilícito.
La investigación identificó adquisiciones inmobiliarias vinculadas con el Loteo Fénix, ubicado en el departamento Santa Lucía.
También se incorporó la compra de un automóvil Fiat Cronos cero kilómetro.
Las operaciones patrimoniales investigadas alcanzan aproximadamente los 113 millones de pesos.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, algunas adquisiciones habrían sido realizadas utilizando familiares como titulares registrales, mientras que determinados pagos se efectuaron en efectivo o mediante operaciones fraccionadas.
El Ministerio Público considera que esos mecanismos podrían haber dificultado la identificación del origen y destino de los fondos.
Las acusaciones por lavado de activos están dirigidas específicamente contra las personas a quienes se atribuye participación en esas operaciones, por lo que no deben confundirse con los cargos formulados individualmente contra Torraga.
Los antecedentes judiciales de Facundo Torraga
Facundo Martín Torraga, hijo del empresario bodeguero Mario Torraga, cuenta con antecedentes judiciales por hechos de violencia de género, abuso sexual y amenazas.
En una de las causas anteriores recibió una condena de ocho años de prisión efectiva por abuso sexual, motivo por el cual se encontraba alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.
También había sido condenado en otro expediente relacionado con violencia de género.
Estos antecedentes forman parte de su situación judicial previa y son considerados en el nuevo requerimiento fiscal para solicitar una eventual declaración de reincidencia.
Sin embargo, las condenas anteriores no determinan por sí mismas su responsabilidad en los hechos que ahora se investigan.
Qué falta para que comience el juicio oral
Con el cierre de la investigación y la presentación del requerimiento fiscal, la causa quedó encaminada hacia la etapa de control de la acusación y preparación del debate oral.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan deberá intervenir en el proceso y establecer la fecha correspondiente para el juicio.
En esa instancia se analizarán las pruebas reunidas durante la investigación, las declaraciones y los argumentos que presenten tanto la Fiscalía como las defensas de los imputados.
Para Torraga, el nuevo expediente representa la posibilidad de enfrentar otra condena mientras cumple una pena de prisión por una causa anterior.
El proceso judicial también deberá determinar si existió la organización dedicada al narcotráfico descripta por los investigadores, cuáles fueron las responsabilidades individuales y si los movimientos económicos detectados estuvieron vinculados con operaciones de origen ilícito.
Hasta que exista una resolución judicial definitiva, las imputaciones relacionadas con esta presunta red de comercialización de drogas mantienen el carácter de acusaciones sujetas a prueba.
