Rodríguez Saá acusó a Poggi de favoritismo, pero no presentó pruebas

## 🇦🇷 Política Nacional En San Luis, el gobernador Claudio Poggi quedó bajo presión luego de que el exmandatario y presidente del PJ provincial, Alberto Rodríguez Saá, lo acusara de favorecer a personas cercanas a su espacio político en la asignación de viviendas sociales. El cuestionamiento se produjo después de una nueva entrega de 81 decretos de adjudicación. Durante un discurso pronunciado el domingo 27 en la sede de Compromiso Federal, Rodríguez Saá sostuvo que las casas deben destinarse a quienes más las necesitan y no a quienes expresen cercanía política con Poggi.

La declaración apuntó directamente al criterio de distribución de una de las políticas centrales del Ejecutivo provincial. El planteo llegó un día después de que el Gobierno pusiera en marcha la construcción de 81 viviendas del programa Tenemos Futuro, distribuidas en más de 30 localidades. En el acto oficial, las familias recibieron los decretos que acreditan la adjudicación y la Provincia presentó la iniciativa como parte de la reactivación habitacional y de la generación de empleo local.

La acusación opositora no estuvo acompañada por una nómina de beneficiarios que presuntamente hubieran recibido un trato preferencial, expedientes objetados ni documentación que permita afirmar que hubo adjudicaciones irregulares. Por eso, el planteo constituye un cuestionamiento político al sistema administrado por Poggi, pero no una comprobación de un delito o de una maniobra individual. Según la información difundida por la Provincia, el procedimiento combina inscripción, cumplimiento de requisitos y sorteos públicos.

Entre las condiciones figuran la residencia provincial, la composición del grupo familiar, no tener otra vivienda y no haber recibido adjudicaciones anteriores. También se realizan controles que pueden excluir a postulantes, antes o después del sorteo, si los datos presentados no son válidos. En convocatorias previas, el Ejecutivo informó sobre la realización de sorteos y aclaró que obtener un número no convierte automáticamente a una familia en adjudicataria definitiva: luego se verifican los datos y las posibles incompatibilidades.

Ese diseño es la respuesta administrativa disponible frente a la acusación, aunque no sustituye el control de cada expediente en particular. Para las 81 unidades anunciadas, Poggi precisó que el pago comenzará una vez terminadas las casas. La cuota inicial será de 60.000 pesos y se actualizará cada seis meses según la evolución del índice salarial promedio del país.

El gobernador afirmó que el mecanismo busca sostener una “rueda” de financiamiento que permita impulsar nuevas construcciones.