Los conflictos entre provincias que siguen abiertos y los acuerdos alcanzados

El conflicto entre La Pampa y Mendoza por el río Atuel ganó protagonismo en los últimos meses, pero no es la única disputa interprovincial abierta ni la única que requiere una solución de fondo. Noticias Argentinas identificó más de una decena de diferendos que siguen sin saldarse. Algunos expedientes están en la Corte Suprema de Justicia, el órgano competente para resolver las demandas entre distritos.

Otros esperan una definición del Congreso de la Nación, que tiene la potestad exclusiva de establecer por ley los límites entre provincias. Esa facultad se ejerció, en períodos democráticos, sobre apenas el 14% de las fronteras internas. Gran parte de los límites restantes quedó demarcada mediante decretos ley dictados por gobiernos militares, una situación que agravó los conflictos y que continúa teniendo consecuencias.

En algunos casos hubo acuerdos interprovinciales recientes. En otros, las diferencias siguen generando reclamos. Estos son algunos de los enfrentamientos que mantuvieron a las provincias “en pie de guerra”. ## Las islas del Paraná, en disputa entre Entre Ríos y Santa Fe Entre Ríos y Santa Fe mantienen un conflicto por las islas que se formaron en el río Paraná como consecuencia de la sedimentación de su cauce.

Las formaciones, ubicadas principalmente frente a Rosario y Victoria, originaron una disputa de soberanía que todavía no está resuelta. En 1979, durante la dictadura militar, se dictó la Ley Nacional 22.067. La norma estableció que el límite entre las dos provincias pasaría por la línea media del canal principal del Paraná, de acuerdo con un relevamiento realizado en 1968.

Sin embargo, el río cambia por las obras de canalización, la sedimentación y la modificación artificial del afluente fluvial. Esas variaciones desplazaron el canal principal y modificaron su trazado, por lo que algunas islas quedaron de un lado u otro de la frontera. Hay sectores que quedaron en la margen administrada formalmente por Entre Ríos, donde se cobran impuestos y hay presencia policial, pero que Santa Fe reclama como propios sobre la base de la traza histórica original.

También se registran roces en torno a la pesca y a la propiedad de las islas, entre ellas El Espinillo y el Banquito de San Andrés. El Ejecutivo de Entre Ríos respondió a Noticias Argentinas que “el Gobierno de Entre Ríos tiene una posición muy clara: va a defender siempre su territorio y los intereses de los entrerrianos. Existen situaciones puntuales en el río Paraná que requieren precisiones, producto de los cambios naturales del río, la modificación de los canales de navegación y la formación de nuevas islas e islotes.

Frente a esas situaciones, la Provincia sostiene que cualquier diferencia debe resolverse sobre la base de las normas vigentes, la información técnica y el diálogo institucional entre las provincias”. Desde la administración entrerriana también señalaron: “La relación entre los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe es muy buena y existe un vínculo institucional de excelencia entre Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro. Ambas provincias vienen trabajando de manera coordinada en numerosos temas y comparten ámbitos de integración como la Región Centro y la Región Litoral”.

El gobierno provincial concluyó: “Ese vínculo de cooperación y diálogo permite abordar también las diferencias que puedan existir, sin que ello implique que Entre Ríos vaya a resignar ningún derecho que le corresponda. La defensa de las islas y los humedales entrerrianos es también la defensa del patrimonio territorial y ambiental de la provincia y de la jurisdicción que le corresponde ejercer”. ## Los acuerdos entre Río Negro y Chubut Río Negro y Chubut arrastraban dos conflictos, uno económico y otro limítrofe, que fueron solucionados hace poco tiempo. La disputa económica se originó hace más de 25 años, cuando en 1991 se firmó el proyecto para construir el Gasoducto Cordillerano entre Río Negro, Chubut y Gas del Estado.

Durante años, Chubut reclamó a Río Negro por el incumplimiento de compromisos financieros y de obras. El reclamo llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante una demanda por una deuda acumulada superior a los $27.000 millones. En julio de 2026, los gobernadores Alberto Weretilneck e Ignacio Torres firmaron un acuerdo de “obras por deuda”.

Río Negro reconoció el monto adeudado y se comprometió a invertir más de $17.300 millones en infraestructura. Los fondos se destinarán a una obra eléctrica de interconexión para la Comarca Andina, entre las estaciones transformadoras “El Coihue” y “Golondrinas”. El proyecto beneficiará a El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén y Las Golondrinas, localidades que suelen sufrir cortes constantes de energía.

