Acueducto Gran Tulum: Andino deberá presentarse en Tribunales el 10 de noviembre
La jueza de Garantías Mónica Lucero volvió a rechazar el pedido de la defensa del diputado nacional para participar de manera virtual. La audiencia fue fijada para el martes 10 de noviembre, a las 14.30, y el legislador deberá concurrir personalmente a Tribunales.
La jueza de Garantías Mónica Lucero ratificó que el diputado nacional Cristian Andino deberá presentarse de manera presencial en Tribunales en la próxima audiencia vinculada con la investigación por el Acueducto Gran Tulum.
La magistrada volvió a rechazar el planteo realizado por los abogados Guillermo Toranzo y Federico Viola, representantes legales de Andino, quienes habían solicitado que el dirigente pudiera participar de la audiencia mediante Zoom debido a compromisos laborales.
De esta manera, la convocatoria quedó establecida para el martes 10 de noviembre, a las 14.30, y Andino tendrá que concurrir personalmente a Tribunales. Lucero consideró que los compromisos laborales expuestos por la defensa no justifican la realización de una audiencia virtual.
La defensa presentó distintos planteos contra la decisión
Además del pedido para que Andino pudiera intervenir mediante videoconferencia, sus abogados avanzaron con distintas presentaciones judiciales para cuestionar la negativa.
Guillermo Toranzo y Federico Viola promovieron un recurso de revocatoria, un planteo de nulidad y una apelación subsidiaria contra la resolución que había rechazado la modalidad virtual.
Sin embargo, la jueza Mónica Lucero mantuvo su decisión y ratificó la necesidad de que el diputado nacional se encuentre físicamente presente durante la audiencia prevista para noviembre.
El legislador integra la lista de personas citadas en el expediente que investiga el proceso relacionado con el Acueducto Gran Tulum, una obra hídrica cuya ejecución quedó bajo análisis de la Justicia provincial.
Quiénes son los citados y quiénes estarán a cargo de sus defensas
Dentro de la causa también quedaron definidos los abogados que representarán a las distintas personas convocadas.
Naser Uzair asumirá la defensa de Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, mientras que Fernando Castro representará a Gustavo Mastelono.
Por su parte, Mario Padilla y Claudio Correa patrocinarán a Juan Carlos Caparrós, mientras que Conrado Suárez Jofré y Jorge Olivera Legleu estarán a cargo de la defensa de Francisco Correa.
Soledad Lloveras defenderá a Julio Ortiz Andino y Franco Montes representará al juez Humberto Caballero.
En el caso de Cristian Andino, su defensa continuará a cargo de Guillermo Toranzo y Federico Viola.
Finalmente, Marcelo Fernández asumirá la representación legal del senador nacional Sergio Uñac.
Los exfuncionarios y dirigentes alcanzados por la investigación
La nómina de citados incluye al exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, al exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino y al diputado nacional y expresidente de OSSE Cristian Andino.
También aparecen entre los convocados otros exresponsables de OSSE: Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Carlos Caparrós.
La investigación alcanza además a Gustavo Fabián Mastelono, presidente de Krah América Latina; Humberto Caballero, actual juez laboral y exjefe del Departamento Jurídico de OSSE; y Juan Sánchez, funcionario vinculado al proyecto.
La lista se completa con Francisco Javier Correa, exgerente de Obras de OSSE, y Rolando Vicente Caruso, exjefe del Departamento Proyectos del organismo.
Qué se investiga en la causa del Acueducto Gran Tulum
La investigación se encuentra bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales y tuvo su origen en una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia.
El expediente es investigado por el fiscal Sebastián Gómez, quien analiza el proceso administrativo y licitatorio relacionado con el Acueducto Gran Tulum.
La obra fue ejecutada parcialmente durante el gobierno de Sergio Uñac, pero no fue terminada. En ese marco, la Justicia intenta determinar si existieron irregularidades en la contratación vinculada con los caños y tuberías adjudicados a Krah América Latina S.A.
En 2018 se realizó una licitación que fue ganada por esa empresa, cuyo apoderado era Gustavo Monti. De acuerdo con los datos incorporados a la investigación, se pagaron al menos 1.300 millones de pesos por las cañerías.
La Justicia también evalúa qué participación tuvo Monti, quien podría haber actuado como representante o intermediario local de la compañía alemana.
Dentro de las actuaciones aparecen además presuntas comisiones que habrían sido facturadas por la empresa PVC San Juan SRL.
Otro de los puntos bajo análisis está relacionado con la calidad de las tuberías colocadas. La investigación busca determinar si los materiales utilizados eran aptos para el transporte de agua potable y si los insumos empleados cumplían con las condiciones necesarias para el consumo humano.
El financiamiento de la obra y los montos bajo análisis
En diciembre de 2025, Marcelo Arancibia presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigara la licitación de la obra.
Entre los aspectos que se buscan establecer se encuentra la posible existencia de malversación de fondos, además de la calidad de los insumos utilizados y otras eventuales irregularidades vinculadas con el proyecto.
Posteriormente, en febrero de 2026, la provincia de San Juan se presentó formalmente en la causa como parte querellante.
Desde la actual gestión del gobernador Marcelo Orrego se estimó que la pérdida vinculada con los 10 kilómetros de caños que fueron instalados y posteriormente retirados representó una inversión de 50 millones de dólares.
La obra había sido licitada por un monto total de 200 millones de dólares.
Según los datos incluidos en la investigación, el financiamiento se estructuró en dos partes: un 50% mediante un préstamo internacional proveniente de Kuwait y Australia y el restante 50% con fondos aportados por el Estado nacional.
En paralelo, la provincia continúa afrontando obligaciones vinculadas con el financiamiento internacional del proyecto, mientras la Justicia busca establecer si durante el proceso administrativo, la compra de materiales y la ejecución del Acueducto Gran Tulum se produjo o no un perjuicio para el Estado.
La próxima instancia del expediente quedó fijada para el martes 10 de noviembre a las 14.30, cuando Cristian Andino deberá presentarse personalmente en Tribunales luego del rechazo de la jueza Mónica Lucero al pedido para intervenir de manera virtual.
