La licitación de residuos en CABA reabre la disputa por la Ley Moyano

La próxima licitación del servicio de recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires volvió a poner en discusión el pago de indemnizaciones a los trabajadores del sector. La audiencia pública para analizar los pliegos se realizará de manera virtual el 5 de octubre y podría reactivar el conflicto entre el gobierno de Jorge Macri y el Sindicato de Camioneros, que reclama que se contemplen esos pagos cuando se renueven las concesiones para el período 2028-2038. Por ahora, la administración porteña no prevé pagar las indemnizaciones que el gremio de Hugo Moyano recibe desde los años 90 cada vez que se renuevan los contratos.

Los anteproyectos de los pliegos del servicio público de higiene urbana encendieron la alarma en Camioneros, cuyos dirigentes anticiparon que protestarán si las cláusulas no incluyen el pago al personal del sector dentro de casi 12 años. La preocupación del sindicato también está vinculada con el presupuesto de la Ciudad para 2027, que el jefe de Gobierno presentará en la Legislatura porteña. Los Moyano no tienen certezas de que allí se incluyan partidas para resarcir económicamente a los 6 mil trabajadores, aunque desde septiembre de 2028 y durante los siguientes 10 años conservarán su empleo en las mismas empresas o en otras similares que obtengan la licitación.

En discusión hay alrededor de 200 millones de dólares, el monto necesario para indemnizar a los recolectores de residuos porteños. El antecedente está en el último pliego licitatorio, cuyo vencimiento se prorrogó hasta septiembre de 2028. En el punto 3, denominado Régimen de Personal Operativo, se incluyó un apartado titulado “Indemnizaciones Finales”, que establece: “Al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores”. ## El origen de la llamada Ley Moyano El trasfondo del posible enfrentamiento es la aplicación de la denominada Ley Moyano.

Se trata de una norma no escrita que, desde 1998, le permitió al Sindicato de Camioneros conseguir que, cuando una empresa obtiene una concesión de servicios o cambia de accionistas, se despida e indemnice al personal para luego volver a contratarlo. Esa “ley” no tiene basamento jurídico, sino que se apoya en el poder de fuego del sindicato liderado por los Moyano. Su aplicación comenzó en 1998, con el fin del contrato de Manliba, y se afianzó durante la gestión porteña de Mauricio Macri, cuando impulsaba un proyecto político nacional.

En 2012, Macri promovió en la Legislatura de la Ciudad la aprobación de un bono por 220 millones de pesos para indemnizar a los recolectores de residuos ante cada cambio de concesión. Desde entonces, Camioneros consiguió imponer esa práctica en las municipalidades de Avellaneda y Moreno, ante nuevas concesiones para la recolección de basura, y en una distribuidora de la cervecería Quilmes y filiales locales de compañías internacionales como DHL y FedEx. La misma exigencia fue el eje del conflicto que se desató cuando el Grupo Narváez adquirió el supermercado Walmart, en marzo de 2021.

Camioneros bloqueó un depósito de la empresa para que aceptara despedir a 500 de los 718 empleados de su Centro de Distribución, pagarles la doble indemnización que regía en ese momento y volver a emplearlos. Finalmente, no hubo indemnizaciones, pero sí un acuerdo que contempló el pago de 227.576.922 millones de pesos a 477 trabajadores como gratificación extraordinaria. ## Antecedentes en la Ciudad de Buenos Aires El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta también enfrentó la presión del gremio. En 2022, cuando decidió estatizar el sistema de grúas, Pablo Moyano lo acusó de querer precarizar el salario de 500 trabajadores que realizaban tareas de grúas y remolques y de excluirlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

Aun así, el sindicato mantuvo las negociaciones con funcionarios de la Ciudad. El acuerdo estableció que los 500 empleados de las empresas Dakota y BRD pasaran a SBASE, la empresa del Estado porteño, y conservaran el mismo convenio laboral de Camioneros. Cada trabajador cobró una indemnización de hasta 4 millones de pesos, por un total cercano a los 2000 millones de pesos.

Jorge Macri heredó la “jurisprudencia” de la Ley Moyano establecida por sus antecesores del PRO. En mayo de 2024, Pablo Moyano amenazó con llenar de basura la Ciudad a partir de octubre si el gobierno porteño no indemnizaba a 6 mil trabajadores ante el próximo vencimiento de los contratos de recolección. La administración porteña respondió que los contratos se habían firmado en enero de 2014, con inicio el 1° de octubre de ese año y por un plazo de 10 años.

