Acueducto Gran Tulum: imputaron a Uñac, Andino y otros ocho investigados
La Fiscalía detalló las acusaciones por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de la obra. El exgobernador, el diputado nacional y exfuncionarios de OSSE quedaron vinculados a delitos contra la administración pública. Julio Ortiz Andino, el undécimo investigado, todavía debe comparecer ante la Justicia.
La investigación judicial por las presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum registró un avance este miércoles 11 de noviembre, cuando el Ministerio Público Fiscal expuso las imputaciones contra diez de las once personas investigadas. Entre los acusados se encuentran el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, quienes deberán afrontar una investigación por presuntos delitos vinculados con la administración pública.
La audiencia se desarrolló en el Palacio de Tribunales de San Juan, ante la jueza de Garantías Mónica Lucero, después del cuarto intermedio dispuesto durante la jornada del martes.
El fiscal Sebastián Gómez, acompañado por los ayudantes fiscales Maximiliano Gerarduzzi y Adrián Elizondo, presentó las conductas atribuidas a los involucrados y las figuras penales que, según la hipótesis del Ministerio Público, corresponderían a cada uno.
Las acusaciones incluyen defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
La Fiscalía estableció diferencias entre los investigados según sus funciones durante las distintas etapas de contratación y ejecución de la obra.
Las imputaciones son provisorias y no constituyen una declaración de culpabilidad.
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Qué delitos le atribuyó la Fiscalía a Sergio Uñac
El exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac fue imputado por tres delitos: defraudación mediante administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
La Fiscalía le atribuyó esas conductas en carácter de autor y bajo la figura de concurso real.
Según la acusación, durante su gestión al frente del Ejecutivo provincial habría intervenido para permitir modificaciones o flexibilizaciones en los procedimientos administrativos y controles que facilitaron la participación de la empresa Krah América Latina S.A. en las licitaciones.
Además, los investigadores sostienen que el exmandatario habría tenido conocimiento de las deficiencias detectadas en las tuberías utilizadas para la construcción del acueducto y que, pese a esas observaciones, se permitió la continuidad de los trabajos.
Estos señalamientos forman parte de la hipótesis fiscal que deberá ser evaluada durante el proceso judicial.
Cristian Andino y las decisiones adoptadas durante su gestión en OSSE
El diputado nacional Cristian Andino también quedó alcanzado por una imputación que contempla tres delitos contra la administración pública.
La Fiscalía centró parte de su acusación en el período comprendido entre 2011 y 2015, cuando Andino ocupó la presidencia de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).
De acuerdo con la investigación, durante esa gestión se habrían modificado exigencias técnicas y mecanismos de certificación vinculados con las licitaciones del Acueducto Gran Tulum.
Los investigadores consideran que esas decisiones podrían haber favorecido la participación de Krah América Latina en los procesos de contratación.
Por estos hechos, Andino fue imputado como presunto autor de administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso ideal.
Los exdirectivos de OSSE que también fueron imputados
La acusación fiscal también alcanzó a distintas autoridades que estuvieron al frente de Obras Sanitarias durante las etapas de planificación, contratación y ejecución del proyecto.
Sergio Ruiz, presidente de OSSE desde diciembre de 2015 hasta principios de 2019, fue imputado por administración fraudulenta, incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
La Fiscalía le atribuyó participación en decisiones administrativas y en la elaboración de pliegos que presuntamente beneficiaron a Krah. Entre las actuaciones cuestionadas se encuentra la cesión en locación de un predio de 900 metros cuadrados en la planta potabilizadora de Marquesado.
Por su parte, Juan Carlos Caparrós, quien presidió OSSE entre febrero y diciembre de 2019, fue imputado por administración fraudulenta e incumplimiento de deberes de funcionario público.
En su caso, los investigadores sostienen que habría conocido los problemas técnicos de las cañerías y que no adoptó las medidas correspondientes. También cuestionaron su participación en una contratación directa de una consultora mendocina para analizar el proyecto.
Otro de los involucrados es Guillermo Sirerol, quien estuvo al frente de OSSE desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2023.
La Fiscalía lo imputó por administración fraudulenta e incumplimiento de deberes de funcionario público, al considerar que habría tenido conocimiento de los inconvenientes técnicos y participado en decisiones relacionadas con la continuidad del proyecto.
Entre los hechos mencionados figura la firma de un convenio con la unión transitoria de empresas encargada de la ejecución, en el que se reconocían deficiencias de la tecnología utilizada.