El otro conflicto entre ambas provincias se originó en la zona de Arroyo Verde, a partir de un error histórico en la demarcación del Paralelo 42 Sur, que divide sus territorios. Los mojones originales se colocaron con unos 800 metros de diferencia, lo que dejó un destacamento policial de Chubut del lado de Río Negro. También quedaron en esa situación plantaciones forestales y otras propiedades de la zona cordillerana de la Comarca Andina.

En 1992, los gobernadores Horacio Massacessi y Carlos Maestro acordaron no modificar las jurisdicciones históricas de núcleos urbanos, parajes ni puestos de control, con el objetivo de evitar perjuicios a los pobladores. En Arroyo Verde se estableció un esquema en el que las fuerzas de seguridad y los inspectores de ambas provincias comparten funciones y coordinan el control caminero de la principal ruta que conecta el norte y el sur de la Patagonia. A pesar del acuerdo, hubo reclamos posteriores de distintos sectores. ## Los reclamos limítrofes entre Salta, Catamarca y Jujuy Uno de los conflictos limítrofes más antiguos es el que mantienen Salta y Catamarca.

Además de la disputa territorial, en los últimos años adquirió mayor dimensión por el crecimiento de la explotación minera, en particular del litio y otros minerales de alto valor. El diferendo se remonta a 1943, cuando se disolvió la Gobernación de Los Andes. La provincia desaparecida fue dividida entre Salta, Catamarca y Jujuy.

La delimitación quedó establecida mediante una línea provisoria que tomó forma en 1969, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, pero que nunca fue ratificada de manera definitiva por el Congreso. Sectores como el Salar del Diablillo y el Salar del Hombre Muerto, en la frontera entre el departamento salteño de Los Andes y el catamarqueño de Antofagasta de la Sierra, quedaron en disputa. La puja se reactivó por el valor estratégico de los yacimientos de litio y minerales metalíferos de la zona.

En un momento, Salta y Catamarca comenzaron a otorgar concesiones sobre un mismo territorio. La situación generó roces de tal magnitud que ambas provincias enviaron policías que se desafiaban a 4.000 metros de altura. En 2019, los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil acordaron crear una comisión con representantes de los dos distritos para buscar una solución.

En 2023 avanzaron en un acuerdo para distribuir de manera equitativa las regalías y los impuestos del proyecto Sal de Oro, de POSCO Argentina, filial de la multinacional surcoreana homónima. En 2025, a partir de esa experiencia, firmaron otro acuerdo por el complejo Diablillos-Plata, dedicado a la explotación de oro, plata y cobre. El convenio estableció una distribución del 50% para cada provincia de lo que recauden los Estados en regalías e impuestos, además de la creación de una comisión integrada por miembros de ambos distritos para supervisar el proceso.

La disputa entre Salta y Jujuy tiene raíces en la época colonial. Los problemas limítrofes se vinculan con una Real Cédula Española de 1797 y volvieron a quedar en discusión después de la disolución de la Gobernación de Los Andes. La delimitación basada en esos antecedentes dejó varias zonas en duda.

Entre 1948 y 1953, el entonces Instituto Geográfico Militar intervino para definir cuatro áreas con diferencias limítrofes: Santa Bárbara, Lavallén, Salinas Grandes y Valle Morado. En 1957, una inundación modificó el cauce del río Las Piedras, que marca el límite interprovincial cerca de Urundel, en Salta, y El Talar, en Jujuy. El cambio complicó aún más la situación.

Aunque el Congreso nacional debería establecer los límites de esa región, todavía no lo hizo. La falta de definición genera incertidumbre para comunidades indígenas, particularmente en zonas como Salinas Grandes, y disputas locales por la propiedad de la tierra, con desalojos y dificultades para las actividades productivas. En 2005, el entonces senador por Jujuy Gerardo Morales elevó el tono de la discusión.

En ese contexto, afirmó: “No vamos a dejar de luchar por cada metro de tierra de Jujuy. De una vez por todas, debemos poner fin a un permanente estado de hecho, del que derivan constantes conflictos que afectan tanto el orden público de las provincias, como a intereses particulares de los propietarios y pobladores de la zona de litigio. Debemos poner fin a la actitud expansionista de Salta”.

La declaración se produjo a raíz de un conflicto en El Talar, cerca de Urundel, en el departamento salteño de Orán, con la comunidad indígena local. Ese no es el único diferendo limítrofe entre Salta y Jujuy. El de mayor extensión comprende 1.800 kilómetros cuadrados en los departamentos de San Pedro y Ledesma, también por la falta de demarcación del Congreso Nacional.

