La Justicia ordenó restablecer la Red Tulum y fijó multas de $1 millón por día

El juez Héctor Rollán hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Gobierno de San Juan y exigió la normalización inmediata del transporte público. La resolución alcanza a la UTA, ATAP y las empresas concesionarias. Quienes incumplan la orden judicial podrían afrontar sanciones económicas y eventuales consecuencias penales.

La Justicia de San Juan intervino este jueves 8 de octubre en el conflicto salarial que mantiene paralizado el servicio de colectivos de la Red Tulum y ordenó la reanudación inmediata del transporte público en toda la provincia, con multas de un millón de pesos diarios para quienes incumplan la disposición.

La resolución fue dictada por el juez Héctor Rollán, titular del Primer Juzgado Civil, luego de una presentación realizada por Fiscalía de Estado ante la continuidad de las medidas de fuerza impulsadas por los trabajadores del transporte.

La decisión judicial alcanza a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) y las empresas concesionarias del servicio, que deberán garantizar el funcionamiento normal, regular y continuo de los colectivos.

El fallo establece que la obligación de restablecer la prestación comienza una vez que las partes sean notificadas formalmente. Desde ese momento, los involucrados deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la circulación de las unidades.

Multas de un millón de pesos por cada día de incumplimiento

Uno de los puntos centrales de la resolución judicial es el establecimiento de sanciones económicas para quienes desobedezcan la orden de normalización.

El magistrado dispuso que los choferes que continúen con las medidas de fuerza después de recibir la notificación correspondiente podrán ser sancionados con una multa de $1.000.000 por cada día de incumplimiento.

La medida también contempla consecuencias para las organizaciones sindicales, sus dirigentes y las empresas involucradas en la prestación del transporte público.

La aplicación de estas sanciones dependerá de que se constate el incumplimiento de la resolución judicial.

Además, el fallo establece que, si persiste la desobediencia, las actuaciones podrán remitirse a la Fiscalía General para analizar posibles responsabilidades penales.

En particular, se mencionan los artículos 239 y 106 del Código Penal, relacionados con la desobediencia a órdenes de autoridad y el abandono de personas, respectivamente.

Esto no significa que se hayan determinado responsabilidades penales, sino que la Justicia podrá evaluar esa posibilidad si se incumple lo dispuesto.

Las empresas deberán garantizar los colectivos y las frecuencias

La orden judicial no está dirigida únicamente a los trabajadores que llevan adelante la protesta.

También exige a las empresas concesionarias y a ATAP que pongan a disposición las unidades, el personal y la infraestructura necesarios para restablecer el funcionamiento de la Red Tulum.

El objetivo es recuperar los recorridos y las frecuencias habituales del transporte público, tanto en el Gran San Juan como en los departamentos donde opera el sistema.

La resolución establece que la prestación debe realizarse de manera normal, regular, continua e ininterrumpida.

De esta forma, el magistrado dispuso obligaciones para ambas partes del conflicto laboral, con el propósito de garantizar que los usuarios puedan volver a utilizar el servicio.

Sebastián Dávila explicó por qué intervino Fiscalía de Estado

El fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, explicó que la presentación judicial respondió a las consecuencias que estaba generando la paralización del transporte público.

El funcionario señaló que la acción de amparo buscó proteger derechos constitucionales que estaban siendo afectados por la interrupción del servicio.

Entre ellos mencionó la libre circulación, el acceso al trabajo, la educación y la atención sanitaria.

Dávila aclaró que el Gobierno provincial no desconoce el derecho de los trabajadores a realizar reclamos laborales, pero consideró necesario intervenir cuando las medidas de fuerza afectan a otros sectores de la sociedad.

En ese sentido, sostuvo que el derecho a huelga debe compatibilizarse con los derechos de las personas que dependen diariamente del transporte público.

El funcionario también explicó que la multa de un millón de pesos por día fue establecida por el propio juez Rollán, mientras que Fiscalía de Estado había solicitado que se garantizara la restitución del servicio.

El fallo busca proteger a los usuarios de la Red Tulum

Al analizar la presentación del Gobierno provincial, el juez consideró el impacto que tiene una interrupción total del transporte sobre miles de sanjuaninos.

La falta de colectivos afecta especialmente a quienes no cuentan con medios alternativos para trasladarse a sus lugares de trabajo, establecimientos educativos o centros de salud.

La resolución judicial plantea que el ejercicio del derecho a huelga debe armonizarse con otras garantías constitucionales.

En ese marco, la Justicia entendió que correspondía adoptar una medida urgente para evitar que continuara la paralización del sistema.

También se tuvo en cuenta la ausencia de una prestación mínima que permitiera atender las necesidades de los usuarios durante el conflicto.

El conflicto salarial continúa entre UTA y ATAP

La intervención judicial se produjo en medio de las diferencias salariales que mantienen los choferes nucleados en la UTA con las empresas de transporte representadas por ATAP.

La protesta comenzó el miércoles 7 de octubre y continuó durante este jueves, a pesar de que la Subsecretaría de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria.

Los trabajadores reclaman el cumplimiento de acuerdos salariales y el pago de diferencias que, según el gremio, las empresas mantienen pendientes.

Desde el sector sindical señalaron que el conflicto responde a incumplimientos reiterados en la liquidación de los haberes.

Por su parte, las empresas vienen planteando dificultades económicas para afrontar los compromisos salariales.

La falta de acuerdo provocó la interrupción del servicio durante dos jornadas consecutivas y motivó la intervención del Gobierno provincial.

La orden judicial ya fue notificada a las partes

Después de conocerse la resolución, el fiscal de Estado confirmó que la notificación judicial había sido realizada a las partes involucradas.

Esto significa que tanto las empresas como los trabajadores quedaron formalmente alcanzados por la obligación de restablecer el transporte.

Dávila advirtió que el incumplimiento puede derivar en sanciones económicas y en la remisión de las actuaciones al ámbito penal.

Sin embargo, la notificación de la orden no implica por sí sola que el servicio ya se encuentre completamente normalizado.

La recuperación de las frecuencias dependerá del cumplimiento efectivo de lo dispuesto por el juez y de la puesta en circulación de las unidades.

Qué puede pasar si continúa el paro de colectivos

Con la resolución judicial vigente, el conflicto ingresó en una nueva etapa.

Si los trabajadores mantienen las retenciones de tareas o las empresas no garantizan las condiciones necesarias para prestar el servicio, podrían activarse las sanciones previstas.

La Justicia también podrá evaluar eventuales incumplimientos y remitir las actuaciones a la Fiscalía General.

Mientras tanto, las negociaciones salariales entre UTA y ATAP deberán continuar por las vías correspondientes.

La medida cautelar no resuelve las diferencias económicas entre los trabajadores y las empresas, sino que busca garantizar el funcionamiento del transporte mientras se desarrolla el conflicto.

La prioridad inmediata es que los colectivos de la Red Tulum vuelvan a circular con normalidad en San Juan, después de dos jornadas de interrupción que afectaron a miles de usuarios. La decisión del juez Héctor Rollán establece obligaciones concretas para las partes y contempla multas diarias de un millón de pesos ante eventuales incumplimientos.