Sin embargo, en 2020 se suscribieron actas acuerdo que, según el texto citado por el Gobierno, “se prorrogaron los contratos por cuatro años contados a partir de la fecha del vencimiento contractual, operando el nuevo vencimiento el 30 de septiembre de 2028″. La prórroga fue impulsada por Rodríguez Larreta por las restricciones presupuestarias que provocó la quita de la coparticipación dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández, bajo el paraguas de la ley de emergencia económica porteña. Camioneros sostuvo que seguía vigente el contrato surgido de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13, que había otorgado a seis empresas la recolección de residuos en la Ciudad.

El gremio afirmó que también correspondía indemnizar a los trabajadores si los contratos se prorrogaban. ## El acuerdo de 2024 y el reclamo posterior Aunque el conflicto parecía inevitable, comenzaron las negociaciones. En octubre de 2024, el gobierno de Jorge Macri y Hugo Moyano llegaron a un acuerdo para evitar la disputa que se perfilaba. Camioneros dejó de insistir con el reclamo de indemnizaciones a cambio de una compensación para los empleados próximos a jubilarse y para quienes arrastraban problemas de salud desde la pandemia y no podían cumplir sus tareas, entre otros beneficios.

Un mes después, el entendimiento generó protestas en algunas empresas de recolección de residuos de CABA. En asambleas tumultuosas, los trabajadores cuestionaron el acuerdo entre el gremio y el gobierno porteño, que implicaba que no se pagaran indemnizaciones a los 6 mil empleados. En videos de una asamblea realizada en la empresa Cliba se registraron ataques verbales contra Pablo Moyano. “Pablito traidor”, dijo un trabajador ante una cámara.

También hubo discusiones entre los empleados y un delegado: “¿Vos me asegurás que en 2028 nos van a pagar? ¡Qué nos van a pagar!”. La rebelión de las bases de la rama de recolección de residuos llevó a Marcelo Aparicio, número 3 del sindicato, a difundir un extenso video para explicar la situación.

Allí calificó de “privilegio” la aplicación de la Ley Moyano a los trabajadores que se desempeñan en la Ciudad y reconoció que ese “beneficio que ha otorgado la organización gremial no existe en la ley”, aunque hasta entonces les había permitido “cobrar las indemnizaciones y mantener la antigüedad correspondiente”. El conflicto también se desarrolló en medio de la disputa entre Hugo y Pablo Moyano, iniciada a fines de 2021 por sus diferencias frente a la crisis financiera de la obra social. La rama de recolección de residuos, clave para el poder de Camioneros, se convirtió en escenario de esa pelea familiar: partidarios de cada uno intentaban aprovechar el malestar de los trabajadores para perjudicar al otro.

En ese contexto, Hugo Moyano apartó a su hijo del reclamo por las indemnizaciones y se puso al frente de las conversaciones con Clara Muzzio, vicejefa del gobierno porteño. El acuerdo final estableció que el sindicato aceptara que en ese momento no se aplicara la Ley Moyano. Sin embargo, la rebelión interna llevó a Hugo Moyano a reflotar en noviembre de 2025 el reclamo de indemnizaciones ante las concesionarias del sector.

Las empresas rechazaron el planteo, al igual que el gobierno de Jorge Macri. ## La nueva licitación y las dudas sobre el futuro La audiencia pública del 5 de octubre para analizar los pliegos de la próxima licitación amenaza ahora con reactivar la discusión. El sindicato, fortalecido por la reciente reconciliación entre Hugo y Pablo Moyano, ratificó que mantiene sus reclamos vinculados con la vigencia de la controvertida “ley”. La semana pasada, firmó un acuerdo por el traspaso de 50 trabajadores de DHL a Loginter que incluye el pago de indemnizaciones.

En la Legislatura porteña permanece, además, el proyecto presentado el año pasado por Facundo del Gaiso, de la Coalición Cívica, conocido como “Ley Anti Moyano”. La iniciativa establece que, si hay continuidad laboral en las empresas, el gobierno porteño no debe pagar indemnizaciones. Si se producen ceses, los pagos deben quedar exclusivamente a cargo de las compañías.

También contempla sanciones para los funcionarios que convaliden indemnizaciones con fondos del Estado. La nueva licitación vuelve a plantear interrogantes sobre la posición del gobierno porteño: si está dispuesto a desactivar el pago de las indemnizaciones y enfrentarse al sindicato, si esa decisión podría utilizarse como una herramienta electoral en un distrito donde los Moyano tienen muy mala imagen, o si buscará un acuerdo para evitar que las medidas de fuerza deriven en montañas de basura en las calles. En ese escenario, la disputa también pone en juego la solidez del poder de Camioneros.