Los gobiernos estudiaron la posibilidad de crear allí un corredor ecológico común para superar las diferencias. ## Santiago del Estero y Catamarca: una disputa de más de un siglo Santiago del Estero y Catamarca mantienen una disputa histórica por un área fronteriza de casi 2.000 kilómetros cuadrados. En la zona viven pobladores rurales que no tienen certeza sobre a qué provincia pertenecen. Ambas provincias discuten desde hace más de un siglo por el trazado de la frontera y por la pertenencia de poblaciones como Las Palmitas, también conocida como Palmita.

Allí hay una escuela con todas las identificaciones correspondientes a Catamarca, aunque estaría en territorio santiagueño. En el pasado se tomaban como referencias limítrofes las vías del ex Ferrocarril General Belgrano y el río Albigasta. Sin embargo, se necesita una determinación del Congreso Nacional.

La Ley 22.742, sancionada durante la última dictadura militar, pretendió fijar los límites a favor de Santiago del Estero, pero no logró resolver la controversia. La validez y legitimidad de la norma provocaron disputas políticas y legales, agravadas por la falta de una ley del Parlamento. En 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró “incompetente” ante una demanda de Santiago del Estero y planteó que los diferendos de ese tipo deben ser resueltos por los legisladores.

La indefinición afecta a los 160 habitantes de Las Palmitas o Palmita. Además de no saber a qué provincia pertenecen, afrontan dificultades concretas cuando se deben atender cuestiones de infraestructura, como los servicios y los caminos. Aunque una medida establecida en 1983, en los últimos días de la dictadura, favoreció a Santiago del Estero, Catamarca aprobó en 1989 una Constitución provincial que no reconoce esa ley.

La zona quedó en un limbo: la escuela, el destacamento policial y la posta sanitaria tienen identificación catamarqueña, mientras que en el trazado visible en Google Maps aparece del lado santiagueño, a cerca de 15 kilómetros de la frontera. Los habitantes, sin embargo, votan en las elecciones a las autoridades de Catamarca, como parte del municipio de Icaño, en el Departamento La Paz. ## La disputa entre San Juan y La Rioja por el límite cordillerano Otro foco de conflicto enfrenta a San Juan y La Rioja. La disputa se profundizó por la riqueza generada por la minería, en particular en el distrito Vicuña, bajo jurisdicción de San Juan y ubicado a 4.000 metros de altura.

Allí se establecieron los proyectos José María y Filo del Sol, con una inversión prevista de 18.000 millones de dólares para explotar cobre, oro y plata. Se trata de la inversión más grande de compañías extranjeras en el país. El reclamo, sin embargo, tiene una larga historia.

La frontera actual entre ambas provincias fue delimitada por el Decreto Ley N° 18.004, dictado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y luego ratificado mediante un acuerdo durante el último gobierno de Juan Domingo Perón, en los años ‘70. La norma asignó a San Juan extensas zonas estratégicas cordilleranas, en particular en el área de Ischigualasto. Durante años hubo protestas de La Rioja, pero el reclamo más fuerte fue planteado por el actual gobernador Ricardo Quintela.

El mandatario exige que se reconozca como riojano un territorio de unas 2.651 hectáreas cordilleranas, donde actualmente hay grandes proyectos mineros, especialmente de cobre. Quintela promulgó la Ley provincial N° 10.876 para desconocer esos límites, con el argumento de que surgieron de un gobierno de facto ilegítimo. También intentó frenar el tránsito logístico y la explotación en la zona.

El gobernador sanjuanino Marcelo Orrego y la Fiscalía de Estado de esa provincia rechazan la demanda riojana. La postura de San Juan sostiene que la delimitación fue ratificada por un acuerdo alcanzado durante un gobierno democrático, y cita lo ocurrido en el tercer mandato de Perón y un digesto del Congreso Nacional de 2014. Orrego considera que está demostrado que el territorio pertenece a San Juan, una definición que adquirió especial relevancia por los anuncios de inversiones millonarias en la alta cordillera.

En abril de 2026, Quintela volvió a reclamar y sostuvo que el “pecado original” se remonta al decreto de Onganía, que, según afirmó, le quitó siete zonas a La Rioja. Además, los camiones que trabajan en los proyectos mineros circulan por territorio y caminos riojanos para llegar a destino, mientras se buscan rutas alternativas para evitarlo. Mientras San Juan defiende la vigencia de la Ley 18.004, una jueza riojana ordenó suspender las obras por falta de un estudio de impacto ambiental en La Rioja.

La Policía de La Rioja llegó a cortar los caminos de acceso, lo que generó una respuesta de la Justicia de Sa Cada legislador provincial cuesta más de $1.500 millones al año: cómo está compuesto ese gasto y a dónde se destina.