Colombia: ocho muertos tras un bombardeo contra el Clan del Golfo en Antioquia
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que una operación militar en el municipio de Tarazá dejó ocho presuntos integrantes de la organización criminal muertos, entre ellos Haminton Mosquera, alias “Negro Perea”. Las fuerzas de seguridad secuestraron armas, minas antipersonal y equipos de comunicación. Se trata del octavo bombardeo ordenado por el mandatario desde el inicio de su gestión.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó la muerte de ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo durante un bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares en una zona rural del municipio de Tarazá, departamento de Antioquia, en el noroeste del país. Entre los fallecidos se encuentra Haminton Mosquera, conocido como alias “Negro Perea”, identificado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de la organización criminal.
La intervención, denominada Operación Nehemías, fue desarrollada por el Ejército Nacional con apoyo de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El operativo estuvo dirigido contra la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez, perteneciente al Clan del Golfo.
El mandatario dio a conocer los resultados preliminares el miércoles 11 de noviembre mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X. Allí confirmó el número de fallecidos y destacó que uno de ellos figuraba entre los diez jefes de organizaciones criminales considerados prioritarios por las autoridades colombianas.
“El resultado preliminar: ocho dados de baja, entre ellos Haminton Mosquera, alias ‘Negro Perea’, cabecilla principal de esta estructura, con más de 20 años de trayectoria criminal”, precisó el presidente.
La operación forma parte de la ofensiva militar que el Gobierno colombiano mantiene contra diferentes organizaciones armadas ilegales que actúan en el territorio nacional.
Quién era alias “Negro Perea”, el cabecilla muerto en el bombardeo
Haminton Mosquera, conocido como “Negro Perea”, era señalado por las autoridades como uno de los principales responsables de la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez, vinculada con el Clan del Golfo.
Según la información oficial, acumulaba más de dos décadas de actividad criminal y figuraba entre los diez cabecillas prioritarios para las fuerzas de seguridad colombianas.
Por información que permitiera su captura, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 2.018 millones de pesos colombianos.
Los investigadores lo identificaban como un subordinado directo de alias “Gonzalito”, otro de los principales mandos de la organización.
A Mosquera se le atribuía la coordinación y emisión de órdenes para cometer homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra integrantes de la Fuerza Pública.
Entre los hechos investigados se encontraba el asesinato de un patrullero ocurrido durante 2025 en el municipio de Tarazá.
Su muerte fue confirmada por el Gobierno colombiano como parte de los resultados de la intervención militar realizada en Antioquia.
Cómo se desarrolló la Operación Nehemías en Antioquia
El bombardeo fue ejecutado en un sector rural del municipio de Tarazá, donde las fuerzas de seguridad habían identificado la presencia de integrantes de la subestructura criminal.
La operación contó con la participación conjunta del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Los organismos intervinientes realizaron tareas de inteligencia y acciones militares orientadas contra un campamento utilizado por la organización.
De acuerdo con el informe oficial, la intervención terminó con ocho presuntos miembros del Clan del Golfo muertos.
Entre ellos se encontraba Mosquera, quien era considerado el principal cabecilla de la estructura alcanzada por el ataque.
Las autoridades indicaron que el objetivo del despliegue era afectar la capacidad operativa del grupo armado y desarticular una de sus estructuras territoriales.
Secuestraron fusiles, pistolas y minas antipersonal
Además de las ocho muertes informadas, las fuerzas de seguridad colombianas comunicaron el secuestro de armamento y materiales utilizados por la organización.
Durante las tareas posteriores al bombardeo se incautaron cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y diferentes equipos de comunicación.
El operativo también provocó la destrucción de un campamento que, según las autoridades, era utilizado para coordinar actividades criminales.
El material secuestrado quedó incorporado a las actuaciones correspondientes a la intervención militar.
El Gobierno presentó estos resultados como parte de las operaciones destinadas a reducir la capacidad de acción de las estructuras armadas ilegales.
El mensaje del presidente a los cabecillas de organizaciones criminales
Después de confirmar los resultados del bombardeo, Abelardo de la Espriella difundió un mensaje dirigido a los responsables de las organizaciones armadas que operan en Colombia.
El mandatario sostuvo que las fuerzas de seguridad continuarán con las operaciones contra los grupos vinculados con homicidios, extorsiones y ataques contra la población y las instituciones.
“A los cabecillas de estas organizaciones les advierto: no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos”, expresó el presidente.
La declaración acompañó la difusión de los resultados de la Operación Nehemías y ratificó la continuidad de la estrategia militar impulsada desde el Poder Ejecutivo.
De la Espriella asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto y, desde entonces, autorizó una serie de bombardeos contra diferentes organizaciones armadas ilegales.
El octavo bombardeo contra grupos armados desde agosto
La intervención en Tarazá constituye el octavo bombardeo autorizado por Abelardo de la Espriella desde el comienzo de su mandato presidencial.
Las operaciones anteriores estuvieron dirigidas contra integrantes del Clan del Golfo, las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Los despliegues se desarrollaron en distintos departamentos colombianos, con participación de organismos militares y policiales.
Entre los antecedentes se encuentra una operación realizada el 28 de octubre en el municipio de Nóvita, departamento de Chocó.
Aquel procedimiento, denominado Operación Oppenheimer, dejó siete presuntos integrantes del Clan del Golfo muertos y una persona capturada, según el balance difundido por las autoridades.
El nuevo ataque en Antioquia se suma a esa serie de intervenciones destinadas a combatir las estructuras armadas que mantienen presencia en distintas regiones del país.
La controversia por los menores muertos en operaciones militares
La continuidad de los bombardeos también generó cuestionamientos en Colombia por el riesgo de afectar a niños y adolescentes reclutados por organizaciones armadas ilegales.
De acuerdo con los antecedentes difundidos, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró al menos ocho menores de edad muertos en el marco de este tipo de operaciones.
Uno de los episodios que abrió el debate ocurrió a finales de agosto en el departamento de Guaviare, donde tres de las diez personas fallecidas durante un bombardeo eran menores.
Entre esas víctimas había dos adolescentes de 15 años y uno de 16.
La situación instaló una discusión sobre los procedimientos militares utilizados contra organizaciones que incorporan menores de edad a sus estructuras.
En el caso de la Operación Nehemías, el balance oficial inicial informó ocho muertos, pero no detalló las edades de todas las personas alcanzadas por el ataque.
Colombia mantiene la ofensiva contra el Clan del Golfo
El bombardeo en Tarazá representa una nueva intervención militar contra el Clan del Golfo, organización que mantiene estructuras operativas en diferentes departamentos del territorio colombiano.
Las autoridades identificaron como objetivo de esta operación a la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez, en la que Haminton Mosquera ocupaba una posición de conducción.
El resultado informado por el Gobierno incluyó ocho fallecidos, la incautación de armas y equipos de comunicación, y la destrucción de un campamento utilizado por el grupo.
La Presidencia colombiana ratificó que continuará desarrollando operaciones contra las organizaciones armadas ilegales.
Con la muerte de alias “Negro Perea”, el Gobierno informó que fue alcanzado uno de los diez cabecillas considerados prioritarios por las autoridades del país. La Operación Nehemías se convirtió así en el octavo bombardeo autorizado por De la Espriella desde agosto, en medio de la continuidad de la ofensiva militar y del debate por las consecuencias de este tipo de intervenciones.
