Investigan si se utilizaron fondos públicos argentinos en la fuga de Bolsonaro
La fiscal federal Paula Ochoa solicitó nuevas medidas de prueba para determinar si existió participación de funcionarios del Gobierno de Javier Milei en el traslado de Flávio Bolsonaro desde Brasil hacia Estados Unidos. La investigación está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y apunta al vuelo que partió desde Puerto Iguazú con destino a Miami.
La Justicia federal argentina busca determinar si se utilizaron recursos del Estado para facilitar la salida de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien abandonó su país y viajó hacia Estados Unidos a través de territorio argentino pese a las restricciones judiciales que tenía vigentes en Brasil.
La fiscal federal Paula Ochoa presentó este jueves 5 de noviembre un requerimiento de medidas de prueba ante la jueza María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado Federal N.º 5, con el objetivo de profundizar la investigación sobre el traslado del dirigente brasileño.
El procedimiento judicial apunta a establecer si se destinaron fondos públicos argentinos a facilitar el viaje y si existió alguna participación de integrantes del Gobierno nacional en su organización.
La causa se inició después de una denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el presidente Javier Milei. Posteriormente, la presentación fue ampliada para incluir a otros funcionarios y personas vinculadas con organismos estatales.
Por el momento, no se encuentra acreditado que se hayan utilizado fondos públicos ni se determinaron responsabilidades penales. Las nuevas medidas buscan obtener información que permita esclarecer las circunstancias del traslado.
La fiscal solicitó profundizar la investigación sobre el viaje
El nuevo requerimiento presentado por Paula Ochoa constituye un avance dentro de las actuaciones que se desarrollan en los tribunales federales de Comodoro Py.
La fiscal pretende determinar si el viaje del dirigente brasileño desde Puerto Iguazú hasta Miami contó con algún tipo de asistencia financiada mediante recursos del Estado argentino.
La investigación también deberá establecer si existieron gestiones realizadas por funcionarios nacionales para facilitar el traslado.
El expediente se concentra especialmente en el vuelo que partió desde el aeropuerto de Puerto Iguazú, en Misiones, después de que Bolsonaro ingresara a la Argentina desde Brasil.
La presentación de la fiscal se suma a las actuaciones preliminares que ya había dispuesto la jueza Capuchetti para reconstruir el recorrido del dirigente brasileño.
El objetivo es reunir elementos que permitan determinar si durante su paso por territorio argentino se cometió algún delito.
La Justicia pidió preservar las cámaras de seguridad de Puerto Iguazú
Antes del requerimiento de la fiscalía, la jueza María Eugenia Capuchetti había ordenado una serie de medidas destinadas a obtener información sobre el ingreso y la salida de Flávio Bolsonaro.
Entre ellas se encuentra la preservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad correspondientes a su paso por la frontera entre Brasil y Argentina.
Los registros solicitados incluyen imágenes del cruce fronterizo, los controles de Migraciones y el aeropuerto de Puerto Iguazú.
La documentación permitirá reconstruir el recorrido realizado por el dirigente brasileño desde su ingreso al país hasta el momento en que abordó el avión que lo trasladó hacia Estados Unidos.
También se busca determinar qué personas participaron de las distintas instancias del traslado y si existieron procedimientos especiales durante su permanencia en territorio argentino.
Estas medidas forman parte de una investigación preliminar destinada a esclarecer las circunstancias del viaje.
Cancillería y Seguridad deberán aportar información
La magistrada también solicitó información a la Cancillería argentina y al Ministerio de Seguridad sobre la situación judicial que tenía Bolsonaro al momento de ingresar al país.
El pedido apunta a establecer si las autoridades nacionales habían recibido alguna comunicación, alerta o restricción relacionada con el dirigente brasileño.
La medida adquiere relevancia porque Bolsonaro abandonó Brasil después de que la Justicia de ese país dispusiera una prohibición para salir del territorio nacional.
En consecuencia, la investigación argentina deberá determinar si existían comunicaciones oficiales sobre esa restricción y si habían sido informadas a los organismos encargados de controlar el tránsito fronterizo.
La información que aporten ambas dependencias será incorporada al expediente que tramita ante el Juzgado Federal N.º 5.
La denuncia contra Milei también alcanzó a Santiago Caputo
La investigación comenzó a partir de una presentación judicial realizada por Gabriel Solano contra el presidente Javier Milei.
Posteriormente, el dirigente del Partido Obrero amplió la denuncia para incluir al asesor presidencial Santiago Caputo.
Según la presentación, deberá investigarse el presunto papel de Caputo en la coordinación del viaje de Bolsonaro.
La ampliación también alcanzó a Jorge Omar Waisman, director de Seguridad e Información del Ente Binacional Yacyretá, y a Orlando Ignacio Palacios, asesor de la Secretaría General de ese organismo.
La denuncia busca determinar si estas personas tuvieron alguna participación en las gestiones vinculadas con la salida del dirigente brasileño.
Sin embargo, las acusaciones forman parte de una presentación judicial y no constituyen una prueba de responsabilidad penal.
Será la Justicia la encargada de establecer si existen elementos suficientes para avanzar contra alguno de los denunciados.
