Fabián Martín recibió a la familia de Uriel y anticipó cambios en la Justicia Penal Juvenil

Los padres del adolescente asesinado en Médano de Oro llevaron su reclamo hasta la Legislatura de San Juan y presentaron un petitorio. El vicegobernador aseguró que se trabaja para actualizar el procedimiento provincial y adelantó que “pronto habrá novedades”.

El vicegobernador de San Juan y presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, recibió este jueves a la familia de Uriel Ríos, el adolescente de 17 años asesinado en Médano de Oro, luego de que sus padres llegaran hasta la Legislatura para reclamar cambios en el procedimiento que se aplica en las causas penales que involucran a menores de edad.

Durante el encuentro, los familiares entregaron un petitorio y plantearon la necesidad de que la provincia avance en la adecuación de sus normas procesales al nuevo Régimen Penal Juvenil establecido a nivel nacional.

Martín confirmó que el tema se encuentra bajo análisis y aseguró que desde la Legislatura se trabaja para establecer un procedimiento que permita una actuación más rápida.

“Estamos trabajando en ese sentido y muy pronto van a haber novedades”, sostuvo el vicegobernador.

El reclamo de la familia se produce mientras continúa la investigación judicial por la muerte de Uriel y en medio de los cuestionamientos sobre las herramientas procesales disponibles para las víctimas y sus familiares en expedientes donde las personas investigadas son menores de edad.

El reclamo que la familia de Uriel llevó a la Legislatura

Los padres de Uriel llegaron hasta la Cámara de Diputados con un planteo concreto: avanzar en la actualización de la normativa procesal provincial para adecuarla al nuevo Régimen Penal Juvenil.

Uno de los puntos planteados está relacionado con la participación de las víctimas dentro del proceso judicial y con la necesidad de contar con mecanismos que permitan agilizar las investigaciones.

El reclamo también contempla la situación de Uziel, hermano mellizo de Uriel, quien sobrevivió al ataque en el que murió el adolescente.

La familia considera necesario que la legislación provincial incorpore herramientas que permitan una mayor intervención de los damnificados en este tipo de expedientes.

Actualmente, San Juan mantiene dentro de su marco normativo la Ley 754-O, correspondiente al Código Procesal Penal provincial, mientras debe adecuar el procedimiento al régimen nacional que comenzó a regir durante 2026.

Martín aseguró que habrá novedades

Tras recibir a la familia, Fabián Martín explicó que el Poder Legislativo debe proporcionar las herramientas necesarias para que la Justicia pueda intervenir frente a este tipo de hechos.

El vicegobernador señaló que la normativa nacional establece el marco general, pero consideró necesario actualizar el procedimiento provincial para conseguir mecanismos “más ágiles y más rápidos”.

Martín también aclaró que la adecuación normativa no significa que los delitos cometidos por adolescentes queden sin consecuencias.

En ese sentido, sostuvo que los derechos de las víctimas y de sus familiares están contemplados dentro del sistema, aunque reconoció la necesidad de avanzar en modificaciones relacionadas con el procedimiento.

Respecto de los tiempos legislativos, indicó que no existe un plazo específico que obligue a la Cámara de Diputados a sancionar la nueva normativa, pero aseguró que existe intención de acelerar el tratamiento.

“Queremos hacerlo lo más rápido posible”, manifestó.

El vicegobernador también se refirió a la situación que atraviesa la familia y señaló: “Uno tiene que entender el dolor y toda la angustia”.

San Juan ya venía trabajando en la adecuación

El debate sobre la Justicia Penal Juvenil no comenzó a partir del caso de Uriel.

Semanas atrás, la Corte de Justicia de San Juan había enviado a la Cámara de Diputados un proyecto relacionado con la aplicación del nuevo régimen, mientras se avanzaba en una normativa definitiva.

En ese momento, Martín había explicado que se analizaba una legislación transitoria mientras se terminaba de elaborar el esquema provincial de fondo.

La modificación responde a la entrada en vigencia de la Ley Nacional 27.801, que establece el régimen penal para adolescentes desde los 14 años y obliga a las jurisdicciones a adecuar sus procedimientos para su aplicación.

El proceso requiere además una articulación entre los diferentes poderes del Estado y contempla aspectos vinculados con la estructura judicial, personal y lugares destinados a los adolescentes alcanzados por el sistema.

La familia sostiene que podría existir un tercer involucrado

Además del reclamo legislativo, Javier Ríos, padre de Uriel, volvió a referirse a la investigación judicial por la muerte de su hijo.

La familia sostiene como hipótesis la posible participación de una tercera persona, que sería mayor de edad.

De acuerdo con lo expresado por el padre del adolescente, uno de los menores investigados habría señalado a otro joven como presunto responsable de la muerte. Sin embargo, la familia mantiene su planteo sobre la eventual participación de otra persona.

Esa hipótesis forma parte de los planteos realizados por los familiares y deberá ser determinada por la investigación judicial.

Javier Ríos también relató que, según la información que habían recibido, antes del ataque se habría producido un conflicto y los jóvenes podrían haber sido confundidos con otras personas.

La causa continúa bajo investigación y con incorporación de testimonios y diferentes elementos probatorios.

El pedido por Uriel y su hermano Uziel

El reclamo presentado ante la Legislatura busca avanzar tanto sobre la investigación del caso particular como sobre el marco procesal que deberá utilizar San Juan ante delitos que involucren a adolescentes.

La familia sintetizó su planteo en la carta presentada ante la Cámara de Diputados con una frase: “Sin esa ley, no hay justicia para Uriel. Sin esa ley, no hay protección para Uziel”.

Mientras continúa la investigación por la muerte del adolescente, el planteo ingresó ahora al ámbito legislativo.

Fabián Martín confirmó que se trabaja sobre las modificaciones necesarias y anticipó novedades, en un proceso que busca adecuar el procedimiento provincial al nuevo régimen penal juvenil vigente a nivel nacional.