La acusación contra el representante de Krah América Latina
La investigación también incluye a Gustavo Mastelono, vinculado con la conducción de Krah América Latina S.A., empresa relacionada con la provisión de las cañerías utilizadas en la obra.
El Ministerio Público Fiscal lo imputó como presunto partícipe necesario de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Según la acusación, habría conocido las características técnicas de los productos ofrecidos por la firma y participado en gestiones para modificar condiciones de los procesos licitatorios.
La Fiscalía también cuestionó su intervención en la propuesta de una empresa destinada a supervisar trabajos de soldadura, debido a los vínculos que existirían entre ambas firmas.
Estos elementos forman parte de la investigación sobre las condiciones en las que se contrataron y utilizaron los materiales destinados al acueducto.
Funcionarios técnicos y jurídicos alcanzados por la investigación
La Fiscalía también presentó acusaciones contra otros cuatro investigados que desempeñaron tareas técnicas, administrativas y jurídicas vinculadas con OSSE.
Entre ellos se encuentra Caballero, quien integró el área jurídica del organismo y fue señalado por un dictamen que, según la acusación, habría permitido excluir a una empresa competidora de Krah.
También fue imputado Juan Antonio Sánchez, funcionario técnico que participó en la preparación de pliegos y en comisiones relacionadas con las licitaciones investigadas.
En tanto, Francisco Javier Correa, vinculado con tareas técnicas y de auditoría, fue acusado por su presunta intervención en procedimientos que no habrían advertido u objetado determinadas condiciones de contratación y posibles deficiencias de los materiales.
La lista incluye además a Rolando Vicente Caruso, quien trabajó en el área de proyectos de OSSE y habría participado en la incorporación de especificaciones técnicas cuestionadas por los investigadores.
En estos casos, las imputaciones contemplan presunta participación necesaria en administración fraudulenta e incumplimiento de deberes de funcionario público, según las responsabilidades atribuidas individualmente.
Julio Ortiz Andino deberá afrontar una audiencia por separado
Aunque la investigación comprende a once personas, durante la audiencia de este miércoles se expusieron las imputaciones correspondientes a diez.
El exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino no estuvo presente debido a un viaje previamente informado, por lo que su situación procesal quedó pendiente.
La Justicia deberá establecer una nueva instancia para que comparezca y pueda desarrollarse la formalización correspondiente.
Su ausencia ya había sido considerada durante la audiencia del martes, cuando la jueza Mónica Lucero decidió continuar con el procedimiento respecto de los demás investigados.
De esta manera, la causa avanzó con la comunicación de cargos a diez personas, mientras permanece pendiente la formalización del exfuncionario provincial.
Cómo comenzó la investigación por el Acueducto Gran Tulum
La causa se inició en diciembre de 2025, a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, relacionada con presuntas irregularidades en el desarrollo de la obra.
El expediente quedó bajo investigación de la UFI Delitos Especiales, con intervención de los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro.
Entre los aspectos investigados aparecen los procesos de licitación, las condiciones de contratación, la selección de las cañerías, los controles técnicos y las decisiones administrativas adoptadas durante distintas gestiones.
La investigación también contempla documentación vinculada con el financiamiento del proyecto, que incluyó recursos nacionales y préstamos internacionales.
Durante el avance de la causa se realizaron procedimientos en dependencias relacionadas con Krah América Latina, donde se secuestraron documentos y equipos informáticos para su análisis.
Qué ocurrirá después de las imputaciones
La audiencia de formalización representa una etapa del proceso penal destinada a comunicar los hechos investigados y las posibles responsabilidades que el Ministerio Público Fiscal atribuye a cada persona.
A partir de esta instancia, la investigación podrá continuar con las medidas procesales que correspondan y con la intervención de las defensas de los imputados.
La Justicia deberá evaluar los elementos incorporados al expediente y determinar si existen fundamentos suficientes para avanzar hacia etapas posteriores.
Por el momento, ninguno de los delitos atribuidos por la Fiscalía implica una condena, ya que las responsabilidades penales todavía deben establecerse mediante el procedimiento judicial correspondiente.
La causa del Acueducto Gran Tulum continuará con diez investigados que ya recibieron la comunicación de las imputaciones y con la situación pendiente del exministro Julio Ortiz Andino, quien deberá presentarse en una nueva audiencia.
